Mientras el Estado prioriza el sector militar, la educación universitaria se hunde
Durante años, el Estado venezolano ha incumplido su obligación de tomar medidas para lograr progresivamente la plena realización del derecho a la educación, aplicando una política de asfixia presupuestaria contra las universidades públicas que empeora con el pasar del tiempo. En paralelo, aumenta el gasto en armamento militar, a pesar de que Venezuela no se encuentra participando en ningún conflicto bélico, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario.
En el “Informe preliminar: Violaciones a la autonomía financiera de las universidades venezolanas y sus implicaciones en el derecho a la educación de calidad y la libertad académica (2004-2021)”, producido por Aula Abierta, se presenta un análisis de los presupuestos nacionales desde el año 2012 hasta el 2018, según el cual en al menos tres oportunidades le fueron otorgados recursos por montos más elevados al sector de la defensa para la compra de armamento militar o gasto de personal, frente a la asignación que le correspondió al sector universitario, que históricamente ha reflejando deudas en la continuidad de proyectos de investigación, pago de personal activo y jubilado, así como el mantenimiento de la infraestructura.
A juicio del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Guerra, los universitarios se ven obligados a depender de los créditos adicionales para su subsistencia: “Para el Gobierno, la educación universitaria no es prioritaria. Se ha aumentado en justicia, en finanzas, pero no en las universidades. El presupuesto ha venido disminuyendo por efecto de la inflación, y arranca con déficit”.
Un ejemplo de la priorización del sector militar frente al educativo, ocurrió en el 2013, cuando el Ministerio de del Poder Popular para la Defensa recibió Bs. 32.135.581.911, mientras que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria recibió la cantidad de 18.646.214.825 bolívares. Es decir, para ese año los gastos para la compra de armamentos y el pago de personal de cuerpos de seguridad recibió un monto 41,98% más elevado que el sector de la educación universitaria.
Prácticas arbitrarias contra el Parlamento
En el año 2015, tras un proceso de elecciones, la Asamblea Nacional obtuvo una mayoría de legisladores de los partidos de la oposición. Desde entonces, el presupuesto de la Nación fue aprobado ante órganos distintos del propio Poder Legislativo, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya práctica se extendió hasta que en 2020 se realizaron nuevos comicios electorales, donde la oposición se negó a participar por falta de garantías y el Gobierno ganó la mayoría de los escaños, de forma ilegítima.
Como inicio de aquella práctica arbitraria, en el año 2016 el presupuesto fue aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y durante los años siguientes por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.
Durante la aprobación de la Ley de Presupuesto de la Nación del año 2017, se visibilizó un nuevo episodio donde el Ministerio para la Defensa recibió recursos superiores a los del Ministerio para la Educación Universitaria: el gasto para armamento, operaciones, bases y personal arribó a Bs. 767.811.261.398, que representaba el 9,06% del total presupuestario a nivel nacional, frente al sector universitario destinados a la docencia, investigación e innovación que fue de Bs. 614.841.304.424, que representaba el 7,25% del total del presupuesto de la nación.
Esos montos asigmados se traducía en el 1,81% más a favor de la defensa armada y en detrimento de la educación superior, cuyo nivel educativo ya venía en picada, perjudicando tanto a los profesores universitarios al recibir salarios de hambre que desde hace años se ubican por debajo de los 10 dólares mensuales, así como a los estudiantes, quienes no han podido acceder a una formación de calidad.
Defensa por encima de la alimentación de los estudiantes
Para el presupuesto del año 2018, específicamente con respecto de los créditos adicionales aprobados por el gobierno, resulta preocupante observar que el Ministerio de Defensa estuvo entre los primeros cinco organismos que más recibieron recursos extrapresupuestarios: de acuerdo con los cálculos, entre enero y junio de 2018 al sector militar le fueron aprobados 11 créditos, que ascendieron a Bs. 36.131.051.079.471,30.
El monto que recibió en créditos adicionales el Ministerio de la Defensa, superó al presupuesto de la nación para 2018, que era de Bs. 36.102.059.000.000, esto sin contar que efectivamente fue aprobado ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, y no ante la Asamblea Nacional.
En ese año, para el Ministerio de Defensa se aprobó 35% más recursos extras que los asignados al entonces Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que para la fecha había obtenido Bs. 26.670.124.603.782.
Los fondos recibidos por el Ministerio de Defensa también estuvieron por encima de los destinados a entes descentralizados como la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. Resulta alarmante que para los gastos de los militares se haya destinado 110% más dinero que para la alimentación de los estudiantes, para lo que aportaron Bs. 17.137.328.872.974.
Priorizar la educación superior
Al menos desde el año 2008, ha existido una política estatal dirigida a generar un déficit presupuestario en las universidades públicas autónomas nacionales, agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU). Por ello, Aula Abierta solicita respetuosamente a los órganos internacionales de protección en materia de derechos humanos, realizar un llamado público al Estado Venezolano a cesar la política de asfixia presupuestaria, además de garantizar un presupuesto adecuado y suficiente para la educación superior a los efectos de lograr el disfrute pleno del derecho a la libertad académica y a una educación de calidad en la región.
Priorizar la inversión en la educación superior es esencial para garantizar el futuro de la nación, porque sin universidades, académicos, autonomía universitaria y libertad académica, no hay futuro ni democracia posible.
