Venezuela tendría universidades dignas sin el excesivo gasto militar
Las universidades públicas venezolanas han ido en decadencia durante los últimos años por culpa de la asfixia presupuestaria: rectores y actores universitarios, han sacado cuentas y se necesitan millones de dólares para recuperar plantas físicas, laboratorios y aulas de clases que garanticen una educación de calidad.
Por ejemplo, Judith Aular de Durán, rectora de la Universidad del Zulia, declaró en julio de 2020 para Aula Abierta que son varios los problemas que está sufriendo la institución y que los ha llevado a una crisis sin precedentes, para la cual necesitarían más de dos millones de dólares nada más para “recuperar” la infraestructura de esta casa de estudios.
Una situación similar se repite en la Universidad de Los Andes (ULA), donde el Director de Ingeniería y Mantenimiento, Jesús Omar Ruiz, en julio del 2020 determinó que también se necesita una inversión de más de dos millones de dólares para la recuperación de las instalaciones de la planta física de esta casa de estudios, ante el crítico deterioro sufrido en los últimos años, provocado principalmente por la falta de recursos suministrados por el Estado a las universidades públicas.
Otro caso es el de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Cagua, la cual reportó en agosto del 2021 que no tenía condiciones para continuar las clases presenciales y se necesitan, al menos, doscientos mil dólares para restablecer el funcionamiento del núcleo Armando Mendoza.
Estas dramáticas cifras incrementan con el pasar de los años en todas las casas de estudio superior, debido a la asfixia presupuestaria que crea mayores necesidades con el pasar del tiempo por la falta de mantenimiento, mientras de manera alarmante el Estado venezolano prioriza el financiamiento del Ministerio de la Defensa, sin transparencia e incluso sin justificación, pues Venezuela no es un país que se encuentre en un conflicto bélico, según el Derecho Internacional Humanitario.
En el Informe preliminar: Violaciones a la autonomía financiera de las universidades venezolanas y sus implicaciones en el derecho a la educación de calidad y la libertad académica (2004-2021), presentado por Aula Abierta, se detalla que en 2013 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa recibió un presupuesto alrededor del 42% más alto que el sector de la educación universitaria.
Asimismo, durante el año 2017 el Ministerio para la Defensa recibió recursos superiores a los del Ministerio para la Educación Universitaria: la defensa armada acogió 1,81% más a favor y en detrimento de la educación superior.
Ya para el 2018, el Ministerio de Defensa recibió créditos adicionales que fueron mucho más altos de lo asignado al sector educativo: les aprobaron hasta 35% más.
En el informe también se refleja que es injustificable que el presupuesto concedido al Ministerio de la Defensa sea mayor al de la Educación Superior y que la consecuencia principal de esta práctica sostiene es que hoy en día no hay presupuesto para la recuperación de las universidades.
Dramáticas cuentas universitarias
En el caso particular de la ULA, Jesús Omar Ruiz, Director de Ingeniería y Mantenimiento, en julio del 2020 afirmó que no recibía ayuda para el mantenimiento de la planta física desde hacía casi cinco años.
Explicó que la ULA recibió hasta el año 2012 algunos recursos de parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para atender el mantenimiento preventivo y correctivo; sin embargo, el Vicerrectorado Administrativo, a través del Concejo de Fomento, invirtió en el 2015 lo que fueron las últimas iniciativas hacia la universidad, por el agotamiento de recursos en los fondos que tenía la institución.
En LUZ, el director de administración de la Facultad de Ingeniería, Antonio De Turris, en septiembre del 2020, dijo que debido a los incidentes de inseguridad se habían registrado “cuantiosas pérdidas económicas que para nosotros sería difícil cuantificar”, pero que estaba seguro que “pasaba del millón de dólares tanto en materiales como equipos y daños a la propiedad”.
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/09/23/al-menos-un-millon-de-dolares-requiere-la-facultad-de-ingenieria-de-luz-para-recuperar-material-hurtado/
Por su parte, la Facultad de Ciencias de LUZ llevaba más de dos años sin cableado eléctrico, cuando su decana, Beatriz González, en noviembre del 2021, dijo a Aula Abierta que se necesitaban más de 120 mil dólares para “energizar desde la subestación” los módulos en Biología y también el edificio de Grano de Oro, con la “recuperación de lo que ha sido brequeras internas, brequeras principales”.
En el núcleo Armando Mendoza de la UCV, María Antonieta Esculpi, decana de la Facultad de Ingeniería de la UCV, en agosto del 2021, dijo a Aula Abierta que “no querían hablar de un cierre técnico”, pues estaban buscando “espacios donde puedan dictarse aquellas asignaturas que requieren de la presencialidad y mantener la carrera bimodal mientras se recuperan las instalaciones del núcleo”.
Pero agregó que para poner a funcionar el núcleo en condiciones mínimas, lo indispensable es la recuperación del cableado eléctrico, del agua y la seguridad. “Tenemos que elevar la pared perimetral del núcleo, resguardar muy bien el acceso al núcleo y dar condiciones de habitabilidad con los servicios básicos para que podamos tener vigilancia. Para llevar a cabo esas actividades, requerimos no menos de doscientos mil dólares y eso es lo que pudiese permitir el reinicio de actividades presenciales en las instalaciones”, reseñó Esculpi.
Violación a la Ley de Universidades
Los retrasos en la consolidación de los pagos en las universidades y el envío prioritario de fondos para el sector militar afectan duramente la actualidad de las casas de estudios superiores. En concreto, este acto comporta una violación al artículo 13 de la Ley de Universidades que obliga al Estado a asignar al menos el 1,5% de lo devengado a través del Producto Interno Bruto (PIB) al sector universitario.
Además, esta acción viola los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, presentados por la CIDH, cuyo Principio II dice que el presupuesto público debe observar la proporcionalidad necesaria para que todas las instituciones de educación superior puedan desarrollar sus actividades con igual autonomía.
