Nicaragua: Evaluarán avances en justicia y derechos humanos este 13 de noviembre ante el EPU en ONU
Nicaragua se prepara para enfrentar el escrutinio internacional el próximo 13 de noviembre, cuando será evaluada nuevamente ante el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. Las alarmantes violaciones a los derechos humanos como a la libertad de asociación, el acceso a una educación libre y de calidad, los presos políticos, los ataques contra los derechos de los pueblos indígenas serán algunos de los temas centrales en esta crucial revisión, que podría tener repercusiones significativas para el país.
En el marco de esta evaluación universal, organizaciones como la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), Aula Abierta y organizaciones que integran la RedProdepaz Nicaragua, conformada por: Activismo Ciudadano en Resistencia , la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) , Fundación es Libertad, ASIDEHU, Foundation for Development and Social Innovation y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, reiteran las principales preocupaciones presentadas en la Contribución para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal sobre Nicaragua: Situación de los derechos humanos en Nicaragua (2019-2024) a continuación.
Violaciones a la libertad de asociación y reunión pacífica
Ataques a la libertad de asociación y expropiaciones
Entre el 2019 y 2022 se han documentado denuncias de organizaciones de la sociedad civil en contra del Ministerio del Interior de Nicaragua el cual ha impedido el uso de la vía administrativa, al no recibir ni contestar las informes y las comunicaciones presentadas por las asociaciones y al negarles sus certificaciones para operar en el país, y al crear una carga desproporcionada de nuevos requerimientos, todo ello con el propósito de pre-fabricar falsos argumentos para la posterior cancelación de las personerías jurídicas de las mismas.
La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG reporta que desde el año 2018 hasta el 12 de febrero del 2024 se han cancelado arbitrariamente la personería jurídica a 3,532 organizaciones de diferentes denominaciones entre ellas: 4 partidos políticos, 8 universidades internacionales y 20 universidades privadas, 57 medios de comunicación, 419 organizaciones religiosas 8 y aproximadamente 40 organizaciones que atienden grupos vulnerables como mujeres y niños en el territorio nicaragüenses. Sin embargo, para agosto de 2024 se contabilizan más de 5.200 organizaciones civiles anuladas por el gobierno desde las protestas de 2018.
El motivo de cancelación, atiende a una práctica de represalias como discriminación político-social, porque estas organizaciones han criticado la política de Estado violatoria a los derechos humanos, la democracia, entre otros.
Cabe recordar que en marzo del 2022 se aprobó la Ley No. 1115: Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro 11 . Dicha ley es considerada una demolición a la libertad de asociación, al no establecer la posibilidad de subsanar errores o el incumplimiento de los requisitos establecidos por la propia legislación relativos a la operación y funcionamiento de las organizaciones, por lo que se genera un ambiente legal propicio para la disolución forzada mediante la cancelación de su personería jurídica y como mecanismo de sanción. Igualmente, esta ley legaliza la confiscación de bienes a favor del Estado de las personas jurídicas canceladas.
Ataques en contra de la iglesia y la libertad religiosa
La Iglesia ha sido otro blanco de ataques por parte del gobierno de Daniel Ortega. Según el informe sobre Libertad Religiosa en Nicaragua, presentado por Martha Patricia Molina, expone que entre 2018 y 2023 la Iglesia Católica ha recibido 667 ataques y la Iglesia Cristiana evangélica de Nicaragua ha recibido 70 ataques en el mismo periodo.
Pero la mayor parte de los ataques los ha recibido la iglesia católica calificados dentro de las siguientes tipologías: profanaciones, robos, daños a la infraestructura, alteraciones a los recibos de servicios básicos, cortes de servicios básicos, inmovilización de cuentas bancarias, confiscaciones; amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones exilios, expulsiones y pérdida inconstitucional de la nacionalidad de religiosos, secuestros, prohibiciones de actividades religiosas como procesiones, actos de piedad popular, misas, encarcelamientos y procesos judiciales ante el Sistema de Justicia de Nicaragua.
