Bolivia: Retos presupuestarios y denuncias de injerencia política y corrupción acechan autonomía universitaria y libertad académica 

Entre enero y julio de 2025 Aula Abierta ha documentado denuncias sobre prácticas de asfixia presupuestaria en contra de las universidades públicas por parte del Ejecutivo Nacional, intentos de injerencia del gobierno universitario a través de prácticas “sofisticadas” y denuncias de corrupción en la educación superior en Bolivia, con lo cual se pone en riesgo la autonomía universitaria y el derecho humano a la libertad académica. 


Autonomía universitaria en Bolivia 

La autonomía de las universidades públicas en Bolivia está explícitamente definida en la Constitución Política del Estado (CPE). El Artículo 92, Párrafo I, establece que “Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía”. Esta autonomía abarca un amplio espectro de facultades, incluyendo la libre administración de sus recursos, la designación de sus propias autoridades, personal docente y administrativo, y la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales.¹ Además, se les concede la potestad de aceptar legados y donaciones, así como de celebrar contratos para el cumplimiento de sus fines.¹ Las universidades públicas también tienen la capacidad de negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.¹

Un aspecto crucial de este marco es la obligación del Estado de subvencionar “obligatoria y suficientemente” a las universidades públicas, independientemente de sus recursos departamentales, municipales o propios.¹ Esta disposición, contenida en el Artículo 93, Párrafo I, de la CPE, subraya la responsabilidad estatal de asegurar la viabilidad financiera de estas instituciones autónomas. En el ejercicio de esta autonomía, las universidades públicas conforman la “Universidad Boliviana”, coordinando y programando sus funciones a través de un organismo central, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.¹ El Plan de Desarrollo Universitario (PDU) 2021-2025 del CEUB, por ejemplo, tiene como uno de sus objetivos explícitos la “Preservación y fortalecimiento de la Autonomía Universitaria”.²

La amplitud de esta autonomía, si bien concebida para proteger la libertad académica y la independencia institucional, puede, paradójicamente, representar vulnerabilidades si no se complementa con mecanismos internos sólidos de gobernanza y transparencia. Cuando la autonomía es percibida como un escudo para encubrir irregularidades, la confianza pública puede ser socavada e invitar a un escrutinio externo o incluso a llamados a la intervención, lo que a la larga podría menoscabar el propio principio que se busca preservar. La definición legal de autonomía establece los límites de lo que constituye una violación, pero su defensa efectiva en la práctica depende en gran medida de la rendición de cuentas interna.

Asimismo, la dependencia financiera, a pesar de la obligación constitucional de subvención, puede convertirse en una forma sutil de influencia gubernamental. Si las universidades no reciben una subvención “suficiente”, como se denunció en el período analizado ³, podrían verse obligadas a transigir con su autonomía a cambio de los recursos necesarios. Esto difumina la línea entre el apoyo estatal legítimo y la injerencia indebida, lo que sugiere que las limitaciones presupuestarias pueden conducir indirectamente a compromisos en la autonomía.

Denuncias de Injerencia de la Contraloría General del Estado y Presupuesto Universitario

El 2 de febrero de 2025, las universidades bolivianas expresaron una profunda preocupación por el presupuesto asignado para el año en curso, considerándolo insuficiente para sus necesidades operativas y de crecimiento.³ La asignación de recursos para el sistema universitario se compone de la coparticipación tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los recursos propios gestionados por cada entidad.³

En el marco de la III Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades, el rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, estableció que ““Esto no puede seguir así, porque algunas universidades le piden (al gobierno) 50 millones y le dan solo 5 millones, entonces ya no podemos trabajar de esa manera. El gobierno nos tiene que atender de acuerdo a las necesidades reales de la educación superior, ese será el planteamiento de San Francisco Xavier; es decir, que responda al sistema universitario en función a los requerimientos institucionales y no de acuerdo a quien le cae bien o le cae mal”. De esta manera, la asignación del presupuesto universitario estaría condicionado a la cercanía ideológica y/o falta de postura crítica de las universidades respecto al Ejecutivo Nacional.

Las denuncias sugieren una relación entre la presión financiera y la injerencia en la autonomía. La falta de fondos suficientes podría ser utilizada como una herramienta por parte del Ejecutivo Nacional, generando un efecto inhibidor de decisiones académicas e institucionales que puedan resultar críticas e incómodas para el gobierno, y que son competencia exclusiva de las universidades autónomas. Si las universidades se encuentran crónicamente sub financiadas, se vuelven más susceptibles a las condiciones impuestas por los organismos de control o a un escrutinio intensificado que excede los límites de la fiscalización, amenazando los principios fundamentales de autogobierno. Esto pone de manifiesto una tensión crítica entre el mandato constitucional de una subvención “suficiente” ¹ y las realidades prácticas de las negociaciones presupuestarias.

