Bachelet en informe ONU: Ejecuciones extrajudiciales, torturas y demás violaciones a los DDHH en Venezuela
El miércoles 20 de marzo de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionado de los Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas, dio un informe de actualización sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe fue solicitado por el organismo de Naciones Unidas y fue presentado por Bachelet mientras un equipo técnico del Alto Comisionado de los Derechos Humanos realiza una visita in situ para verificar la situación que atraviesa Venezuela. Bachelet manifestó estar preocupada “por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”. De igual forma consideró como esencial que el equipo de la ONU en Venezuela tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos.
Bachelet denunció que en enero y febrero pasados, su oficina documentó “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos armados progubernamentales’, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”.
De la misma manera, indicó que se investigan 242 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, que habrían ocurrido hasta enero de 2019 siguiendo, al parecer, un patrón: “Ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”. La alta comisionada aseguró también que ha recibido denuncias de que la Fiscalía General se negó “explícitamente” a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES.
En otro sentido, se refirió a la situación en materia de libertad de expresión y aseguró que las autoridades “han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.
De igual forma, Bachelet señaló que “más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela” y manifestó su preocupación por el rápido deterioro de los servicios de salud. Condenando que “las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.
Por otra parte, indicó que el apagón ocurrido en días pasados “simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país” y sostuvo que esta situación, combinada con la hiperinflación, “genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
Sobre este informe del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU la ONG Pro Davinci preparo un reportaje con las 10 claves más resaltantes:
1. Desconocimiento de la crisis por parte de las autoridades. “Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes. Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas, se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”.
2. Inicio de la crisis y efecto de las sanciones. “Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
3. Denuncias de asesinatos durante la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
4. Restricciones a la libertad de expresión y prensa. “Me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información”.
5. Deterioro del sistema de salud. “El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud”.
6. Aumento de la exclusión escolar por la crisis. “Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país”.
7. Colapso de los servicios públicos. “La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
8. Criminalización de la protesta. “En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”.
9. Emigración masiva de venezolanos. “Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección. Muchas de ellas han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno (…) Aplaudo los esfuerzos que han realizado los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio”.
10. Necesidad de encontrar una solución pacífica a la crisis. “Es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos. Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país”.
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