Academia de Venezuela espera que se priorice la libertad académica en el tercer Examen Periódico Universal de la ONU
Organizaciones de la sociedad civil, profesores, estudiantes y activistas enviaron información a la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal que se aplicará en Venezuela este 25 de enero, acerca de la crisis que enfrentan los universitarios y universitarias, evidenciando la necesidad de que se consideren como un grupo en condición de vulnerabilidad, al mismo nivel de los periodistas, políticos o defensores de derechos humanos.
Entre la información enviada por organizaciones académicas para este examen, que se le realizará a 12 Estados por parte del grupo de Trabajo del EPU, figura el “Informe: Violaciones de la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación superior en Venezuela“, realizado por Aula Abierta junto a 19 organizaciones, donde se recogen los siguientes patrones puntuales: represalias contra académicos por informes académicos y opiniones críticas; criminalización de la protesta; violaciones a la autonomía universitaria; y violaciones al derecho a la educación de calidad.
Sobre las violaciones a la libertad académica, se destaca que en 2017, al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente por publicar ideas críticas en contra de políticas públicas estatales o participar en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano.
Además, el 13 de mayo de 2020, en el marco de la pandemia COVID-19, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) fue amenazada por Diosdado Cabello, por la publicación de su informe científico sobre la situación del COVID-19 en Venezuela.
Asimismo, entre 2018 y 2019, al menos 15 universitarios fueron reprimidos por su labor de defensores de derechos humanos y el 03 de julio de 2021, Javier Tarazona, profesor de la UPEL, activista de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes, fue detenido arbitrariamente por denunciar violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo cual significa que este académico lleva más de 200 días de prisión arbitraria e injustificada.
Estos casos reflejan la vulnerabilidad a la que se enfrentan los universitarias y universitarias de Venezuela, mientras las universidades también han sufrido violaciones a su autonomía: desde el 2016, se han documentado al menos 6 casos de violación a la autonomía universitaria en Venezuela, por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), adscrito al Ministerio de Educación Superior, a través de decisiones que hostigan a las autoridades universitarias y/o ordenan la imposición arbitraria de éstas.
Por otra parte, el 2 de agosto de 2019, se recibieron denuncias de una solicitud de inicio de investigación penal al Ministerio Público contra los rectores de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), por parte del CNU, por pronunciarse en contra del actual gobierno venezolano; y desde el año 2010, al menos 50 decisiones judiciales han vulnerado la libertad académica y la autonomía universitaria.
Contra la libertad de asociación y sindical
En el “Informe: Violaciones a la libertad de asociación, expresión y derechos laborales de profesores y estudiantes universitarios en Venezuela“ , se evidencias diversas violaciones a la libertad de asociación y libertad sindical en Venezuela.
Asimismo, existe una violación generalizada de las normas sobre salarios y beneficios socioeconómicos de los profesores universitarios, que ganan en su mayoría salarios que están por debajo de los 10 dólares, lo que los ubica en pobreza extrema, según estándares internacionales.
Sin agua, sin luz, sin nada
En el informe “Violaciones al derecho al acceso al agua, energía eléctrica, gas doméstico, combustible, gestión de residuos sólidos y otros servicios básicos en Venezuela”, realizado por Aula Abierta, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y el Obervatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, se detalla cómo el Estado venezolano no ha garantizado acceso equitativo al agua potable, ni ha prestado de forma eficiente los servicios de energía eléctrica y gestión de residuos sólidos.
Al contrario, ha desarrollado una política de Estado negligente que evidencia un patrón de violaciones de derechos humanos, no sólo al acceso a los derechos de agua y saneamiento, sino además a otros derechos que resultan vulnerados al no prestar correctamente el servicio eléctrico, gas doméstico, combustible y la gestión de residuos sólidos, lesionando el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, todos ellos irrenunciables para el desarrollo.
En ese contexto, se solicita que se implemente de manera urgente políticas públicas que garanticen el goce de los derechos humanos al agua y saneamiento, los servicios de energía eléctrica y gestión de residuos sólidos.
Recomendaciones y aspiraciones
Desde Aula Abierta se espera que en este tercer Examen Periódico Universal que se le realiza a Venezuela, se mencione expresamente a la libertad académica en cualquier recomendación que haga el Grupo de Trabajo del EPU relacionada con la libertad de expresión y otras libertades fundamentales.
También se considera fundamental que se mencione la necesidad de otorgar un presupuesto universitario suficiente para el primer período académico del año 2022 y años siguientes, a fin de garantizar una infraestructura universitaria adecuada, así como salarios universitarios acordes a los estándares internacionales en materia del derecho al trabajo.
Asimismo, es pertinente que se solicite al Estado venezolano que se abstenga de implementar políticas públicas, legislación y/o medidas judiciales que afecten el ejercicio de la libertad de asociación, la libertad académica y otras libertades fundamentales en el marco de la educación superior.
Sin universidades no hay futuro ni democracia posible, por lo cual éstas deben desenvolverse en un ambiente libre de restricciones para la producción de conocimiento científico y la participación en el debate crítico, como lo destacan los Principios Interamericanos sobre libertad Académica y Autonomía Universitaria, presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
