Se agrava situación de pobreza extrema del profesorado universitario en Venezuela
José Rangel – Equipo Aula Abierta
En el mes de los trabajadores, el gobierno venezolano ha profundizado su política contra sus derechos laborales, violentando principalmente el derecho a tener un salario digno, la libertad sindical y la manifestación, lo que se traduce en una política “antiobrera” dirigida por las altas esferas del poder.
Así lo considera el investigador y miembro del equipo de Provea, Intí Rodríguez, quien afirmó en una entrevista para Aula Abierta Radio el pasado 4 de mayo, que el gobierno de Nicolás Maduro ha “pulverizado” el ingreso de los trabajadores con un bono de alimentación de apenas 40 dólares y una disminución del llamado “bono de guerra” a 30 dólares, dejando a los y las trabajadoras venezolanas sin aumento del salario mínimo.
Los beneficios laborales, que por derecho corresponden a los trabajadores sin excepción, han sido afectados tras la firma de la firma del instructivo Onapre con el que se reguló las tablas salariales por profesionalización y primas, afectando hasta en un 50% el ingreso mínimo.
El gobierno ignora diálogo propuesto por la OIT
Rodríguez aseveró que desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se han expresado preocupaciones ante la crisis salarial que afecta a los trabajadores venezolanos, pero el gobierno insiste en negar la posibilidad de establecer un diálogo que involucre a empresarios, trabajadores y representantes del Estado.
Además, desde el 2004 se ha promovido un paralelismo sindical para favorecer a aquellos sindicatos aliados a la política del gobierno nacional, dejando a un lado a sindicatos y gremios de trabajadores autónomos, violando el derecho a la libertad sindical establecida plenamente en la OIT y la Constitución de Venezuela, detalló Rodríguez.
Rodríguez aseguró que, el último Informe de la OIT presentado en 2022, reiteró las violaciones en materia de derechos humanos, métodos de fijación salarial y ataques contra el empresariado que se registran en Venezuela. Igualmente, la organización presentó recomendaciones al Estado para hacer cumplir y respetar la Ley en beneficio de los trabajadores públicos y privados.
El investigador y miembro de Provea, también alertó de la persecución contra los ataques contra la libertad sindical que, en más de 10 años del gobierno de Nicolás Maduro, ha privado de libertad a unos 87 dirigentes sindicales de forma arbitraria, de los cuales 6 aún están tras las rejas.
