Costa Rica: Libertad académica en riesgo: recortes financieros a universidades públicas ponen en jaque la calidad de la educación superior

Fuente: Página web de la Universidad de Costa Rica

Durante el primer semestre de 2025, el sector de educación superior en Costa Rica sufrió significativas tensiones presupuestarias y continuos debates legislativos que impactaron directamente la política educativa. El Ejecutivo Nacional, defendió públicamente recortes sustanciales al presupuesto de educación, una declaración que se contrapuso directamente a las demandas del l Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en representación de las universidades públicas, las cuales consideraron el aumento de fondos como esencial para mantener su capacidad operativa y abordar necesidades educativas críticas.

Desde el 2020, Aula Abierta ha documentado denuncias de parte de la comunidad universitaria en Costa Rica que han alertado sobre el presupuesto insuficiente para abordar las necesidades de investigación, docencia¹, de beneficios de estudiantes²,  infraestructura y extensión de la comunidad universitaria, lo cual afecta la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad.

La libertad académica y la autonomía universitaria son principios fundamentales en Costa Rica, consagrados de forma explícita o tácita en su marco legal. El Artículo 84 de la Constitución Política costarricense otorga a las universidades públicas seis atributos claves relacionados con su autogobierno en aspectos académicos, docentes, de investigación científica y financieros.³ Estos principios se consideran indispensables para que las universidades contribuyan eficazmente al bienestar ciudadano, la equidad y la justicia social.

A nivel internacional, la libertad académica es reconocida como un derecho humano independiente, intrínsecamente vinculado a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la educación, la reunión y la conciencia, todos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Particular relevancia tienen los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las implicaciones de la presión fiscal contra las universidades van más allá de las restricciones financieras inmediatas. Compromete la calidad de la educación superior al limitar la inversión en infraestructura, equipamiento y programas académicos innovadores.⁴ También restringe el acceso para estudiantes, especialmente aquellos de entornos desfavorecidos, al reducir las becas y la capacidad de matrícula.

Impacto de recortes presupuestarios y negociaciones del FEES en Costa Rica

El 31 de agosto de 2024, el presidente Rodrigo Chaves defendió explícitamente un recorte significativo de ₡18.000 millones al presupuesto de educación para 2025 durante su gira por Limón, afirmando que los recursos estatales son “finitos” y cuestionando la solicitud de los rectores de las universidades públicas de un aumento adicional de ₡23.000 millones para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).⁵El presupuesto total asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) para 2025 asciende a ¢2.58 billones, una cifra considerablemente inferior al 8% del PIB constitucionalmente establecido para la educación.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ha abogado  enérgicamente desde el 2024 por un aumento del 4.06% en el FEES para 2025 ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Este porcentaje específico se consideró crucial para que las universidades públicas recuperaran el poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años y para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema universitario estatal. CONARE destacó que la proporción del presupuesto universitario en relación con el PIB nacional ha disminuido constantemente, pasando del 1.49% en 2017 al 1.17% en 2024.⁶

Los argumentos a favor de un mayor financiamiento se centraron en el profundo impacto social de las universidades públicas, señalando que atienden a más de 136,000 estudiantes, con una mayoría significativa (82%) proveniente de colegios públicos, y una gran proporción beneficiándose de becas socioeconómicas.CONARE también detalló seis áreas críticas donde un aumento del FEES es esencial: fortalecimiento de programas de becas, ampliación de la capacidad de matrícula, mejora de la cobertura y condiciones en las regiones, actualización de infraestructura y equipamiento, impulso de la oferta académica en carreras de alta demanda laboral, y apoyo a los esfuerzos de recuperación de aprendizajes para abordar brechas educativas estructurales⁷.

