Organizaciones civiles advierten sobre ataques a ONGs y políticas represivas contra opositores en Venezuela
En su actualización ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de marzo de 2025, la Misión Internacional Independiente de Hechos sobre Venezuela informó que el gobierno de este país sigue ejecutando prácticas represivas contra personas percibidas como opositoras políticas. La Misión informó que continúan las detenciones arbitrarias de opositores, incluidos miembros de la oposición política, así como defensores de derechos humanos y periodistas. Por su parte, organizaciones civiles internacionales, latinoamericanas y venezolanas participaron en este diálogo interactivo advirtiendo sobre las graves violaciones contra los derechos humanos contra la sociedad civil, los ataques contra las ONGs y la crisis migratoria que ha expulsado a millones de venezolanos por el mundo.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que persiste la política represiva del Estado, que incluye desapariciones forzadas de corta duración, dirigida contra opositores o personas percibidas como tales, incluidos defensores de derechos humanos y profesores universitarios críticos. Esas desapariciones aumentaron tras las elecciones del 28 de julio y son calificadas por la Comisión Interamericana como prácticas de terrorismo de Estado para sembrar miedo y controlar a la población.
Agregan que las organizaciones civiles están bajo la amenaza de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs, destinada a perseguirlas e ilegalizarlas. Reiteran que defensores como los profesores Rocío Sanmiguel y Javier Tarazona, o Kennedy Tejada permanecen detenidos y sometidos a procesos penales sin respeto al debido proceso.
Igualmente, alertan que persiste la Emergencia humanitaria compleja que ha significado la migración forzada de más de 7.7 millones de venezolanos. Muchos de ellos afrontan retornos forzados desde países de acogida, violando el principio de no devolución.
Asimismo, aseguran que tras las elecciones del 28 de julio el gobierno busca normalizar la situación invocando el derecho a la paz en un contexto de violaciones a derechos humanos y de sometimiento de la población al autoritarismo, llamando a próximas elecciones sin garantías mínimas de transparencia, ni separación de poderes.
