Gobierno de facto en Venezuela vulnera la libertad de expresión e información y los derechos digitales desde múltiples frentes
Ataques a periodistas, bloqueos de páginas web, robo de datos y el colapso en los servicios de telecomunicaciones, forman parte de un patrón ejecutado por funcionarios e instituciones de estado, que violentan derechos humanos en espacios vitales como las universidades.
2019 inició con el recrudecimiento de las acciones del Estado venezolano, funcionarios, instituciones y grupos armados, en contra de la libertad de expresión y los derechos digitales. Periodistas, activistas, estudiantes, profesores, infociudadanos y medios de comunicación, han sido víctimas de ataques, amenazas, criminalización, intimidación, robos, detenciones arbitrarias, bloqueos, censura y episodios de desconexión.
De acuerdo a un reportaje publicado por El Pitazo el 16 de febrero, el recrudecimiento de la represión contra la libertad de prensa tuvo su momento alto durante el mes de enero, con bloqueos parciales a redes sociales como Instagram y Twitter, además de agresiones directas hacia periodistas. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, contabilizó al menos 40 casos de violaciones a la libertad de prensa, de las cuales 19 serían acciones contra corresponsales extranjeros, mientras que El Instituto prensa y sociedad (Ipys), contabilizó 59 agresiones.
Más de 15 periodistas han sido detenidos arbitrariamente en lo que va de año. Ipys registró bloqueos de páginas web por parte de CANTV, bloqueos momentáneos a Youtube, fallas para acceder a plataformas de Google, ataques DDoS (ataque de denegación de servicio contra el servidor de su página web) al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y a medios de comunicación, retiro por orden directa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de transmisiones de canales como 24 horas y casos de censura como ocurrió con Radio Caracol. 10 plataformas digitales han sido bloqueadas en la red venezolana entre enero y febrero de 2019. El Instituto resalta que “los bloqueos, contenidos falsos y robo de datos (como denunció el periodista Luis Carlos Díaz sobre la manipulación de la dirección de Voluntarios X Venezuela por parte de los proveedores de servicio de Internet del Estado, Cantv y Movilnet para que redirija a una página chavista camuflada que busca captar datos de voluntarios y vulnerar su privacidad), son la nueva forma de interceptar la red venezolana”.
“El 23 de febrero cerró con 21 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales en Venezuela que afectaron a periodistas y ciudadanos”, según IPYS Venezuela.
Un país desconectado
Usuarios de la empresa Inter y Movistar han reportado fallas en el servicio de internet y telefonía en los últimos días, que de acuerdo a los proveedores de servicios, se deben a “cortes de fibras que se han dado por vandalismo y reparaciones que están realizando debido al robo y quema de parte de su despliegue de Fibra Óptica”. El 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, se registró un cese de comunicaciones fijas y móviles por la caída del servicio eléctrico.
La penetración de Internet en Venezuela lleva tres años debajo del promedio latinoamericano, cuando en 2015 se ubicó hasta cinco por ciento por encima de la región. El país es una de las tres naciones con peor conexión a internet. De acuerdo con el Speedtest Global Index, en 2018 la nación ocupó el puesto 128 de 130, por delante de Argelia (129) y Yemen (130).
La navegación en Venezuela fue (en 2018), diez veces menor que la de Costa Rica, y estuvo por debajo a la calidad del servicio que ofrecen países como Panamá, Perú, Guyana, Colombia y Ecuador.
En su momento, el Instituto de Prensa y Sociedad señaló que “las condiciones con las que cuentan los ciudadanos en Venezuela son precarias, pues ejercen sus libertades en línea en el peor ecosistema digital de América Latina, en cuanto a calidad de acceso a internet”.
Política de estado en contra de los derechos humanos
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las garantías para la libertad información, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información pública, sin embargo, instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales han diseñado y ejecutado de manera discrecional una serie de leyes y decretos que restringen estas garantías fundamentales.
El colapso en los servicios de telecomunicaciones, que han presentado graves retrocesos durante las últimas décadas, tanto en cobertura de usuarios como en conectividad, afectan de manera dramática a los venezolanos. La falta de acceso a estos servicios, ha tenido graves repercusiones para las universidades. Estudiantes, profesores y empleados universitarios no cuentan con zonas de acceso libre a internet, perjudicando las actividades de estudio e investigación de las comunidades académicas y vulnerando el derecho a recibir una educación de calidad.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Aula Abierta, han manifestado su preocupación, exigencias al estado para que soluciones las problemáticas, investigue y sanciones a los responsables de la hecatombe, y recomendaciones para que se realicen los máximos esfuerzos para asegurar acceso a telefonía fija, móvil e internet en el territorio nacional, apoyando proyectos de inversión y expansión de la cobertura y modernización de las tecnologías de telecomunicaciones, implementando mecanismos idóneos y eficaces para investigar las denuncias y casos de hurto de cableado telefónico y fibra óptica en las comunidades.–