En cuanto a los superávits reportados por las universidades y una posible contradicción con la necesidad de aumentar el presupuesto universitario, CONARE aclaró que estos fondos a menudo ya están comprometidos con proyectos de inversión específicos y plurianuales (por ejemplo, desarrollo de infraestructura, adquisición de equipo científico) y están sujetos a la Regla Fiscal, por lo que no representan recursos ociosos.La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, respaldó la posición de las universidades, reconociendo mejoras en su transparencia y rendición de cuentas. También estableció una correlación directa entre la baja inversión en educación y el declive en el rendimiento estudiantil en evaluaciones internacionales como PISA, sugiriendo la necesidad de duplicar la inversión por estudiante para alcanzar los niveles de la OCDE. Además, aclaró que un aumento en el presupuesto del FEES no implicaría necesariamente una reducción de fondos para escuelas y colegios, ya que la Asamblea Legislativa tiene la autoridad para determinar las fuentes de financiamiento.⁸

Finalmente, un acuerdo para fortalecer el FEES para 2026 se alcanzó el 9 de julio de 2025 entre las universidades estatales y el gobierno.Este acuerdo fue descrito públicamente como el resultado de un proceso de diálogo respetuoso y constructivo, enfatizando la importancia de invertir en la educación pública para el desarrollo de Costa Rica. Si bien este acuerdo es positivo para el año siguiente, el impacto inmediato de los recortes presupuestarios de 2025 y las negociaciones en curso siguen siendo centrales para el período de enero a julio de 2025. Sin embargo, el 13 de agosto de 2025, la Sala Constitucional de Costa Rica declaró que el artículo 78 de la Constitución Política, que fija en un 8% el presupuesto que el Estado debe destinar a la educación pública, debe hacerse pevalecer y ser reafirmada por el propio Tribunal, trayendo como consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto anual del 2023 debido al incumplimiento del mencionado artículo 78.⁹ En el mismo acto, pidió al Ejecutivo Nacional no incurrir de nuevo en la misma falta, por lo que la falta de un presupuesto equivalente al 8% del PIB costarricense para el 2025 debe ser entendido como inconstitucional.

Desde Aula Abierta se han recibido denuncias sobre la presión financiera sobre las universidades públicas en Costa Rica, lo cual representa un desafío fundamental para su capacidad operativa y autonomía. La presentación del FEES como porcentaje del PIB a lo largo del tiempo demuestra una despriorización sistemática de la financiación de la educación superior pública en el presupuesto nacional. Esta tendencia no solo desafía el mandato constitucional, sino que también afecta directamente la capacidad de las universidades para cumplir su misión, lo que incide en el derecho a la libertad académica, el derecho a la educación de calidad y en la autonomía financiera derivada de la autonomía de las instituciones de la educación superior. La asfixia presupuestaria a largo plazo del apoyo financiero podría tener profundas implicaciones para el desarrollo nacional, la capacidad de investigación independiente y la movilidad social, marcando un alejamiento de la inversión pública robusta en conocimiento y capital humano.

Potencial impacto en la libertad académica y la calidad de la educación

Los debates presupuestarios y los recortes generalizados denunciados, representan inherentemente una amenaza significativa e indirecta a la libertad académica y su atributo de la libertad de investigar. La defensa del FEES por parte de CONARE destaca explícitamente la necesidad de fondos para la “mejora de la infraestructura y equipamiento” y para “Impulsar la oferta académica en carreras de alta demanda laboral”¹⁰, ambos fundamentales para actividades de investigación sólidas.

Criminalización de la protesta universitaria relacionada con la crisis presupuestaria

Aula Abierta ha recibido denuncias sobre preocupantes prácticas de criminalización de la protesta universitaria relacionada con la crisis presupuestaria en Costa Rica. En noviembre de 2019 cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica fueron detenidos en el marco de protestas por la defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de las universidades públicas. Se les acusó de “obstrucción de vías públicas” y fueron judicializados por 6 años.¹¹ Este caso avanzó a pesar de un fallo de la Sala Constitucional de 2023, en donde se establecieron lineamientos claros de interpretación del artículo 263 bis del Código Penal relativo al delito de “obstrucción pública” y que determinó que no puede ser utilizado para criminalizar la protesta pacífica. Estos estudiantes permanecieron judicializados por un periodo de 6 años, recibiendo una decisión absolutoria el 7 de mayo de 2025.

A pesar de los fallos positivos por parte de la Sala Constitucional y el tribunal de instancia, es condenable que la representación del Ministerio Público haya decidido sustanciar un procedimiento penal en contra de los estudiantes que ejercen su derecho legítimo de participar en la discusión de los asuntos de interés para el sistema de educación superior y la sociedad costarricense. Esta conducta puede ser entendida como un acto de criminalización de la protesta pacífica, especialmente a la luz de un fallo de la Sala Constitucional en contra de ello y los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica, generando un efecto disuasorio significativo en el activismo estudiantil que puede desincentivar la participación futura, socavando así un aspecto fundamental de la libertad académica y la participación democrática dentro de la universidad.

