Organizaciones civiles alertan ante la CIDH incremento de ataques contra la libertad académica y autonomía universitaria en Las Américas
Prensa Aula Abierta-. Durante la audiencia realizada en el 191° Período de Sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 12 de noviembre sobre libertad académica y autonomía universitaria, representantes de organizaciones civiles internacionales como la Coalición por la libertad académica en Las Américas (CAFA), Aula Abierta, Scholars at Risk, el Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN), entre otras, advirtieron que en los últimos años la región enfrenta graves retrocesos en la implementación de la libertad académica como derecho autónomo y por ello piden a la CIDH y a la comunidad internacional ayuda para lograr el respeto y reconocimiento.
A pesar de que los los Principios Interamericanos, aprobados por la CIDH en diciembre de 2021, enfatizan que las universidades deben ser espacios libres y autónomos, capaces de fomentar el progreso social y científico y modelar el ejercicio democrático que queremos para nuestras sociedades, en este último año la persecución y hostigamiento contra estudiantes y profesores universitarios se ha incrementado.
Persecución y asfixia presupuestaria en las universidades
Camilla Crosso, directora de CAFA aseguró que los ataques a los y las docentes vienen implicando graves sentimientos de miedo y aislamiento crecientes y advirtió sobre una “problemática de autocensura” que existe en la comunidad académica que debe ser mejor documentada, visibilizada y comprendida. Igualmente, lamentó la problemática de violencia sexual y de género en las universidades de la región, lo cual demanda atención urgente de las autoridades competentes de cada Estado.
Sobre los recursos presupuestarios que afectan a las casas de estudio, dijo que en Argentina a principio del año académico 2024, 60 universidades públicas protestaron los recortes y suspensión de fondos, y más recientemente otra movilización masiva contra recortes tuvo lugar, a raíz de un veto presidencial a la ley de financiamiento universitario del país. Agregó, que en Argentina el Consejo Interuniversitario Nacional señala que el 70 % de los salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de la pobreza.
En el caso de Brasil, destacó que movilizaciones de universidades federales ocurrieron a lo largo del año reclamando la necesidad urgente de recomposición presupuestal al sector, así como movilizaciones a nivel sub nacional, como el caso emblemático de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro en donde estudiantes hicieron paro de más de 55 días por los recortes presupuestarios destinados a apoyar la permanencia del cuerpo estudiantil en la universidad.
La libertad de expresión peligra en Las Américas
Jesse Levine, representante de Scholars at Risk, organización que hace seguimiento y documentación de ataques a la libertad académica en todo el mundo, reportó un gran aumento de incidentes en los últimos dos años.
Levine reveló que en Estados Unidos, en los últimos cuatro años, más de 30 estados han propuesto leyes que restringen los planes de estudios en las admisiones, la contratación y el despido, o la gobernanza universitaria; estas leyes se han aprobado en 8 estados, afectando a docenas de universidades. “En Estados Unidos, los gobiernos estatales han instalado a sus aliados políticos en puestos directivos de las universidades estatales, con la clara intención, y el efecto, de alterar el carácter mismo de las universidades, desde el plan de estudios estudiado hasta el propio alumnado”, dijo.
Tras los atentados del 7 de octubre en Israel, las protestas contra la respuesta israelí se registraron en las universidades de Estados Unidos. A menudo se produjeron enfrentamientos, en los que la policía utilizó a veces métodos de control de multitudes que incluían gases lacrimógenos y balas de goma balas de goma.
Levine denunció “numerosos casos de presiones políticas externas, directas e indirectas para que las autoridades universitarias respondieran a las protestas castigando la expresión no violenta en el campus, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores”
En este sentido, expresó su preocupación ante la falta de normas claras que regulen la expresión en el campus y que permitan a las autoridades universitarias proteger la libertad de expresión. “Este tipo de retos no se limitan a Estados Unidos. En Argentina, el Gobierno ha desplegado fuerzas de seguridad contra estudiantes y profesores que protestaban pacíficamente para proteger la autonomía y la financiación de las universidades públicas. En Perú, una universidad pública contrató a agentes de seguridad privados para intimidar a los estudiantes que protestaban, lo que provocó violentos enfrentamientos”, agregó.
Los Principios Interamericanos de libertad académica proporcionan a los Estados y a los agentes institucionales un marco poderoso para proteger la libertad académica, y más que eso, un camino desde los principales avances doctrinales que hemos hecho en los últimos años, para convertir la libertad académica en una realidad vivida en los campus y en las sociedades de todo el mundo.
Nicaragua representa uno de los casos más graves de represión estatal contra la comunidad académica
Nicaragua presenta uno de los casos más graves de represión estatal contra la comunidad académica en la historia moderna del continente. Para el Marco Aurelio Peña Morales, vicepresidente y director ejecutivo de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN) la criminalización de las y los estudiantes universitarios por ejercer su derecho a constituir organizaciones, su derecho de reunión pacífica, su derecho a expresarse libremente o su derecho de profesar un pensamiento político, ha causado uno de los éxodos más sonados de la región. En Nicaragua la emigración masiva, consecuencia de una severa fractura social, se estima en al menos un 10% de la población total. Según cifras disponibles, Nicaragua se acerca a los 7 millones de habitantes y presenta una composición demográfica predominantemente joven.
