Estado venezolano mintió durante el tercer EPU acerca de educación, libertad académica y derechos humanos
Durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) realizado a Venezuela por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno venezolano afirmó que el modelo educativo que se aplica en el país “asume como eje transversal el respeto a los derechos humanos, la igualdad y no discriminación y la promoción de la participación activa de la sociedad”, lo cual puede evidenciarse que es completamente falso a través de las denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Aula Abierta ha documentado que existe una política de Estado dirigida a acabar con la libertad académica, a través de la implementación de represalias contra universitarios, por expresar sus ideas críticas en torno a temas que resultan incómodos para el Gobierno.
En el 2017, al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente por publicar ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales o participar en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. Como muestra, Santiago Guevara, profesor de Economía de la Universidad de Carabobo (UC), estuvo más de 9 meses recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), luego de publicar un artículo sobre políticas públicas financieras en Venezuela, lo cual Aula Abierta documentó en su “Informe Preliminar: Ataques y represalias contra profesores y estudiantes universitarios en Venezuela (febrero-octubre2017)”.
Asimismo, el 25 de enero de 2019, en un contexto de persecución e imposición de autoridades en las universidades experimentales del país, Franklin Camargo, estudiante de medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG), fue expulsado arbitrariamente, luego de manifestar su postura contraria al gobierno, durante una clase donde su profesor promovía actividades de adoctrinamiento ideológico, como fue documentado en el “Informe preliminar: Violaciones a la Libertad Académica, autonomía universitaria y otros derechos de los universitarios en Venezuela”, de Aula Abierta.
Otro ejemplo de que en el país el modelo educativo no promueve la participación activa de la sociedad en el debate crítico, como afirmó el Estado venezolano en el EPU, es que en el marco de la pandemia COVID-19 profesionales de la salud que se han pronunciado sobre la incidencia del virus, fueron víctimas de amenazas y represalias por parte de autoridades gubernamentales, como ocurrió con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) tras la publicación de un informe científico sobre los datos oficiales de la enfermedad.
Control y miseria
El Estado venezolano también destacó durante el EPU que en 2017 se creó el sistema del Carnet de la Patria “como un mecanismo que permite incrementar la eficiencia y cobertura de las políticas de protección social a la población, con énfasis en los sectores más vulnerables”, agregando que “más de 21 millones de personas se encuentran registradas en el sistema” y “en promedio, 14 millones de personas reciben mensualmente asignaciones dinerarias a través del sistema”. Pero lejos de reducir la pobreza, este instrumento representa control político y miseria.
Desde su creación, el Carnet de la Patria es un mecanismo vinculado con el partido de gobierno y su implementación ha estado aunada a una serie de presuntos beneficios económicos y alimenticios. En junio de 2020, el ministro para la educación universitaria, César Trómpiz, indicó que la beca universitaria sería abonada mediante el sistema Patria, la cual puede ser retirada con el Carnet de la Patria, por un monto irrisorio que equivalía a un estimado de 1 dólar mensual.
Aunado a ello, estudiantes universitarios denunciaron que dicho carnet se utiliza para promover prácticas discriminatorias, pues quienes no lo posean, no pueden cobrar la beca, en un intento de obligar a las personas a registrarse en este sistema, en contra de sus ideologías y creencias.
Persecución
Por otra parte, el Gobierno de Venezuela dijo que reconocía y protegía “el trabajo desarrollado por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, así como el de los defensores de derechos humanos”. Sin embargo, entre el 2018 y 2019, al menos 15 universitarios fueron víctimas de represalias por parte del Estado venezolano, debido a su labor de defensores de derechos humanos de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general.
Un caso reciente ocurrió el 03 de julio de 2021, cuando Javier Tarazona, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), activista de derechos humanos y director de Fundaredes, fue detenido arbitrariamente con ocasión a sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la educación, así como sobre posibles incursiones de grupos armados en Venezuela.
Tarazona ya cumplió más de 200 días detenidos arbitrariamente, mientras miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad civil han exigido su liberación constantemente, con acciones como manifestaciones callejeras o protestas creativas.
Urgente respeto a las universidades
Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que revisaron documentos enviados por diversos organizaciones de la sociedad civil, denunciaron violaciones a la libertad académica, al tiempo que dieron algunas recomendaciones.
Eslovenia resaltó la importancia de proteger la autonomía de las universidades en Venezuela y recomendó el respeto a la libertad académica. En esa misma línea, Uruguay pidió que se tomaran medidas urgentes para garantizar el respeto a la libertad de expresión, cesar la intervención de las universidades y modificar el sistema paralelo universitario.
Por su parte, Francia expresó su preocupación por la falta de espacios democráticos en Venezuela y exigió la liberación de todos los presos políticos. Estados Unidos hizo lo propio: “Expresamos gran preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela realizadas por el régimen de Maduro”, dijo la delegación estadounidense sobre casos como el del profesor universitario Javier Tarazona.
Aplicarse las recomendaciones
Desde Aula Abierta agradecemos a los Estados que priorizaron a la libertad académica, el derecho a la educación de calidad y la liberación de presos políticos en sus recomendaciones, durante este tercer Examen Periódico Universal que se le realizó a Venezuela.
En ese sentido, exhortamos al Estado a aplicar las recomendaciones de manera inmediata por el bien de la nación, pues no hay futuro ni progreso posible sin universidades, por lo cual estas deben desenvolverse en un ambiente libre de restricciones para la producción de conocimiento científico y la participación en el debate crítico, como lo destacan los Principios Interamericanos sobre libertad Académica y Autonomía Universitaria, presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