Rechazo a la intervención gubernamental en procesos internos universitarios

El 14 de marzo de 2025, la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), la máxima instancia de la dirigencia estudiantil universitaria, se reunió en Cochabamba y adoptó una postura firme en defensa de la autonomía.⁷ En este encuentro, la CUB ratificó la autonomía universitaria y rechazó categóricamente la intervención del gobierno en las universidades públicas.⁷

Johan Hérbas, el nuevo vocero de la CUB, denunció explícitamente la “abierta intervención del gobierno” en algunas universidades del sistema.⁷ Un caso emblemático citado fue el de Ramiro Tapia, exministro de Salud y candidato a rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), quien se habría declarado abiertamente “candidato del MAS” (el partido de gobierno) y utilizado los colores de esta organización política en su campaña dentro del campus universitario.⁷ Hérbas enfatizó que es inaceptable que un dirigente universitario ejerza simultáneamente una función pública y una función gremial, debido a un conflicto de intereses, desafiando directamente la cooptación política de la dirigencia universitaria.⁷ La CUB también anunció la convocatoria al Trigésimo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios para renovar su directorio nacional.

Esta denuncia apunta a una forma de injerencia política más directa y sutil que la asfixia financiera: el intento de influir en las elecciones internas de las universidades y en la selección de sus autoridades con figuras partidistas. Esto contraviene directamente el principio constitucional que otorga a las universidades el derecho a nombrar a sus propias autoridades ¹ como parte de un proceso autónomo. La enérgica posición de la CUB subraya la percepción de que tales acciones amenazan la neutralidad política y la independencia académica, elementos esenciales para que una universidad cumpla su rol crítico en la sociedad. El uso de símbolos partidistas y la afiliación política abierta dentro del campus difuminan los límites entre los espacios académicos y políticos, lo que potencialmente compromete la integridad de la gobernanza universitaria. Los partidos políticos que intentan instalar líderes afines dentro de las universidades pueden comprometer gravemente la capacidad de la institución para actuar como una voz independiente y fomentar el pensamiento crítico, convirtiendo los espacios académicos en campos de batalla políticos y socavando la esencia misma de la libertad académica.

Denuncias de corrupción interna y debate sobre transparencia y autonomía en la UMSA

En mayo de 2025, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se vio envuelta en dos escándalos por supuesta corrupción que desencadenaron un amplio debate público sobre la relación entre la autonomía universitaria y la transparencia institucional. El primer caso implicó la presunta malversación de Bs 394.500 de la carrera de Comunicación Social, con el decano Edgar Pomar Crespo siendo acusado por su exsecretaria de haber utilizado la “autonomía universitaria para evitar la mirada pública”.⁴ El segundo escándalo se refirió a la presunta falsificación de firmas en la facultad de Ciencias Políticas.⁴

Estos incidentes llevaron a un debate en la opinión pública. Una gran parte de los usuarios de internet, opinaban que la autonomía universitaria era la causa de la corrupción.⁴ Sin embargo, otra corriente de opinión que “la autonomía no es la causa de la corrupción, sino la falta de transparencia”.⁴ El artículo enfatizó que la verdadera transparencia requiere una supervisión pública en línea de los procesos financieros y administrativos, incluyendo las planillas de sueldos, el flujo de adjudicaciones y los ingresos propios.⁴ 

Aunque no se trata de una violación externa directa, la corrupción interna se presenta como una amenaza significativa para la autonomía. La percepción pública de que la autonomía sirve como “escudo” para actividades ilícitas ⁴ genera una fuerte demanda de rendición de cuentas. Esto ilustra una relación indirecta: las fallas internas pueden ser explotadas por actores externos para justificar intervenciones, o pueden erosionar la voluntad pública y política para defender la autonomía. Si la sociedad percibe a las universidades como corruptas e irresponsables, su apoyo al principio de autonomía disminuirá, facilitando que los actores políticos justifiquen la intervención o incluso aboguen por la anulación de la autonomía.⁶ Por lo tanto, la defensa de la autonomía no solo implica resistir la injerencia externa, sino también demostrar integridad y rendición de cuentas internas. La falta de transparencia dentro de las instituciones autónomas puede, de manera inadvertida, proporcionar una justificación para la intervención externa, lo que podría llevar a la pérdida de la independencia que la autonomía pretende proteger.

¿Vulnerabilidades internas, intervencionismo y otros desafíos para la autonomía universitaria en Bolivia?

Las denuncias registradas entre enero y julio de 2025 revelan patrones recurrentes y desafíos sistémicos que afectan la autonomía universitaria en Bolivia. 

