Sentencias del TSJ contra universitarios son una “respuesta espejo” para quienes pretendan denunciar violaciones a sus derechos
David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, se pronunció sobre las recientes sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia impuestas contra autoridades de seis universidades públicas, afirmando que son una especie de “respuesta espejo” para que otros actores se cohíban de denunciar.
Las casas de estudios sancionadas, con las sentencias de números 00444, 00445, 00446 y 00447, son la Universidad de Los Andes (ULA); la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL); la Universidad Central de Venezuela (UCV); la Universidad de Carabobo (UC); la Universidad de Oriente (UDO); y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO).
Las autoridades sancionadas habían presentado en julio recursos contra el instructivo ONAPRE, por la violación de los derechos laborales de los trabajadores universitarios. La decisión en contra, publicada el 3 de septiembre, precisaba que a cada una de las personas “accionantes y sus representantes en el presente asunto” se les multaba “por cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela”.
“Esta situación ha sido escandalosa porque unas personas acuden al Poder Judicial en clamor de justicia y se les responde de esta manera”, advirtió Gómez Gamboa.
“No solo declarando inadmisible un recurso que había sido admitido una semanas antes; sino que fundamentalmente se les sanciona y castiga en una especie de mensaje para el resto de las universidades y ciudadanos de que hay temas prohibidos y acciones que no se deben ejercer frente a los tribunales”, agregó.
Como ejemplo de académicos que han sido atacados por presentar denuncias contra el Poder Judicial, está el caso del profesor universitario Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien lleva más de 435 días detenidos de manera arbitraria, mientras su salud se deteriora.
En ese sentido, el académico dijo que “más allá de lo jurídico” la sociedad civil “debe levantar la voz en reclamo y denunciar la violación de los derechos de los y las universitarias”.
“En la actualidad el Gobierno usa la educación para construir un proyecto político ideológico enfocado hacia el control social”, opinó. “Matar la educación equivale a matar la democracia y el desarrollo. Hemos visto día a día cómo los académicos son atacados por participar en el debate crítico”.
Cabe resaltar que estas recientes decisiones se unen a las más de 50 sentencias contra la autonomía de las universidades y universitarios en los últimos 10 años, documentadas por Aula Abierta. Por tanto, no es la primera vez que existen políticas de Estado contra los derechos de los universitarios.
