Sociedad civil alerta ante ONU sobre violaciones a la libertad de asociación y reducción del espacio cívico en Perú
En el marco del Programa de Formación LABIndice: “Democracia, libertad de asociación y otros derechos humanos: Activismo, Documentación e Incidencia Internacional” organizaciones civiles en Perú alertan ante la Relatoría sobre Libertad de Asociación y la Relatoría de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, así como también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sus preocupaciones por la violación al derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, un derecho vulnerado durante las protestas de diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando la población de diferentes regiones salió a manifestarse y las fuerzas policiales y militares respondieron de manera violenta, lo que resultó en muertes y heridos entre los manifestantes. Actualmente, estos derechos siguen siendo vulnerados y por ello exhortan a los organismos internacionales a vigilar la situación de derechos humanos en el país.
La insatisfacción general contra el gobierno de Boluarte ha provocado movilizaciones en todo el país en los últimos años. Las protestas se originaron por la histórica marginación de los pueblos indígenas, los campesinos y la clase trabajadora. Esto se ha visto agravado por problemas como la discriminación, el clasismo y el racismo que han persistido durante más de 500 años. Además, hay una falta de atención a temas importantes como el modelo extractivista, la crisis climática, y la contaminación del agua, aire y suelos, así como el envenenamiento de las comunidades por metales tóxicos.
Comunidades del sur del Perú se han plantado firme en rechazo al gobierno, a quien tildaba de “usurpador y traidor”. La respuesta represiva del Gobierno se basó en el uso indiscriminado de la fuerza, la criminalización, la privación arbitraria de la libertad y el uso de mensajes estigmatizantes, reforzando los prejuicios en contra de las personas campesinas e indígenas que protestan relacionándolos como terroristas, que tienen vínculos con el narcotráfico u otras economías ilegales.
Las comunidades campesinas y otras organizaciones sociales, tanto de áreas rurales como urbanas, fueron las principales participantes en las protestas. Estas comunidades han sido objeto de discursos discriminatorios por parte del gobierno, los medios de comunicación de la capital y otros sectores que apoyan al gobierno central y al Congreso. A pesar de que ya se habían reportado masacres en varias partes del país, el gobierno rechazó asumir la responsabilidad de las acciones de las fuerzas armadas y policiales, alegando que las víctimas se habían “matado entre ellas” y señalando al expresidente Pedro Castillo como el culpable de las muertes. Este tipo de acusaciones provocaron aún más indignación entre los manifestantes, quienes se mantuvieron firmes en su rechazo hacia Dina Boluarte y el Congreso, a pesar de los insultos y calumnias que recibieron.
Protestas, represión y muertes
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de 2023, se llevaron a cabo en todo el país un total de 1327 protestas, que incluyeron 882 movilizaciones, 240 paralizaciones, 195 concentraciones y plantones, 10 vigilias y 60 marchas por la paz. Los manifestantes demandaban varios cambios políticos, siendo las principales demandas el cierre del Congreso, la creación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, el adelanto de las elecciones generales, la renuncia de Boluarte y la liberación del expresidente Castillo. Tras la represión por parte del Estado, los manifestantes también exigieron justicia por las decenas de personas que fueron asesinadas y los miles que resultaron heridos durante las protestas.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), durante las protestas que ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 30 de marzo de 2023, se documentaron 50 civiles asesinados y al menos 821 heridos a causa de la intervención de las fuerzas de seguridad, que incluyen tanto a las fuerzas armadas como a la policía. Además, otros 11 civiles perdieron la vida debido a accidentes ocurridos durante bloqueos de carreteras o por no recibir atención médica. Por su parte, el Gobierno informó que 980 miembros de la Policía Nacional resultaron heridos, un policía falleció, y también reportó 36 heridos y 6 fallecidos entre los miembros de las Fuerzas Armadas durante las protestas.
En el año 2024, tras estas masacres perpetradas por el gobierno peruano, se han documentado incidentes de intimidación por parte del gobierno hacia la sociedad civil. Esto se evidenció a través de la Policía Nacional en varias reuniones, como en el Taller Nacional de Derechos Humanos y Empresas que se llevó a cabo el 16 y 17 de septiembre de 2024. También se registraron actos similares durante el Foro Social Frente al APEC, que tuvo lugar entre el 11 y el 13 de noviembre de 2024, así como en otras situaciones de protestas contra el gobierno central que han estado ocurriendo en estos días.
Amenazas contra las ONGs
En Perú existe una clara intención del gobierno a través del Poder Legislativo (Congreso de la República) de limitar el funcionamiento de las ONGs, ya que existen seis proyectos de ley, formulados por grupos conservadores que pretenden amordazar, perseguir y criminalizar a las organizaciones de derechos humanos.
En junio de 2024, la Comisión de relaciones exteriores del Congreso de Perú aprobó un dictamen de ley recogiendo cinco proyectos de Ley, cuyo objetivo es modificar los artículos de la Ley N.º 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La propuesta legislativa, otorga facultades a APCI para controlar, supervisar y fiscalizar la utilización de recursos que reciben las organizaciones no gubernamentales provenientes de la cooperación técnica internacional.
Las y los representantes de estas organizaciones civiles denuncian que el Proyecto de Ley N° 6162/2023, plantea de manera inconstitucional que todas las organizaciones para ser receptoras o recibir donaciones de cooperación técnica internacional (CTI) deban registrarse ante la APCI bajo amenaza de ser sancionadas administrativa, civil y penalmente.
Igualmente, afirman que el Proyecto de Ley N° 6252-2023, plantea que las ONGs puedan responder solicitudes de acceso a la información pública de la ciudadanía, atribuyéndoles responsabilidades y obligaciones de instituciones de la administración pública, a pesar de tratarse de entes privados.