De esta forma, según el medio digital Confidencial 15 propiedades de la Iglesia católica han sido confiscadas entre 2022 y 2023 13 , 32 sacerdotes, 2 obispos, 1 diácono y 4 seminaristas, han sido desterrados de Nicaragua entre febrero de 2023 y enero de 2024.
Privación arbitraria de la nacionalidad y represión migratoria
Con la aprobación de la Ley 1145 Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense el 9 de febrero de 2023, 222 personas presas políticas fueron desterradas hacia Estados Unidos ese mismo día. Esta Ley se aplicará a todas las personas sentenciadas con la Ley N° 1055, Ley Defensa de los Derechos del Pueblo 16 . Entre los desterrados iban sacerdotes, mujeres, campesinos, jóvenes, estudiantes, activistas políticos, defensores de derechos humanos y opositores en general no organizados, pero que participaron en eventos pacíficos de protesta.
Según el medio Confidencial el 14 de junio del 2023, 74 de las personas a quienes se les arrebató la nacionalidad arbitrariamente el 9 de febrero del mismo año, denunciaron haber sido objeto de confiscación de sus bienes. Meses después de la sentencia definitiva, se penaliza con inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica.
Finalmente, el Monitoreo Azul y Blanco registra un total de 521 víctimas de la represión migratoria entre abril 2018 y febrero 2024: 357 hombres, 152 mujeres y 12 menores de edad, 376 personas desterradas y despojadas de su nacionalidad, también se han registrado retenciones migratorias, negación de pasaportes, negaciones de ingreso al país, expulsiones y cancelaciones de residencia a extranjeros 19 . La represión migratoria se expresa, principalmente, a través de tres modalidades: el destierro, las retenciones migratorias y el hostigamiento migratorio.
Ataques a la libertad de reunión pacífica
Según el medio internacional DW el 21 de septiembre del 2019 la policía nicaragüense impidió una marcha, los manifestantes, en grupos de unas cien personas, quedaron atrapados por agentes antimotines en cuatro puntos indicados para concentrarse, desde donde tenían previsto comenzar su manifestación por el sureste de Managua.
Asimismo, el 27 de octubre del 2019, decenas de manifestantes se presentaron en la salida sureste de Managua y cerca de la cárcel Modelo, en la ciudad vecina de Tipitapa, para reclamar a Ortega la liberación de unos 139 reos políticos. Cientos de policías antimotines rodearon a los manifestantes, en su mayoría madres, esposas y familiares de las víctimas de la crisis sociopolítica, que estalló en abril de 2018 22 . La limitación de las protestas también se presenta en entornos digitales, toda vez que en octubre de 2020 la Asamblea Nacional aprobó La Ley del Ciberdelito, la cual castiga con hasta 10 años de cárcel la divulgación no autorizada de información falsa; o que, como precisa, ponga en zozobra a la población y la seguridad nacional, afectando la libre expresión en redes sociales y cualquier iniciativa de protesta digital.
Violaciones al derecho a la educación de calidad, a la libertad académica y otros
Ataques a la comunidad académica: Marco normativo contrario a la educación de calidad, la libertad académica y la autonomía universitaria.
El derecho a una educación libre y de calidad está cada vez más alejado de las y los nicaragüenses. Con la aprobación de la Ley de Reforma a la Ley N°582 Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley N°89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior el 31 de marzo de 2022 por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, otorga al CNU la facultad de “intervenir”, bajo ciertas causales, a las universidades en Nicaragua.
La referida medida intervencionista resulta preocupante, considerando que los términos en los que se realizaría tal “intervención” no se encuentran definidos, por lo cual, no garantiza si su alcance se vería enmarcado dentro de los estándares de legitimidad para realizar una interferencia a cualquier Institución de Educación Superior en Nicaragua, permitiendo al gobierno intervenir en la dirección de gobierno, administración, diseño académico y manejo de personal de las instituciones de la educación superior, ya que permite transferir el autoritarismo de sus políticas nacionales a los espacios universitarios, cooptando la participación de profesores, estudiantes y autoridades administrativas en la discusión crítica de asuntos que afectan la comunidad universitaria o incluso el país.
Cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de universidades en Nicaragua
Desde el año 2021 hasta noviembre de 2023, al menos 27 universidades han sufrido la cancelación de su personalidad jurídica. Varias de estas universidades sufrieron esta medida como sanción por el carácter crítico de la institución o su comunidad académica.
Por ejemplo, desde el año 2018 la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua fue sometida a una serie de ataques por parte del gobierno, que incluyeron asfixia presupuestaria, exclusión del CNU y represalias contra el personal y persecución al estudiantado, que culminaron con la arbitraria cancelación de su personería jurídica, confiscación de todos sus bienes y el cese indefinido de sus actividades académicas, afectando gravemente a una comunidad universitaria integrada por más de 5,000 estudiantes y 546 docentes, según reporte del diario digital nicaragüense Confidencial, en violación a la libertad académica y otros derechos humanos de las y los universitarios en el país. Por su parte, La Prensa de Nicaragua, tras una revisión realizada a la data del Consejo Nacional de Universidades (CNU), contabiliza 37 universidades cerradas por el gobierno desde diciembre de 2021 hasta octubre de 2024.
Según el presente informe elaborado por la coalición RedProdepaz Nicaragua, el cierre de las universidades afecta a más de 37.000 estudiantes universitarios. Luego del cierre, el Estado ha creado nuevas universidades en las instalaciones confiscadas y en otros casos ha fusionado a las extintas casas de estudios, como la Universidad Casimiro Sotelo en el campus de la extinta Universidad Centroamericana durante el 2023, sobre la cual Aula Abierta ha documentado denuncias sobre actos de proselitismo político dentro de la universidad llevado a cabo por la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüense, la cual responde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por ejemplo, durante la “inauguración” de la universidad en noviembre de 2023, la UNEN hizo un llamado a izar la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el recinto universitario contando con la anuencia de las autoridades de la universidad. De igual manera, Aula Abierta ha recibido denuncias de la imposibilidad de estudiantes de acceder a sus récords académicos relativos a las antiguas casas de estudios.
Adoctrinamiento político dentro de las universidades públicas y educación superior
El 7 de julio de 2023, en el marco del cuadragésimo encuentro de bibliotecas universitarias de Nicaragua se registró la presencia de propaganda política en favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por parte del Consejo Nacional de Universidades, en conjunto con el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua. Este encuentro se supone está destinado a articular la actuación y funcionamiento de las bibliotecas de universidades públicas del país, por lo que preocupa la presencia de esta propaganda política y su impacto en la toma de decisiones que deben ser estrictamente académicas.
Por otra parte, entre el 2021 y el 2022 dentro de la “Revista Índice” adscrita al Consejo Nacional de Universidades, en 2 de sus cuatros números se han publicado columnas en su segmento “memoria documental” destinadas a evocar la importancia y beneficios de la revolución sandinista, promoviendo un sesgo ideológico dentro un espacio que debe ser estrictamente académico. De esta manera, se denota como dentro de la difusión pública de información científica, el Estado con uso del dinero público presenta publicaciones con un sesgo ideológico.
Detención y otras formas de persecución en contra de universitarios como afectaciones a un entorno político y público propicio
Durante el mes de agosto de 2023, las universitarias y activistas feministas Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos fueron detenidas arbitrariamente luego de realizar denuncias en redes sociales criticando el cierre arbitrario de la UCA, así como difundir mensajes en favor del feminismo. La Fiscalía desde el inicio de su acusación les imputó delitos de difusión de propaganda falsa y afectaciones a la soberanía nacional 31 . El 7 de noviembre de 2023, las universitarias detenidas fueron ilegalmente declaradas culpables de tráfico de drogas y no de los delitos imputados 32 . Aula Abierta fue informada que la fiscalía solicitó 8 años de cárcel y 800 días de multa, y su acusación fue únicamente basada en declaraciones testificales de agentes policiales.
