Más de 70 ONG advierten que aumento de la represión y persecución política restringe el espacio cívico en Venezuela

(Caracas, 31 de agosto de 2023). Las organizaciones que suscribimos el presente
comunicado rechazamos el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado
venezolano en el actual contexto pre-electoral. El patrón de persecución se ha materializado
a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la
participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene
las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país.

Solo durante el mes de agosto de 2023, 6 sindicalistas fueron condenados a 16 años de
prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo
por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Asimismo, el 15 de agosto la Sra.
Yosida Vanegas, madre del Sargento Juan Carlos Monasterios quien fue juzgado y
condenado por intento de magnicidio, fue detenida sin orden judicial en una alcabala y
desaparecida en el estado Táchira. Según la información difundida por sus familiares en el
momento, la señora Monasterios habría sido detenida en la alcabala para ser trasladada a
Caracas por una Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Por otra
parte, el día 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el enfermero y
dirigente José Cádiz frente a su casa, y el día 23 del mismo mes, el ancla de Globovisión
Seir Contreras fue despedido tras haberse expresado y cuestionado al diputado Ramón
Magallanes durante una entrevista. Delsa Solorzano, María Corina Machado y otros
candidatos han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en
diferentes estados del país a propósito de sus precandidaturas para los próximos procesos
electorales.

El Estado venezolano continúa avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y
la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por
ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos.
Vemos con preocupación el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase
preelectoral que suponemos pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales
venideros.

Lo anterior se suma a inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, a los actos de
intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la
participación política a través de elecciones primarias, junto con la intervención judicial de
asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido
Comunista de Venezuela. Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en
Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto
desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares
nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico
en el país.

La persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes
debe cesar. Es obligación del Estado, dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los
procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar,
sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos.

Para acceder al comunicado completo haz clic en https://defiendevenezuela.org/wp-content/uploads/2023/08/Comunicado-Aumento-de-la-represion-y-persecucion-politica-restringe-el-espacio-Agosto-2023.pdf