¿Por qué las universidades deberían tener un protocolo para prevenir la violencia de género?
La coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres del núcleo andino, Yolima Arellano, rescató la importancia de que las universidades del país adopten el modelo de Protocolo para la prevención y atención en casos de violencia, acosos sexuales y laborales, elaborado por Aula Abierta.
Arellano en una entrevista concedida al equipo de Aula Abierta destacó que gran parte de la población profesoral y estudiantil de mujeres “son víctimas de violencia de género y discriminación”.
De acuerdo con la activista, organizaciones que se dedican a los derechos de las mujeres reciben denuncias de profesoras y estudiantes de posgrado y pregrado que fueron víctimas de violencia laboral, psicológica y acoso sexual.
Es por ello que se creó un protocolo que constituye políticas institucionales, “dirigidas a establecer mecanismos que permitan diseñar hojas de ruta para la recepción de denuncias, el desarrollo de investigaciones respectivas, la asesoría legal y atención psicosocial a las víctimas”. El protocolo contiene la imposición de sanciones para los agresores y otras acciones con el motivo de que las víctimas “sean escuchadas y reciban una respuesta reparadora y adecuada”.
El protocolo diseñado por Aula Abierta y organizaciones aliadas “permite desarrollar campañas de sensibilización y formación y capacitación sobre las implicaciones de las diferentes formas de violencia basada en género, sus causas, consecuencias y formas de abordaje, visibilizando las conductas y patrones que no son normales en las relaciones interpersonales”.
Por último, Arellano puntualizó que los protocolos facilitan el registro y sistematización de información que refleja la situación específica de las víctimas de violencia de género desagregada por edad, origen étnico, grupo social, orientación sexual, situación económica, condición de discapacidad, entre otros aspectos.
Protocolo para la prevención y atención en casos de violencia, acosos sexuales y laborales contribuye con la defensa de los derechos de las universitarias y responde al deber que tienen las universidades y los Estados de acoger los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, cuyo principio 5 destaca la protección frente a actos de violencia.
