Cortes eléctricos generales de más de 36 horas afectan gravemente la calidad de vida de los zulianos.
Los habitantes del Estado Zulia padecen la restricción al acceso de los bienes y servicios públicos, especialmente el servicio eléctrico con los constantes cortes de electricidad. Los zulianos han podido reportar entre el 10 y 11 de agosto de 2018, más de 48 horas sin electricidad.
Diversas zonas se han visto afectadas y las razones de este nuevo apagón siguen siendo difusas y de amplio desconocimiento para los habitantes. Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, solo pudo ofrecer la siguiente información desde su perfil en twitter: “un evento inducido” provocó el apagón en la región zuliana.
Las declaraciones del ministro demuestra la ineficiencia por parte del gobierno venezolano para resolver la situación del servicio eléctrico que desde el año 2017 comenzó a manifestar sus fallas de manera más dramática.
Desde el sector El Milagro hasta Sabaneta y San Francisco, las protestas por parte de los vecinos se han evidenciado con la tranca de calles, manifestando el descontento y desespero por la falta de electricidad.
A todo esto se le suma una nube de desinformación creada por las interrupciones por lapsos intermitentes del acceso a los servicios de telefonía fija, móvil y de internet, transgrediendo el derecho de los ciudadanos a estar informados, negando así el derecho a la comunicación libre, contemplado en los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana. Por lo tanto, la capacidad de los ciudadanos para poder transmitir lo que sucede se dificulta debido a la propia crisis eléctrica que se vive en la entidad.
De esta forma, Aula Abierta condena las restricciones a las que los ciudadanos de la región zuliana se ven inmersos, y rechaza la incapacidad del Estado venezolano de prestar servicios públicos esenciales como la electricidad y otros como el agua, la recolección de la basura o el transporte.
AulaAbierta le exige a las autoridades nacionales, estadales y municipales el respeto absoluto e indeclinable de los derechos de los ciudadanos.
