Sociedad civil organizada manifiesta su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela para el restablecimiento del orden constitucional
Venezuela se encuentra sumergida en una crisis política, social y económica, donde la situación actual del gobierno venezolano se traduce en un gobierno de facto, es decir, un gobierno que ejerce un poder en la práctica, donde se remarca la inobservancia del principio de separación de poderes, el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la violación reiterada de derechos humanos por parte del Estado venezolano.
El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia en un comunicado en fecha 8 de enero de 2019 expresó que ‘‘la elección presidencial llevada a cabo el 20 de mayo de 2018 careció de legitimidad por haber sido realizada bajo procedimientos carentes de transparencia, siendo contrario al derecho interno venezolano y al derecho internacional al no garantizar los estándares mínimos para el efectivo ejercicio de los derechos humanos al sufragio y a la participación política’’.
Asimismo, distintos órganos internacionales se han pronunciado sobre la ruptura del hilo constitucional. En primer lugar, el Consejo Permanente de la OEA mediante Resolución 1078 de fecha 3 de abril de 2017 que declaró la alteración del orden democrático en Venezuela y en la Resolución 2929 del último período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA declaró ilegítimo el proceso electoral presidencial del 20 de mayo de 2018. En segundo lugar, en 2018 distintos informes producidos por órganos internacionales de derechos humanos alertaron sobre la grave situación de derechos humanos en Venezuela. El 12 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe sobre la ‘Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela. Por su parte, el 22 de junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela emitió el informe titulado ‘Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: Una Espiral Descendente que no parece tener Fín’’, acogido por el Consejo de Derechos Humanos en una resolución emanada en su 39vo período de sesiones celebrada entre el 10 al 28 de septiembre de 2018. Nuevamente, en fecha 9 de enero de 2019, la CIDH manifestó a través de un comunicado ‘‘el debilitamiento de la institucionalidad democrática ocurre en un contexto estructural de represión y persecución a la disidencia, en el marco de la militarización de la seguridad pública, que agrava el deterioro de los derechos políticos y a la participación en la vida pública, en estrecha relación con la afectación a la libertad de expresión’’
Aunado a esto, en fecha 13 de enero de 2019, funcionarios policiales del Estado venezolano detuvieron de forma arbitraria al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo cual se realizó violando sus derechos humanos, en total desconocimiento de su inmunidad parlamentaria consagrada por la Constitución en el art. 200, cuando se desplazaba a la realización de un cabildo abierto con la sociedad civil para la discusión de la ruta a seguir para la celebración de elecciones libres y democráticas. En este sentido, rechazamos cualquier acto de represalia en detrimento del Presidente en encargaduría de la República Bolivariana de Venezuela, Dip. Juan Guaidó y demás miembros de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional de Venezuela, único órgano electo por sufragio popular el pasado 6 de diciembre de 2015, aprobó la aplicación de los artículos constitucionales 233, 333 y 350 para el efectivo restablecimiento de la vigencia de la Constitución y acordó decretar una Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática para los funcionarios civiles y militares que hayan colaborado en la restitución del orden constitucional y el sistema democrático en Venezuela.
En virtud de lo anteriormente expuesto, Aula Abierta se une a otras organizaciones que han manifestado su apoyo a la Asamblea Nacional, exhortamos a dar cumplimiento de los mandatos y atribuciones establecidas en la Constitución Nacional, encaminadas hacia el rescate constitucional y al restablecimiento del orden democrático, respetando el principio de separación de poderes y los derechos humanos consagrados en el marco jurídico nacional e internacional.
