Paraguay: Ley anti-ONGs y su peligroso paralelismo con Nicaragua y Venezuela
Equipo Prensa-. El 9 de octubre de 2024, el Congreso Nacional del Paraguay aprobó la llamada una Ley que establece “el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” amenazando la supervivencia jurídica de las organizaciones que ya están bajo controles rigurosos por parte del Estado. Esta “Ley Garrote”, como también se le conoce, pone en peligro el trabajo por los derechos humanos en el país porque incluye formulaciones excesivamente amplias y ambiguas que podrían incrementar el control sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y dar lugar a restricciones arbitrarias.
En el marco de la iniciativa “LAB INCIDE: Laboratorio de Incidencia Internacional para Organizaciones de la Sociedad Civil”, la creciente alarma entre organizaciones internacionales de la sociedad civil como Aula Abierta, Ridhe y otras en Paraguay no es infundada. Al llevar sus inquietudes ante órganos del Sistema Interamericano de derechos humanos y órganos de derechos humanos de procedimientos especiales de Naciones Unidas, las organizaciones alertan que la ley anti-ONGs en Paraguay amenaza no solo la democracia, sino también el espacio cívico fundamental para el ejercicio de los derechos humanos. La advertencia es clara: este marco legal podría abrir la puerta a graves violaciones de derechos que socaven la libertad de expresión y de asociación.
Paraguay: ¿Seguirá el ejemplo de Nicaragua y Venezuela?
Aunque aún es prematuro hablar sobre si las y los habitantes de Paraguay también vivirán las consecuencias de políticas represores y totalitarias como las que gobiernan están actualmente a Nicaragua y Venezuela, cabe recordar que estos países también cuentan con una “Ley anti ONG” que ha perseguido, encarcelado y asfixiado económicamente a muchos de sus integrantes y es por ello que organizaciones civiles expresan su preocupación ante escenarios similares que podrían darse en Paraguay.
En Nicaragua, la Ley N° 1115, conocida como la “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, fue aprobada el 6 de abril de 2022. Esta legislación establece un nuevo marco jurídico que regula las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. La ley otorga al gobierno un control significativo sobre estas entidades, incluyendo la posibilidad de cancelar su personalidad jurídica si no cumplen con las regulaciones impuestas. Para agosto de 2024, en el país suman más de 5.200 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018. El gobierno de Ortega ha cancelado la personería de las asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados.
Mientras que en Venezuela, la aprobación en agosto de 2024 de la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, significando nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva.
Aula Abierta, junto a organizaciones de la sociedad civil venezolana, suscribieron en enero de 2024 un comunicado advirtiendo que la ley tiene como objetivo cerrar de manera definitiva el espacio cívico en el país. Estas organizaciones argumentan que esta ley representa una amenaza para la libertad de expresión, la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
Por su parte, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ante la ONU alertó en enero de 2023 que “la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.
Alarma internacional ante ley anti ONG en Paraguay
La organización civil Amnistía Internacional expresó su preocupación por la aprobación de un proyecto de ley que viola el derecho a la libertad de asociación y podría poner en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay, en particular la posibilidad de conservar su autonomía y obtener los recursos necesarios para llevar cabo sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.
“Sin convocar ninguna audiencia o instancia de consulta pública, la Cámara de Senadores de Paraguay votó y aprobó hoy en sesión extraordinaria el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. El texto pasará ahora a consideración de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, el poder legislativo de Paraguay estaría endosando condiciones altamente restrictivas para las organizaciones de la sociedad civil en el país”, expresa la organización internacional a través de un publicación dell 10 de octubre del presente año en su página web .
“Paraguay es visto como un Estado democrático”: Entonces ¿por qué la democracia está en riesgo?
Según la Universidad de Gotemburgo los indicadores de una democracia se definen cuando hay líderes políticos electos, derecho al voto amplio, elecciones libres y justas, derecho a la libertad de asociación y derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, aunque Paraguay sea visto ante la comunidad internacional como un Estado democrático y mantenga un asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya no está respetando los valores esenciales de una sociedad democrático.
Las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil advierten que el proyecto de ley anti ONG desalienta la conformación de las asociaciones, estigmatiza y genera desprestigio a sus integrantes y genera un desborde del poder violentando los reglamentos existentes.
“Cuando la ley rompe la protección de confidencialidad, da paso a la persecución. La transparencia que ellos (Estado) quieren mostrar está enfocada es a organizaciones críticas al gobierno”, alertan los representantes de diferentes organizaciones civiles.
