Imputan nuevos delitos a estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) detenidos desde julio

Antecedentes

El 4 de julio, el juez Edgar Volcanes del Tribunal 5to de Control Militar imputó a 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) del estado Aragua, los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza, once de los detenidos fueron enviados a la cárcel El Dorado.

Condición de salud de los estudiantes detenidos

El 14 de agosto se conoció a través de las redes sociales que el estudiante José Saldivia, recluido en El Dorado desde el pasado mes de julio, presentó convulsiones. Al efectuarle los exámenes de rigor, se le diagnóstico paludismo. Para finales del mes de julio, el gremio médico alertaba sobre el incremento en más un 200% de los casos de malaria en el estado. Es necesario señalar que se han presentado manifestaciones en algunas poblaciones del estado, reclamando la falta de tratamiento en el Instituto de Malariología ubicado en San Félix.

Posteriormente, el 28 de agosto, familiares de Kevin Rojas informaron que también tenía paludismo, y que su condición era aún más delicada debido a la mala alimentación. En la misma nota de prensa se señaló que un tercer estudiante, Alex González, estaría presentando una sintomatología similar a sus dos compañeros.

El 9 de septiembre, el coordinador de Foro Penal Venezolano, sección Aragua, anunció que Enyer Matute era el cuarto estudiante Upelista que presentaba paludismo.

Durante más de un mes, familiares y abogados de los jóvenes recluidos en El Dorado informaron sobre las inhumanas condiciones de reclusión, la precaria alimentación, la falta de cuidados médicos necesarios y la ausencia de respuestas ante las denuncias sobre las condiciones de salud de los estudiantes, y solicitaron a las autoridades su traslado al Hospital Central de Maracay a fin de que recibieran el tratamiento debido.

Además de los 700 km de viaje desde Maracay hasta El Dorado, los familiares, a través de diversos videos, hicieron una petición de ayuda a la colectividad debido a los elevados costos que suponía llegar hasta la cárcel: un promedio de 600 mil bolívares por cada persona.

60 días después de que los jóvenes fueran recluidos en El Dorado, a pesar de la difusión masiva de la crítica situación de los estudiantes, ni el juez ni la fiscal habían hecho pronunciamiento alguno.

Acto conclusivo

El 31 de agosto, la fiscal militar Katiusca Ochoa Chacón, presentó el Acto Conclusivo donde solicita el sobreseimiento de la causa contra 22 de los estudiantes de la UPEL, en el mismo acto, la fiscal presenta acusación contra Alex González, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UPEL Maracay y Boris Quiñónez (ambos recluidos en El Dorado), Kenny Colmenares y Mitchell Sosa, recluidos en la cárcel 26 de julio, en San Juan de los Morros y Brigitte Herrada, a quien el tribunal le impuso arresto domiciliario .

El sobreseimiento implica la ausencia de pruebas suficientes para presentar acusación, y supone la liberación de los jóvenes. Sin embargo, el Tribunal se encontraba de receso judicial, por lo cual se debía esperar hasta el 8 de septiembre, fecha de la reincorporación del Juez Titular, para hacer efectiva la solicitud de la fiscal. Sin embargo, el 5 de septiembre el rector de la UPEL informó que dicha audiencia había sido diferida para el 27 de septiembre.

Imputan nuevos delitos

El día 14 de noviembre se conoció que no se realizó la audiencia de presentación de los estudiantes de la UPEL Alex González, Boris Quiñones, Michelle Sosa, Kenny Colmenares y Brigitte Heredia ya que no hubo traslado de los detenidos a la sede del tribunal en Maracay. Sin embargo, los abogados de los estudiantes fueron informados de que se les agrego un nuevo delito a los ya imputados por la Fiscalía anteriormente, que fueron detentación de material inflamable, rebelión e instigación, a los cuales la Fiscal Nacional 88 adicionó contravención de planes de ordenación del territorio y aprovechamiento de especies del patrimonio forestal, previsto en los artículos 38 y 71 de la Ley Penal del Ambiente, cuya pena es de 1 a 3 años de prisión.