Autoridades de LUZ acuden a Fiscalía acompañados de universitarios y sociedad civil
Tres autoridades de la Universidad del Zulia, cinco decanos y un representante de los egresados acudieron este miércoles al Ministerio Público en respuesta a la citación penal que recibieron por parte de funcionarios del Equipo de Respuesta Especial (ERE) el pasado 11 de febrero. Lo hicieron en compañía de estudiantes, profesores y sociedad civil, quienes mostraron rechazo a los ataques contra la autonomía universitaria con pancartas de mensajes de protesta y en un solo grito: “¡Fuera ministerio de la Universidad!”.
A pesar de que hubo fuerte presencia de militares a las afueras del ente público, no hubo hechos que lamentar. Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, afirmó que, aunque aún se desconoce el denunciante, los universitarios respondieron a dos vertientes: uno apuntaba a precisar si tenían conocimiento sobre el caso de la designación inconstitucional del profesor Clotilde Navarro por parte del CNU.
En el otro punto respondieron preguntas como: ¿Quién nombró a la Dra. María Artigas como Vicerrectora Administrativa? ¿Está usted de acuerdo con esta situación?
“Hoy es un día que pasará a la historia de la Universidad como un día oscuro. Se ataca al saber, a la pluralidad, a la academia, al conocimiento y al desarrollo”, expresó González. “Se quiere tomar a la fuerza a la Universidad del Zulia y se usan todos los mecanismos y recursos que se tienen para ello”.
“La nube se cierne sobre nuestra alma Mater: la nube del abuso, del atropello y de la fuerza. No hay duda que quieren tomarla a la fuerza. Sin embargo, las autoridades de LUZ no están solas, estamos los universitarios y la sociedad zuliana respaldando cada paso y cada acción. Porque LUZ somos todos”, agregó.
Aula Abierta, universitarios y organizaciones de la sociedad civil publicaron un reciente comunicado para rechazar los ataques contra la autonomía de LUZ y especialmente contra su Rectora (E), Judith Aular de Durán, sobre quien pesa una amenaza de prisión de hasta 15 meses si no acata el nombramiento ilegal de Navarro como Vicerrector Administrativo, que ha sido rechaza incluso por la Asamblea Nacional.