Igualmente, indican que este proyecto de Ley busca asfixiar a las organizaciones más pequeñas que no tienen un “cuerpo administrativo robusto” para responder a los diferentes requerimientos previstos.
Rele: La ley puede ser utilizada para silenciar a opositores políticos
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que el artículo 12 del proyecto de ley dispone que las entidades del Estado no podrán “firmar ni ejecutar acuerdos, convenios de empréstitos, donaciones u otros instrumentos jurídicos” con organizaciones que no estén inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro. Asimismo, señala que las transferencias de recursos, bienes y servicios deberán estar “consignadas en el Presupuesto General de la Nación” y en el de las municipalidades y otros organismos del Estado. De acuerdo con reportes de la sociedad civil, esto podría amenazar la autonomía y el financiamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos, además de ser utilizada para silenciar a opositores políticos y críticos del gobierno.
La Relatoría advierte que el proyecto introduce procedimientos y trámites adicionales a los ya existentes, que podrían generar cargas administrativas excesivas sobre las organizaciones. Además, alerta sobre los riesgos de la creación del ”Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro”, al que deberán inscribirse todas las organizaciones incluidas en la ley, así como las extranjeras que operen en el país (artículo 7).
“Se exige a las organizaciones mantener un registro de los fondos y bienes que reciban o administren, así como de las acciones financiadas y ejecutadas con esos recursos, acompañados de sus correspondientes “comprobantes legales” y demás documentos que respalden el “uso y destino” de los fondos recibidos (artículo 8). También, deberán presentar un “informe anual” que detalle los gastos de sus actividades, un balance contable y patrimonial, y una lista de todos los profesionales y entidades, nacionales o extranjeras, que hayan prestado servicios a la organización durante el período correspondiente (artículo 9). La imposición de tales requisitos podría facilitar la obtención de información sobre aspectos financieros y operativos de las organizaciones, poniendo en riesgo la privacidad y seguridad de donantes, beneficiarios e integrantes de estas organizaciones”, informa la Rele a través de un comunicado publicado en su página web el 18 de octubre de 2024.
Restricciones y amenazas contra la libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de reunión pacífica
Para los representantes de las organizaciones de la sociedad civil de Paraguay preocupa las características que integra este proyecto de ley que podrían restringir el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación y reunión pacífica, contraviniendo los estándares del Sistema Interamericano, según los cuales toda limitación a las libertades fundamentales debe estar prevista en la ley de forma expresa, precisa y taxativa.
En este sentido, la Rele recuerda que la libertad de asociación implica el derecho de las organizaciones a establecer su estructura interna, actividades y programa de acción sin intervención de las autoridades que restrinja o dificulte el ejercicio de este derecho. Tal como ha señalado la CIDH, los Estados deben “promover y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos de cooperación financieros tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación”, como parte de sus obligaciones de respeto y garantía de la libertad de asociación. Además, los requerimientos de información a las organizaciones no deben exceder los límites de confidencialidad necesarios para su libre accionar e independencia.
Organizaciones civiles seguirá en defensa de la democracia y espacio cívico en Paraguay
Las y los representantes de las organizaciones civiles han iniciado campañas de denuncias dentro y fuera del país para exigir respeto a sus derechos humanos y en rechazo a esta Ley que busca perseguir y estigmatizar a sus integrantes. Han emitido informes a diversos organismos internacionales, relatorías específicas en derechos humanos y han asistido a audiencias públicas exigiendo acompañamientos y pronunciamientos en contra de esta Ley.
“Al reducir los espacios de la sociedad civil, se reducen las propuestas y respuestas”, recuerdan sus representantes al reiterar que seguirán acompañando los reclamos por vivir en un país con igualdad de condiciones y oportunidades para todas y todos.
En este sentido, recuerdan que es fundamental estar alerta ante las tendencias políticas que pueden llevar a la restricción de los derechos humanos y la libertad de las organizaciones no gubernamentales. La aprobación de leyes restrictivas en países como Nicaragua y Venezuela muestra cómo un marco legislativo puede ser utilizado para silenciar voces críticas y limitar la actividad de la sociedad civil.
Si Paraguay no se mantiene vigilante, podría seguir un camino similar, donde las ONG sean vistas como amenazas en lugar de aliados en la construcción de un país más justo y equitativo. La historia nos enseña que la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión son pilares fundamentales de cualquier democracia. No debemos permitir que el temor y la represión se normalicen; es responsabilidad de todos proteger estos valores y garantizar un futuro donde cada voz pueda ser escuchada.