Llamado a la acción al Estado y desafíos pendientes

Desde Aula Abierta se hace un enérgico llamado a las autoridades de Costa Rica para abordar la situación entendiendo la relación intrínseca de la libertad académica con la democracia y el desarrollo, y ponderando que los hechos documentados de enero a julio de 2025 reflejan desafíos multidimensionales y significativos para la autonomía universitaria, la libertad académica, el derecho a la educación de calidad y la protesta pacífica de los universitarios.

Las presiones fiscales, manifestadas en los recortes presupuestarios defendidos por el gobierno y la disminución histórica de la participación del FEES en el PIB, representan una amenaza sistémica a la sostenibilidad y calidad del sistema universitario público, lo cual debe ser atendido con prioridad. Esta situación no solo compromete la capacidad operativa de las universidades, sino que también limita su potencial para las actividades de formación y la investigación científica, lo que tiene implicaciones a largo plazo para el progreso socioeconómico del país.

Asimismo, la judicialización de estudiantes que manifesten por el respeto de un presupuesto justo para la educación superior, no sólo violenta la esfera de derechos individuales de las personas detenidas, puede generar un efecto inhibidor en la comunidad universitaria en cuanto a su participación de la discusión de los asuntos públicos, especialmente aquellos relacionados con la educación superior en Costa Rica. Las prácticas analizadas, reflejan una violación del marco legal costarricense y la violación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, específicamente los principios I y II de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria  de la CIDH.

1. INFORME PRELIMINAR: VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE COSTA RICA ANTE PROPUESTA DE LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. Disponible en: https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/04/INFORME-COSTA-RICA.pdf ↩︎
2. RESUMEN EJECUTIVO: ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS OTORGADOS A ESTUDIANTES BECADOS POR RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) COMO UNA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD. Disponible en: https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/05/A.A.L-R.E.-ELIMINACI%C3%93N-DE-BENEFICIOS-OTORGADOS-A-ESTUDIANTES-BECADOS-POR-RESTRICCIONES-PRESUPUESTARIAS-A-LA-UCR-COMO-UNA-VIOLACI%C3%93N-AL-DERECHO-A-LA-EDUCACI%C3%93N-DE-CALIDAD.docx.pdf ↩︎
3. Autonomía Universitaria – Universidad de Costa Rica, acceso: agosto 6, 2025, https://www.ucr.ac.cr/autonomia/ ↩︎
4. CONARE defiende en Asamblea Legislativa que el FEES 2025 …, acceso: agosto 6, 2025, https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2024/09/20/conare-defiende-asamblea-legislativa-fees-2025-retome-poder-adquisitivo ↩︎
5. Chaves defendió recortes a educación en presupuesto del 2025 …, acceso: agosto 6, 2025, https://columbia.co.cr/chaves-defendio-recortes-a-educacion-en-presupuesto-del-2025/ ↩︎
6. CONARE defiende en Asamblea Legislativa que el FEES 2025 …, acceso: agosto 6, 2025, https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2024/09/20/conare-defiende-asamblea-legislativa-fees-2025-retome-poder-adquisitivo ↩︎
7. Ibidem ↩︎
8. Ibidem ↩︎
9. Grupo de Diarios América, acceso: agosto 13, 2025, https://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=5836001 ↩︎
10. CONARE defiende en Asamblea Legislativa que el FEES 2025 …, acceso: agosto 6, 2025, https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2024/09/20/conare-defiende-asamblea-legislativa-fees-2025-retome-poder-adquisitivo ↩︎
11. Semanario Universidad. Tribunal absuelve a estudiantes de la UCR detenidos en 2019 por manifestarse en defensa de las universidades públicas., acceso: agosto 10, https://semanariouniversidad.com/pais/tribunal-absuelve-a-estudiantes-de-la-ucr-detenidos-en-2019-por-manifestarse-en-defensa-de-las-universidades-publicas/ ↩︎