El 29 de noviembre de 2023, el profesor Freddy Quezada, ex profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2018, fue detenido por sujetos vestidos de civiles que se presume eran agentes de la Policía Nacional. El profesor Quezada es conocido por sus posturas críticas sobre las violaciones al derecho a la educación de calidad y los derechos humanos en general en Nicaragua. El 24 de enero se celebró una audiencia judicial marcada por violaciones al debido proceso, donde fue acusado del delito de “incitación al odio” y condenado. El 5 de septiembre de 2024, el profesor universitario fue liberado por razones humanitarias y desterrado a Guatemala.
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
Persecución y criminalización contra líderes indígenas y defensores comunitarios de derechos humanos
Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe han documentado el aumento de la criminalización y represión contra defensores comunitarios debido a su labor de defensa de los derechos. Según el informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) publicado en 2023, en el período del 01 de febrero del 2022 al 27 de julio del 2023, han registrado 585 denuncias que incluyen amenazas, intimidación, vigilancia policial, allanamientos en las viviendas, estigmatización y casos judiciales falsos contra defensores en los que se les acusa de la venta de tierras, con lo cual el Estado traslada su responsabilidad en la falta de protección de los derechos territoriales, argumentando a problemas internos y responsabilidad exclusiva de las comunidades.
Estas acciones de criminalización son perpetradas por actores vinculados al partido gobernante FSLN, tales como: la Policía Nacional, el sistema de justicia, y los Comité Locales Sandinistas (CLS) que ejercen vigilancia en las comunidades para desarticular los procesos de resistencia a las invasiones en las comunidades indígenas. Un ejemplo de estas acciones afirma el informe del OPIA, del 8 de agosto del 2022, que el Comisionado Pedro Pablo Muñoz de la Policía Nacional de Waspám, amenazó mediante llamadas telefónicas a un líder comunitario cuando estaba organizando junto a otros comunitarios y de forma autónoma, la celebración del día internacional de los Pueblos Indígenas.
Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado para las Naciones Unidas ha recibido informes sobre violencia cometida contra pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de la Costa Caribe, registrando al menos dos asesinatos perpetrados por colonos que no pertenecen a estas comunidades y buscan controlar sus tierras. “Los asesinatos y otros ataques violentos, incluida la violencia de género, la quema deliberada de viviendas y la apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada”, apunta el informe de esta oficina.
Privación de la libertad contra líderes indígenas
Para febrero del 2024, al menos 2 líderes miskitos y 8 líderes indígenas mayangnas han sido privados de libertad arbitrariamente por delitos impuestos por el gobierno de Nicaragua. En el caso de los dos líderes miskitos han sido acusados de menoscabo a la integridad de la nación y los líderes mayangnas, han sido condenados y acusados, entre otros delitos, por los asesinatos cometidos contra las propias comunidades indígenas, con lo cual reproduce una narrativa de conflicto interno entre comunidades. Según el medio Confidencial, basado en denuncias de defensores de derechos humanos, éstas condenas presentan una serie de irregularidades por parte de la Fiscalía, entre ellas, el cambio de motivos de acusaciones en reiteradas ocasiones, 4 de ellos, que han sido condenados a cadena perpetua en 2022, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte IDH.
Violaciones al derecho de autogobierno y autodeterminación
La constitución política de Nicaragua, en su versión de 1987 y sus reformas de 2014, el Estatuto de Autonomía o Ley No 28 y la Ley No 445, de demarcación de tierras, reconocen los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en lo particular, el derecho a desarrollar sus propias formas de organización social y administrar asuntos locales, incluyendo la preservación de la propiedad comunal de sus tierras el ejercicio de goce, uso y disfrute de los recursos naturales. Sin embargo, estos derechos han sido vulnerados por el Estado de Nicaragua debido a las prácticas de imposición de autoridades a través del nombramiento y reconocimiento de personas militantes al partido de gobierno. Estas acciones pretenden limitar la autonomía de las autoridades comunales con el fin de controlar sus acciones y principalmente, consolidar y continuar la explotación de los bienes naturales como modelo económico. Junto a esto, se da la cooptación de los liderazgos comunitarios mediante la intimidación y prebendas políticas. Mientras que, se irrespeta y no se reconoce los derechos de derechos de autogobierno comunal electos bajo sus propias tradiciones culturales.
