Ministerio de Educación Superior violenta autonomía universitaria pretendiendo centralizar pagos de nómina

El pasado 15 de julio de 2019, el rector de la Universidad de los Andes (ULA), Mario Bonucci, informó mediante plataformas digitales que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) elaboró un sistema que pretende centralizar el pago de nómina del personal universitario “en aras de proteger al pueblo”, dotándose de atribuciones que son competencia propia de las universidades.

Por tal razón, el MPPEU solicitó con carácter de urgencia la entrega de una data relacionada con el pago de los sueldos y salarios del personal administrativo técnico, obrero y profesoral a través de una vía comunicativa informal.

Según el rector, el Ministerio le han exigido en reiteradas ocasiones la información para completar la data a los directivos de recursos humanos de la ULA, por lo que acusa que presuntamente se esté creando un sistema para pagarles, desde Caracas, a los empleados directamente a su cuenta bancaria. Asimismo, manifestó su descontento sobre la plataforma informal que usa el ministerio para compartir información y ante el abuso de quitarle por completo a las universidades su autonomía.

Por su parte la presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), Lourdes Ramírez de Viloria, en una rueda de prensa rechazó las acciones ejercidas por el Ministerio.

“Harán estimaciones y pagos dentro del sistema de registro y nómina de la administración pública, para así pagar la nómina desde Caracas, poniendo a los universitarios a depender del nivel central, esto es inadmisible” recalcó Ramírez.

A su vez, el Consejo Universitario de la ULA expresó que las comunicaciones deben estar dirigidas hacia el rector y el Consejo Universitario por los medios regulares, y no a los directivos de recursos humanos mediante un chat como lo hizo el Ministerio. Por ende, el Consejo aprobó dirigirse al Ministerio Educativo para solicitar información sobre el sistema y saber las razones de necesitar la data de los trabajadores, si a fin de cuenta es la institución encargada quien realiza los pagos a cada empleado.

Una universidad que se defina autónoma goza de autonomía financiera, académica, orgánica y administrativa, es decir que provee los pagos, elige sus propias autoridades y establece sus programas académicos. Sin embargo, estas facultades son cada vez más violentados en las universidades públicas del país.

Ciertamente, hasta febrero del 2017, las universidades públicas habían manejado y administrado el servicio de salud asistencial para su componente profesoral en el ejercicio de la autonomía universitaria. Sin embargo en marzo del referido año, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) anunció, a través de la Circular 000413, la creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (SISMEU) el cual sería planificado directamente por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Esta apropiación, unilateral y arbitraria, por parte del Estado venezolano de competencias propias de las universidades constituye una violación a la autonomía financiera prevista en el artículo 9 de la Ley de Universidades, la cual prevé la facultad de las universidades de administrar y gestionar su patrimonio sin intervención alguna. Además de constituir una violación a la autonomía de las universidades, representantes de las asociaciones de profesores universitarios han denunciado distintas irregularidades y deficiencias de este sistema, tal como se reseña en el “Informe Preliminar: Universitarios en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja venezolana” producido por Aula Abierta.

Asimismo, tal y como se advirtió en el “Informe preliminar: Deserción universitaria en Venezuela”, el MPPEU y la OPSU han fungido como los principales responsables en lo que respecta al mal funcionamiento o inactividad total de los servicios estudiantiles en las universidades. Autoridades de distintas casas de estudios han denunciado que los referidos órganos centralizan el suministro de insumos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de los servicios estudiantiles, registrándose como la regla la ausencia del suministro de estos insumos a las universidades por parte del MPPEUCT en periodos que ascienden hasta los 5 meses continuos. Debiendo recordarse que las universidades son sometidas a una asfixia presupuestaria general inducida por el Estado venezolano.