Universitarios de México, Nicaragua y Venezuela denunciaron ataques a la libertad académica en el continente
Representantes de universidades de México, Nicaragua y Venezuela se reunieron para denunciar los ataques y patrones de violaciones a la libertad académica y la autonomía en América Latina, en una rueda de prensa convocada por Aula Abierta este 17 de febrero, donde todos coincidieron en la necesidad de realizar más acciones por proteger a las casas de estudio superior de la región, sus miembros y la producción de conocimiento crítico y científico en general.
En esta ocasión participaron Cecilia García Arocha, Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y presidenta de la AVERU; Keta Stephany, Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (FAPUV); Ernesto Medina, en representación de los rectores de las universidades ilegalizadas en Nicaragua; el Sacerdote Filiberto Velázquez, Director del Centro Minerva Bello y vocero de escuelas rurales normales en México; Carlos Heredia Zubieta, profesor de la División de Estudios Internacionales del CIDE en Ciudad de México.
David Gómez Gamboa, profesor universitario y director de Aula Abierta, expresó que esta rueda de prensa tenía el interés de llamar la atención de la comunidad internacional ante los distintos ataques que estaban sufriendo las universidades, la libertad académica y la autonomía universitaria en todo el continente.
“Nos preocupa las violaciones a la libertad académica y la autonomía universitaria en la región, además de otros derechos que se correlacionan como la libertad de asociación, pensamiento y expresión, lo cuales están reconocidos en los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria, presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías especiales, presentados el 9 de diciembre”, expresó.
Gómez Gamboa resaltó con entusiasmo que “el continente americano ya cuenta con estos principios universitarios” e hizo un llamado a todos los académicos para que los apliquen y divulguen, con miras a defender la libertad académica y la producción de conocimiento científico y crítico.
Asfixia presupuestaria y salarios de hambre
Por Venezuela, García Arocha abrió la rueda de prensa señalando que la asignación de presupuestos, las amenazas y persecuciones políticas, además de las reformas legislativas malintencionadas, han atentado contra las universidades en Venezuela desde hace más de una década.
“La asfixia presupuestaria ha hecho que nuestras estructuras sean precarias, mientras nos intervienen con figuras arbitrarias creadas, como la de los protectores”, explicó. “Hemos recibido ataques de todo tipo quienes estamos al frente de las universidades autónomas de Venezuela”.
También resaltó que desde 2012, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha intervenido sistemáticamente en los procesos electorales de las universidades nacionales, para impedir la renovación de sus estructuras internas.
“Desde el 2012 la sala del Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido en los procesos electorales de las universidades, con sentencias que perjudican los procesos electorales, tanto de autoridades como estudiantiles”, comentó.
Por su parte, la Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), Keta Stephany, comentó que desde el año 2004 hay una tensa situación entre los profesores universitarios y el Estado.
Según Stephany, esas tensiones se deben al desconocimiento del Estado hacia las organizaciones gremiales agrupadas en la FAPUV, así como también la imposición de condiciones laborales que, hasta la fecha, han llevado a la “precarización del trabajo”.
“Desde el 2018 los salarios son casi iguales. Se aplanaron las tablas salariales”, indicó. “La asfixia presupuestaria a las universidades es un mecanismo de violación a la autonomía y control de las universidades”.
Para finalizar, advirtió que los bajos salarios del personal universitario está llevando la situación a un borde de cierre técnico de las casas de estudios superiores y también a la “destrucción de la carrera académica”.
Persecución y discriminación
En el caso mexicano, Carlos Heredia, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el gobierno mexicano pretende intervenir centros de investigación y universidades por su “pensamiento crítico”.
En ese sentido, Heredia explicó que la estrategia de intervención tiene tres elementos principales. El primero son la acusaciones de corrupción “sin fundamento, sin pruebas ni investigación para estigmatizar” a miembros de este sector.
“Son acusaciones que se hacen en los medios, que plantean que los académicos son corruptos, que hacen negocios personales, que lavan dinero, pero se promete mostrar investigaciones y pruebas que nunca llegan”, expresó.
El segundo punto es, según Heredia, “el escalamiento de las acusaciones mediáticas a las instancias criminales” y puso como ejemplo principal el hecho de que 31 investigadores del Foro Científico y Tecnológico fueran señalados por ser parte de la “delincuencia organizada”.
Sobre el tercer punto, indicó que es el de ponerle la “etiqueta” de “neoliberales” y “opositores” a los universitarios e investigadores científicos, intentado reducir su labor a la militancia política.
Asimismo, el sacerdote Filiberto Velázquez tomó su participación para hablar sobre las Violaciones a la educación de calidad en las Escuelas Normales Rurales de México y cómo se ha visto afectado especialmente en el contexto COVID-19, con la aplicación de exámenes de admisión “en línea” para estudiantes que en muchas ocasiones no tienen internet o equipos tecnológicos.
Velásquez resaltó la gravedad de esta situación, pues decenas de estudiantes se han visto perjudicado con el acceso a la educación de calidad por las diversas limitaciones que enfrentan.
Exiliados sin estudios
Ernesto Medina, expresidente del Concejo Nacional de Universidades de Nicaragua, habló en representación de los rectores de universidades recientemente ilegalizadas en este país, explicando que el Gobierno de Daniel Ortega no sólo se hizo con el control de las universidades públicas, sino que sancionó y “expropió” mediante leyes a universidades privadas.
Asimismo, habló sobre el origen de las protestas callejeras en 2018 que terminaron con el encarcelamiento de decenas de estudiantes y afirmó que, como consecuencia, el Estado de Nicaragua se ha dedicado a la persecución de estudiantes que tuvieron que salir del país sin su expediente académico, por lo que ahora se encuentran en otras naciones imposibilitados para seguir estudiando.
Patrones contra la libertad académica
Para cerrar, Gómez Gamboa dijo que el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Derechos Universitarios de Aula Abierta ha documentado patrones de violaciones al derecho a la libertad académica, la autonomía universitaria, la educación de calidad y derechos conexos en Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, entre los cuales resaltó: adoctrinamiento en el marco de la educación superior; marco legislativo vulneratorio de la autonomía universitaria; represalias contra académicos y centros de investigación por sus obras académicas y opiniones expertas; y universitarios como blancos específicos en contextos de restricción del espacio cívico.
En cuanto al tema del adoctrinamiento, recordó que en Cuba, la viceministra primera del Ministerio de Educación Superior declaró que toda persona que ocupe el puesto de profesor universitario en el país debe fungir como activista de la política revolucionaria del partido de gobierno, comparándolo con lo que ocurrió en Venezuela, donde el Plan de la Patria 2019-2025 prevé la docencia e investigación para la construcción del socialismo.
Sobre los ataques contra la autonomía universitaria a través de un marco legislativo violatorio, Gómez Gamboa afirmó que en Venezuela la Ley Orgánica de Educación de 2009 creó la figura del Estado Docente que asigna al Ejecutivo competencias de control sobre las normas y políticas de gobierno, ingreso y formación en las universidades; una figura que ha sido agravada por los Planes de la Patria (2013-2019/2019-2025).
Asimismo, señaló que en Cuba, desde la Reforma Universitaria de 1962 se estableció la base para la anulación de la autonomía universitaria y en Nicaragua durante el 2022 la Asamblea Nacional ha cancelado la personería jurídica a varias universidades críticas al gobierno.
Frente a la preocupación que esto representa, Gómez Gamboa expresó que “sin libertad académica y universidades no hay democracia ni desarrollo posible”.