El Proyecto de Ley N° 7140/2023, plantea que de forma indirecta la APCI ante cualquier denuncia de “un ciudadano” contra una ONG, le dé trámite administrativo y realice su denuncia ante el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y la Contraloría General de la República, posibilitando la disolución de la ONG sin las garantías mínimas del debido proceso.
Mientras que el Proyecto de Ley N° 7146/2023, plantea evitar que las ONGs traten de vincularse con las Asociaciones de Padres de Familias; lo cual supone una restricción injustificada de nuestra participación en espacios gubernamentales, como las escuelas.
Otros proyectos de leyes que amenazan el espacio cívico en el país es el Proyecto de Ley N° 7367/2023, que plantea prohibir de forma arbitraria que las ONGs contraten con el Estado, sin darse cuenta que estas promueven la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades locales para la autogestión. Mientras que el Proyecto de Ley N° 7818/2023, plantea que el Ministerio Público pueda solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las buenas costumbres.
Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas
En la última década en Perú se han incrementado en intensidad y número actividades ilícitas que se desarrollan en territorios de comunidades de pueblos indígenas que afectan los derechos territoriales y la seguridad de defensores y defensoras indígenas.
Entre las principales actividades ilícitas podemos mencionar:
La invasión de territorio para cultivo y transformación de hoja de coca:
Según el Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas – SISCOD de DEVIDA, existe una tendencia en el incremento de la superficie en donde se cultiva hoja de coca que según el reporte de Monitoreo de 2022 ascendió a 95,008 hectáreas. El mismo informe refiere que respecto de los pueblos indígenas existe un aumento del 26%, pasando de 14,854 ha en 2021 a 18,674 ha en 2022, lo cual representa el 20% de la superficie nacional. Asimismo, la mayor concentración de superficie monitoreada se encuentra en comunidades nativas (75%).
Tala y comercialización ilegal de madera:
Durante los períodos de 2017 a 2018 y de 2022 a 2023, se talaron 3,881 hectáreas de bosque para convertir esas tierras en áreas agrícolas. En 2024, se hicieron cambios en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que podrían ayudar a legalizar la actividad considerada “ilegal” relacionada con la deforestación. Sin embargo, estos cambios también podrían facilitar el despojo de tierras que pertenecen a los Pueblos Indígenas, poniendo en riesgo tanto su existencia física como su cultura.
La minería ilegal y el incremento de la inseguridad ciudadana: asesinatos, secuestros, extorsiones.
La minería ilegal en Perú ha contribuido al aumento de la inseguridad en las ciudades, manifestándose en delitos como asesinatos, secuestros y extorsiones. Según el Registro de Situaciones de Riesgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), desde 2019 hasta septiembre de 2024, se han documentado 449 situaciones de riesgo, de las cuales 381 (84.4%) están relacionadas con la defensa del medio ambiente y los derechos de los Pueblos Indígenas. La mayoría de estos casos (71.5%) se deben a actividades ilegales, como la tala de árboles sin permiso, el tráfico de tierras, el narcotráfico y la minería ilegal.
Este contexto de riesgo afecta especialmente a los defensores y defensoras indígenas, quienes enfrentan una creciente violencia y criminalización por su labor. La situación se ha vuelto crítica, ya que estos defensores son frecuentemente amenazados y, en algunos casos, asesinados, lo que pone en peligro no solo su vida, sino también la protección de los derechos de las comunidades que representan. La combinación de la minería ilegal y la inseguridad ciudadana crea un ambiente hostil que dificulta la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en la región.
Durante el mismo período, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reporta que 18 defensores de derechos humanos han muerto debido a su trabajo en esta área. De ellos, 14 son indígenas, lo que representa un 78%. Es importante mencionar que esta cifra podría cambiar a medida que avancen las investigaciones y se descubran nuevas evidencias sobre estos casos.
Por otro lado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) informa que hasta ahora han sido asesinados 35 defensores indígenas. También destacan que hay un subregistro de estos incidentes, lo que significa que las cifras oficiales no muestran la verdadera magnitud de las amenazas y asesinatos que enfrentan los pueblos indígenas en su lucha por sus derechos. Esto indica que muchas situaciones de riesgo no son reportadas, lo que agrava la percepción de inseguridad en estas comunidades.
Ataques y discriminación contra la comunidad LGBTQ+
Entre diciembre de 2022 y en este 2024, se han desarrollado diversas manifestaciones, que no solo han cobrado la vida de al menos 49 personas a manos del uso abusivo de las fuerzas del orden, sino que también han dejado miles de heridos, muchos de ellos con graves secuelas físicas y emocionales. Cabe resaltar que la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades o grupos históricamente marginados como lo son pueblos indígenas u originarios y campesinos.
Entre las víctimas se encuentran mujeres asesinadas y criminalizadas, que pertenecían a pueblos andinos, jóvenes, activistas, entre otras. Asimismo, las personas trans y no binaries en este contexto tuvieron que replegarse en su derecho de protesta pues al no estar sus identidades reconocidas, el ensañamiento sería inminente. En julio del 2023, la Misión de Observación sobre derechos humanos y democracia en el Perú del Parlamento de Catalunya que visitó el Perú, recogió testimonios de activistas trans y no binaries que narraban cómo muches de les activistas no se animaban a salir a las calles a protestar, aunque así lo desearan, debido a que la represión era tan violenta que de seguro serían blanco de la Policía Nacional del Perú producto de la discriminación heteronormativa que viven. Asimismo, en estos últimos meses denuncian haber visto como una activista trans, una de las más visibles del movimiento, ha sido constantemente discriminada y violentada físicamente durante las protestas en contra del gobierno por parte de la Policía Nacional del Perú.
