Universitarios respaldan la primaria
Valeria Castro (CNP. 26.049) – Equipo Aula Abierta
El 22 de octubre de 2023, 2.440.415 ciudadanos (según datos de la Comisión Nacional de Primaria), dentro y fuera del territorio nacional, participaron en la elección primaria del sector opositor venezolano. La universidad venezolana respaldó la elección primaria como un instrumento para impulsar un cambio político en beneficio del pueblo venezolano. Fue un proceso marcado de civismo, democracia y libertad, que reunió en Venezuela y en 30 países del mundo, a los connacionales que buscan una transición política democrática y electoral en el país suramericano.
Dicho proceso electoral cumplió con el objetivo de escoger al candidato unitario que representará al sector democrático en las elecciones presidenciales del venidero 2024, quien se enfrentará al gobierno nacional y su máximo representante, Nicolás Maduro. Dicho líder hoy ya tiene nombre, y es María Corina Machado, quien ganó la Primaria con 2.253.825 votos, siendo el 92,35% de la totalidad de los participantes.
Machado, abanderada del partido Vente Venezuela, fue proclamada como candidata unitaria el jueves 26 de octubre, asegurando que su inhabilitación política no será un impedimento para inscribirse en las elecciones del 2024.
“Vamos a trabajar sin descanso estos próximos 12 meses, que son decisivos no solo para la democracia de Venezuela, sino para el futuro de la democracia de América Latina”. Con respecto a la inhabilitación política, comentó que el tema “lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos el domingo pasado, no tengo más nada que decir al respecto”.
Posición de los universitarios
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, a través de sus redes sociales, celebraron la participación masiva de más de dos millones de venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional, quienes eligieron al candidato unitario del sector opositor.
Con mensajes a través de sus redes sociales aseguran que de la misma manera presentada el 22 de octubre se va a repetir en las elecciones del 2024, demostrando los valores democráticos de Venezuela.
“El sufragio es un derecho humano. Como ocurrió este 22 de octubre, así sucederá en el 2024 y el pueblo venezolano expresará contundentemente su opinión. Las instituciones del Estado no deben limitar la participación de ningún ciudadano y respetar la constitución”, publicaron. Días después, la APUCV se pronunció en contra de la judicialización por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Primaria, anunciando
investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria y juntas regionales. En redes sociales aseguraron que las acciones ejecutadas por parte del gobierno nacional vulneran el derecho humano a la libertad de asociación.
“Rechazamos el acoso de las instituciones del Estado contra los organizadores de la Elección Primaria del 22Oct. La libertad de asociación es un derecho humano. Las personas tienen la libertad de asociarse en forma independiente y seleccionar a sus representantes”, publicaron en la cuenta de X.
De igual manera, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), rechazó la posición y tachó el procedimiento del gobierno nacional como un plan para criminalizar la Primaria.
A través de un comunicado publicado por la secretaria de la federación, prof. Keta Stephany, aseguran que la elección fue una acción cívica, política positiva y significativa, en la cual se evidenció movimientos sociales pacíficos, organizados y nutridos. Esta realidad, exponen los profesores, no puede ser criminalizada a través de discursos descalificativos acompañados de persecución y hostigamiento contra miembros organizadores.
Aunado a esto, investigar a “ciudadanos de bien” bajo el cargo de “usurpación de funciones electorales” es una estrategia que, bajo la perspectiva de la Fapuv, ha impedido múltiples elecciones internas de gremios, universidades, sindicatos y asociaciones. Y, si se efectúan sin la supervisión del CNE, impugnan cualquier proceso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia. Vías que violan Derechos Humanos.
“La criminalización de la Primaria no es un hecho aislado que afecta a algunas organizaciones políticas. Se trata de un irrespeto a la soberanía popular, un nuevo atropello a los Derechos Humanos, la libertad de asociación, de expresión y de manifestación pacífica”, puntualizaron.
En ese sentido, el presidente de la Apucv, prof. José Gregorio Afonso, aseguró que dicha criminalización al proceso electoral del 22 de octubre es una estrategia para alejar la alternativa electoral del panorama de cambio político en el país.
“La sentencia del TSJ responde a la estrategia general del gobierno para el 2024: Alejar a la alternativa democrática de la ruta electoral y cercar a las candidaturas que participaron en las primarias. Ante eso: Firmeza e inteligencia”, comentó.
Comunicado del Consejo Universitario UCV
El 09 de noviembre, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) emitió un comunicado en el que reconoció el carácter democrático del proceso electoral y reconoció el triunfo de María Corina Machado, candidata de Vente Venezuela.
La UCV felicitó a la ciudadanía por el civismo demostrado en los comicios, y exhortó al Estado venezolano a respetar los derechos políticos de todos los ciudadanos, en especial de los candidatos a las elecciones presidenciales del 2024.
“Es de ese modo, y no de ningún otro, como la sociedad venezolana podrá encaminarse pacífica y constructivamente hacia el futuro de bienestar y progreso a qué aspiran las grandes mayorías nacionales”, señaló el comunicado.
No obstante, las autoridades universitarias aseguran que es “difícil de entender” cómo, luego de que los venezolanos eligieron al representante de la unidad democrática; el Ministerio Público inicie investigaciones contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria y juntas regionales, aunado al amparo cautelar que suspende los efectos de las elecciones. Actuando en “concordancia con el tenor calificador” de voceros del gobierno nacional, quienes aseguraban existir presuntas irregularidades en el proceso.