Según el citado informe del OPIA, autoridades comunitarias han denunciado la imposición de juntas directivas paralelas y la negación, en reiteradas ocasiones, a la entrega de certificación que debe otorgar el gobierno regional a las autoridades comunales electas de forma legítima por las comunidades. Esto constituye una clara intervención en los asuntos comunales y sus formas propias de organización. Tal es el caso de la comunidad de Sangnilaya, del territorio Twi Yahbra, ubicado en el Municipio de Puerto Cabezas cuando, en la Asamblea Comunal, celebrada el 23 de enero de 2022, las y los comunitarios eligieron a sus autoridades comunales y, a pesar de que éstas fueron juramentadas por el gobierno regional, no les entregaron la certificación y al contrario, impusieron una junta directiva paralela.
Las elecciones regionales celebradas el pasado 03 de marzo de 2024, constituyen otro acto que menoscaba el derecho al autogobierno y participación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los asuntos regionales. Diversas organizaciones indígenas y afrodescendientes documentaron las anomalías de los comicios que constituyen violaciones a los derechos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes, entre estas: 1) la cancelación del único partido indígena regional Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) y la privación arbitraria de sus dos líderes indígenas, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez. Brooklyn permanece en condición de desaparecido debido a que no se ha mostrado desde su detención. 2) Coacción y control del voto: presión sobre trabajadores del Estado para votar con sus familias, amenazas de suspender beneficios sociales, movilización de estudiantes bajo amenazas, entrega de códigos. Asimismo, operadores políticos del FSLN estuvieron entregando códigos a los trabajadores del estado y sus familiares, que tuvieron que escribir en las boletas para verificar su voto por el oficialismo. 3) Uso de recursos públicos del Estado para la movilización de votantes del FSLN en medios de transportes del Estado, principalmente la participación de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud – MINSA. 3) Violencia política: patrullaje, asedio, amenazas, presencia desproporcionada de policías, instalación de puestos de control afuera de los Centros de Votación.
Situación de los presos políticos en Nicaragua
En el presente informe las organizaciones civiles denuncian que en febrero de 2023 el Estado Nicaragüense revocó arbitrariamente la nacionalidad de al menos 317 presos políticos, primero afectando a 222 y posteriormente a 94. Entre las personas afectadas se encontraban defensores de derechos humanos, estudiantes, académicos y miembros de la oposición política que habían sido detenidos por motivos políticos durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
La privación arbitraria de las referidas personas y posterior destierro no ha frenado la práctica de detenciones por parte del Estado. En agosto de 2023, Adela Espinoza, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos fueron detenidas arbitrariamente por el Estado debido a sus publicaciones críticas en redes sociales en contra del cierre de la Universidad Centroamericana (UCA). La Fiscalía desde el inicio de su acusación les imputó delitos de difusión de propaganda falsa y afectaciones a la soberanía nacional. El 7 de noviembre de 2023, las universitarias detenidas fueron ilegalmente declaradas culpables de tráfico de drogas y no de los delitos imputados. Aula Abierta fue informada que la fiscalía solicitó 8 años de cárcel y 800 días de multa, y su acusación fue únicamente basada en declaraciones testificales de agentes policiales. La detención sistemática de personas por motivos políticos ha requerido la implementación de una política de Estado donde el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo han participado.
Entre las recomendaciones que organizaciones que integran la RedProdepaz Nicaragua realizan a las autoridades nacionales de Nicaragua se encuentran:
- Derogar la Ley 1145 Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad
- Nicaragüense y restituir la nacionalidad a los 222 nicaragüenses privados arbitrariamente de su nacionalidad.
- Cesar la política de Estado de represión en contra de las universidades, profesores y estudiantes universitarios por sus opiniones críticas en ejercicio de la libertad académica.
- Respetar y garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, los derechos territoriales, al autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
- Liberar de manera inmediata a los presos políticos existentes en Nicaragua y abstenerse de practicar detenciones arbitrarias y/o por motivos políticos.
Les invitamos a leer el informe completo ingresando: https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2024/07/Contribucion-RedProdePaz-Nicaragua-EPU-Nicaragua.pdf