La examinación de estos eventos revela que las amenazas a la autonomía no se limitan a presiones externas aisladas ni a fallas puramente internas de gobernanza. Por el contrario, están profundamente interconectadas. Las debilidades internas, como la falta de transparencia o los casos de corrupción, pueden ser estratégicamente explotadas por actores externos para justificar una intervención. De manera inversa, las presiones externas persistentes, como la asignación presupuestaria inadecuada o la intromisión política, pueden exacerbar las vulnerabilidades internas o forzar a las universidades a compromisos que erosionan su independencia. Esto genera un ciclo donde cada tipo de amenaza puede reforzar a la otra. Una defensa efectiva y sostenible de la autonomía universitaria en Bolivia requiere, por lo tanto, una estrategia holística e integrada que aborde simultáneamente las presiones externas y fortalezca los mecanismos internos de gobernanza y transparencia. Ignorar un aspecto inevitablemente debilitará la defensa contra el otro.

El debate público en torno a la corrupción en la UMSA ⁴ pone de manifiesto una paradoja inherente al concepto de autonomía. Si bien la autonomía se concede para proteger a las universidades de la injerencia externa, puede ser percibida por la sociedad como un escudo para la corrupción si existe una falta demostrable de transparencia en las operaciones internas. Esta percepción, si se generaliza, representa una amenaza significativa no solo para el estatus legal de la autonomía, sino, lo que es más importante, para su legitimidad social. La advertencia explícita de que la sociedad podría “pedirá anular la autonomía” ⁶ si la percibe como un medio para el enriquecimiento de “camarillas” resalta este peligro. La afirmación de que “La autonomía no es la causa de la corrupción, sino la falta de transparencia” ⁴ es una distinción crucial que debe ser comunicada eficazmente al público. Para que la autonomía universitaria sea sostenible y mantenga el respeto y el apoyo público, debe estar intrínsecamente ligada a mecanismos rigurosos de rendición de cuentas y transparencia interna. Las universidades deben demostrar proactivamente una buena gobernanza para preservar la confianza pública y evitar que su autonomía se vea socavada por fallas internas.

La diversidad de actores y sus motivaciones indican que la “batalla” por la autonomía universitaria en Bolivia se libra en múltiples frentes interconectados. No se trata únicamente de resistir cambios legislativos abiertos o decretos gubernamentales directos. En cambio, las amenazas se manifiestan a través de medios más sutiles, como la influencia financiera, los intentos de infiltración política y el desafío interno de mantener la integridad y la transparencia. La presencia de un “candidato del MAS” para el rectorado de la UMSA ⁷ sugiere una estrategia de cooptación interna en lugar de una fuerza externa manifiesta, lo que puede ser una amenaza más insidiosa y difícil de contrarrestar, ya que socava la autonomía desde dentro al influir en los individuos mismos que deben defenderla. Defender la autonomía, por lo tanto, requiere un enfoque sofisticado y multifacético que reconozca y aborde tanto las formas explícitas como implícitas de injerencia, incluyendo aquellas que operan influyendo en los procesos internos de toma de decisiones y explotando las vulnerabilidades existentes.

Fuentes citadas

1. Nueva Constitución Política Del Estado > PRIMERA PARTE > TÍTULO II > CAPÍTULO SEXTO > SECCIÓN II – Justia Bolivia, acceso: julio 21, 2025, https://bolivia.justia.com/nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado/primera-parte/titulo-ii/capitulo-sexto/seccion-ii/
2. plan de desarrollo universitario 2021 – 2025 – CEUB, acceso: julio 21, 2025, https://ceub.edu.bo/doc/sndi/SNDI_PDU_2021_2025.pdf
3. Las universidades ven insuficiente el presupuesto asignado para este 2025 – El País Tarija, acceso: julio 21, 2025, https://elpais.bo/tarija/20250202_las-universidades-ven-insuficiente-el-presupuesto-asignado-para-este-2025.html
4. La autonomía de la U – ANF Agencia de Noticias Fides Bolivia, acceso: julio 21, 2025, https://www.noticiasfides.com/opinion/la-autonomia-de-la-u__04-05-2025
5. La autonomía de la U – ANF Agencia de Noticias Fides Bolivia, acceso: julio 21, 2025, https://noticiasfides.com/opinion/la-autonomia-de-la-u__04-05-2025
6. La autonomía de la U | Visión 360, acceso: julio 21, 2025, https://www.vision360.bo/noticias/2025/05/04/24321-la-autonomia-de-la-u
7. CUB revocó a su Ejecutivo y rechazó intervención del gobierno en la universidad – ANF, acceso: julio 21, 2025, https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cub-revoco-a-su-ejecutivo-y-rechazo-intervencion-del-gobierno-en-la-universidad-289909
8. xiii congreso nacional de universidades – CEUB, acceso: julio 21, 2025, https://ceub.edu.bo/doc/gaceta/res_xiii/res_6_xiii_cnu.pdf