La cancelación y nacionalización arbitraria de una treintena de universidades privadas –de unas 50 que existían en el país– perjudicó a una población estudiantil de al menos 30,000 personas. Peña Morales afirma que el Estado nicaragüense es el victimario que atropella las libertades de pensamiento, cátedra y expresión, una estrategia deliberada para destruir todo vestigio de gobernanza democrática. Asimismo, revela que el esquema de cogobierno universitario devino gradualmente en una corrupción sistémica de todo el diseño institucional.
“Las universidades públicas han sido copadas de operadores políticos; son centros de espionaje y adoctrinamiento. Las aulas de clase son cajas de resonancia de la propaganda partidario-familiar del gobierno actual. La dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y del Centro Universitario de la Universidad Nacional, organizaciones leales al régimen sandinista que operan en nombre del estudiantado, ha sido corresponsable de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han documentado contra la academia desde 2018”, explicó.
El control absoluto sobre la educación superior no sólo evidencia una autocracia proclive al totalitarismo, sino la falta de certeza en la asignación presupuestaria a las universidades, así como la imposibilidad de hacer auditaje en la gestión de los recursos económicos. La reforma educativa bajó el nivel de competencia académica, abrogó el Consejo Nacional de Rectores y soterró el principio constitucional de autonomía universitaria, hechos que demuestran el agravamiento de la violación sistemática a la libertad académica como derecho humano.
Aumento de violaciones contra la libertad académica y autonomía universitaria
En este último año, a pesar de contar con los Principios Interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, las universidades en Las Américas siguen enfrentando graves restricciones y ataques contra los derechos universitarios.
Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, participó en la audiencia sobre la libertad académica este 12 de noviembre y denunció ataques por racismo, discriminación, persecución dentro de las casas de estudio. Por otra parte, lamentó la situación que enfrenta el periodismo en la región, una labor que, según su criterio, “sufre de violencia y presiones económicas” y es por ello que desde la academia se debe evaluar estos problemas que afectan a la colectividad. “En países donde se ha perdido el Estado de Derecho han desaparecido muchas universidades. Pero contamos con los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica los cuales debemos hacerlos respetar y defender”, agregó.
Universitarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela están en situación de extrema vulnerabilidad ante la violación de sus derechos humanos
Desde el Observatorio Latinoamericano sobre Libertad Académica, Autonomía Universitaria y otros Derechos de los Universitarios, la organización civil Aula Abierta ha identificado que los universitarios pueden ser considerados como un grupo en situación específica de vulnerabilidad en contextos de restricción del espacio cívico.
Ricardo Villalobos, coordinador de Investigación e Incidencia Internacional de Aula Abierta, señaló a Cuba, Nicaragua y Venezuela como algunos de los países donde persiste una política de Estado en contra de las universidades como instituciones y en contra de los universitarios de manera personal, entiéndase estudiantes, profesores e investigadores de la comunidad universitaria.
“En relación con los ataques en contra de las universidades, hemos podido documentar la creación de leyes dirigidas a limitar el ejercicio de la autonomía financiera, administrativa, de gobierno y académica de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, en Nicaragua la reforma a la Ley 89 sobre Autonomía Universitaria establece que el Consejo Nacional de Universidades, controlado por el partido de gobierno, tiene la atribución de nombrar las autoridades de las universidades en todos sus niveles. Estas leyes han generado un ecosistema para la implementación de prácticas de adoctrinamiento por parte del Estado”, explicó.
Igualmente, aseguró que desde Aula Abierta se ha documentado prácticas del Poder Ejecutivo donde se induce una insuficiencia presupuestaria a las universidades públicas, cuyas finanzas son dependientes de los recursos del Estado, como una represalia en contra de estas instituciones con ocasión a posturas críticas al gobierno manifestadas de manera institucional o como represalia por acciones de miembros de su comunidad universitaria, como la publicación de análisis técnicos críticos de políticas públicas gubernamentales o la participación de estudiantes en protestas antigubernamentales.
“Por ejemplo, en Venezuela el Ministerio de Educación Superior ha inducido una asfixia presupuestaria que ha generado un déficit del 99% del presupuesto requerido para operar. Esta ha sido una práctica sostenida en el tiempo al menos desde el año 2004. De igual forma, en los referidos países hemos documentado la existencia de actuaciones del Poder Judicial dirigidas a anular el ejercicio de la autonomía universitaria y el ejercicio de la libertad académica”, afirmó.
Aula Abierta ha documentado más de 50 decisiones en este sentido, donde se han suspendido actos de grado, revocado nombramientos de autoridades universitarias internas, desconocido los resultados de elecciones estudiantiles universitarias e incluso se ha obligado a las universidades a reformar sus normativas electorales para implementar un sistema que favorezca a candidatos oficialistas.
Persecución, hostigamiento y criminalización contra universitarios
En estos países también se ha registrado una política de Estado en contra de los miembros de la comunidad universitaria con ocasión al ejercicio de su labor académica y/o su participación en los asuntos públicos. Estudiantes y profesores universitarios han sido procesados y estigmatizados como “terroristas”, “traidores a la patria”, entre otros delitos.
En Venezuela, existen casos profesores universitarios judicializados en cuyos procedimientos se ha promovido como evidencia por parte de la Fiscalía documentos y materiales relacionados con el área de experticia académica del profesor y utilizados en su labor investigativa. De igual forma, en Nicaragua y Cuba se han documentado casos de despidos arbitrarios como represalia en contra de académicos que han generado investigaciones científicas o han expresado públicamente su opinión experta sobre la falta de idoneidad o el impacto negativo de estas políticas en la esfera de derechos de la ciudadanía.
También, se ha documentado que los universitarios han sido un grupo especialmente afectado durante las protestas. Cuando se analiza en estos contextos a otros grupos que se consideran en vulnerabilidad como los periodistas o defensores de derechos humanos, se observa de manera clara la persecución focalizada en contra de los universitarios.
“Por ejemplo, en Venezuela 31 universitarios fueron afectados en las protestas de 2024 mientras 14 periodistas fueron afectados en el mismo periodo. Los casos expuestos denotan un contexto de persecución por parte de las autoridades estatales en contra de los universitarios, donde son estigmatizados y retratados como enemigos del Estado, lo cual genera un contexto específico de vulnerabilidad que amerita una atención reforzada por parte de la ilustre Comisión en el monitoreo y manejos de casos para la mejor protección de derechos de esta comunidad”, enfatizó Villalobos.
Finalmente, destacó que los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son los contextos más hostiles, sin embargo, es importante mencionar que en diferentes niveles de intensidad y de sistematicidad, los y las universitarias enfrentan represalias en toda la región, en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, El Salvador, entre otros.
La necesidad de protocolos para prevenir la violencia de género en las universidades
Salvador Herencia-Carrasco, en representación del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. destacó que uno de los principales valores de los Principios Interamericanos es el reconocimiento de que las universidades son y deben ser un espacio libre de toda forma de violencia, especialmente la de género y contra mujeres.
Sin embargo, a pesar de existir un marco jurídico de la ONU e interamericano sobre la materia, las universidades no han implementado la adopción de protocolos para prevenir, tratar y sancionar a aquellas personas que realicen estos estos actos de acoso o violencia de género.
Este es un problema hemisférico. El profesor universitario denunció que, aproximadamente, 15% de estudiantes de universidades canadienses han sufrido una forma de violencia sexual. En el caso de violencia psicológica, este indicador sube al 79%. En el caso de América Latina, se estima que 4 de cada 10 estudiantes son víctimas de violencia de género. Considerando que menos del 10% de los casos de violencia sexual son reportados a las autoridades competentes, lamentablemente estas cifras son mucho mayores.
“En este caso, nuestras instituciones observan que es excepcional el número de universidades que cuentan con protocolos u oficinas para el tratamiento de la violencia de género. Y en el caso de las universidades que cuentan con dichos protocolos, su implementación es deficiente, sea por falta de recursos, por falta de personal calificado o voluntad para investigar. Esto lleva a que las víctimas de violencia de género tengan temor a denunciar estos casos o, en el peor de los casos, tengan que exponer su integridad física al grabar los actos de acoso y violencia sexual sufrida pues al denunciar, lo primero que se ataca es la credibilidad de la víctima”, sostuvo.
El Doctor en Filosofía reiteró que le corresponde a las universidades adoptar las normas y políticas necesarias para lidiar con esta forma de violencia. “Lo que observamos en los pocos casos que llegan a ser judicializados es la indefensión de las víctimas. La primera consecuencia es que la denuncia de violencia de género se convierte en un problema individual y no en un tema institucional. En casos que hemos acompañado en Colombia, Ecuador o Perú, la víctima debe costear su propia defensa y presentar su caso en un ambiente hostil”, detalló.
Herencia-Carrasco reiteró que las implicancias que esta falta de respuesta efectiva por parte de las universidades tiene en estudiantes y profesoras deja distintos efectos. “Ninguna persona puede desarrollar su labor de enseñanza o investigación en un ámbito que se sienta segura. Reconociendo la brecha de género que existe en las Américas con respecto a puestos directivos o de profesorado permanente, participar en estas denuncias tiene un impacto permanente en el desarrollo académico y profesional de estudiantes y profesoras.
Agregó que esta violencia se manifiesta a nivel institucional, con el despido de profesoras e investigadores en temas de género o la suspensión y/o cancelación de becas, fondos o programas de género. “Esto va en contra de lo establecido en los Principios Interamericanos que enfatiza en la importancia de educación en derechos humanos como medio para lograr una plena libertad académica. En este sentido, nuestras organizaciones respetuosamente solicitamos a la CIDH y sus relatorías a incluir recomendaciones a Estados y universidades a la plena implementación de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica, incluyendo la prevención, tratamiento y sanción de toda forma de violencia contra la mujer y de género”, concluyó.
