Protesta y crimen: Los universitarios se mantienen vulnerables frente a la represión del Estado
Los universitarios venezolanos están entre los grupos más vulnerables en contextos de restricción del espacio cívico, debido a una política de Estado que los coloca en desigualdad con respecto a otros, en el acceso a los recursos públicos para ejercer derechos como a la reunión pacífica, a la libertad de expresión, a la libertad académica y a participar activamente en la discusión de asuntos de interés público.
Los organismos del Estado venezolano los perciben como enemigos internos colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad, acentuando la hostilidad e intolerancia social, tal como ocurre con los activistas, periodistas o líderes de partidos políticos, por sus opiniones críticas y producción de conocimiento que permite cuestionar el ejercicio de la labor pública.
Desde hace semanas los universitarios están en las calles junto a otros trabajadores públicos exigiendo la derogación del instructivo ONAPRE, instrumento que viola los derechos laborales al establecer el cálculo de los salarios al margen de las contrataciones colectivas. Protestas contenidas, desviadas y la circulación impedida por órganos de seguridad del Estado como la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Esta actuación no representa una novedad. Durante las protestas antigubernamentales del año 2017 se registraron 356 ataques de diversa índole contra los universitarios, de los cuales 339 fueron a estudiantes y 17 a profesores, revela el informe de Aula Abierta “Los universitarios como grupo en situación de vulnerabilidad en contextos de restricción del espacio cívico”.
Según este informe, al menos, 92 de las manifestaciones convocadas por los catedráticos en 2017 fueron reprimidas. El uso desproporcionado de gases lacrimógenos, proyectiles de tipo perdigón e, incluso, armas de fuego, fue el método recurrente implementado los cuerpos de seguridad del Estado, donde la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue responsable del 82% de los ataques realizados, de manera individual o en coautoría con otros cuerpos del Estado.
Aula Abierta determinó mediante la revisión de casos de tres períodos históricos (2014, 2017 y 2019) y regiones diferentes del país (andes, centro, occidente y oriente), que los cuerpos de seguridad del Estado incrementan su conducta represiva en las manifestaciones cuando los manifestantes son individuos vinculados con la universidad.
En una encuesta aplicada a 70 universitarios, 50% admitió sentirse discriminados por algún funcionario de seguridad del Estado u otro organismo público; 62.9% dijo sentirse más vulnerable a ser objeto de represalias que otros miembros de la sociedad.
Protestas universitarias: cárcel y detenciones injustas
Los universitarios en Venezuela como grupos vulnerables son susceptibles a ser objeto de represalias por protestar o por expresar opiniones contrarias a las emitidas por el Gobierno nacional, que se materializan mediante encarcelamientos y detenciones arbitrarias.
Durante las protestas antigubernamentarles de 2017, Aula Abierta documentó que entre los meses abril y julio al menos 339 estudiantes universitarios fueron detenidos injustamente; muchos de ellos presentados ante la justicia militar quedando con medidas privativas de libertad. Entre los casos emblemáticos se menciona el de Carlos Ramírez, estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes (ULA), detenido por efectivos de la GNB mientras se encontraba en una protesta.
Los profesores también fueron víctimas. Al menos, 17 educadores universitarios fueron detenidos entre febrero y octubre de ese año. Los motivos: publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales y participación en manifestaciones en contra del gobierno. De los 17, ocho fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y 3 liberados de los centros de detención.
De los docentes detenidos, cinco fueron imputados con el cargo de traición a la patria y dos con el cargo de terrorismo. Situación que evidencia su condición de fragilidad, al ser catalogados públicamente con calificativos que los exponen a un ambiente de hostilidad y discriminación en la sociedad a la que pertenecen.
Resaltan los casos de Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo (UC), procesado ante la justicia militar por traición a la patria, luego de publicar un artículo de opinión en un diario internacional; Rolmán Rojas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UC, detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Aragua y presentado por terrorismo; y Yoel Bellorin, profesor de la Universidad de Oriente (UDO), imputado por terrorismo.
En el año 2019 las protestas de los universitarios también fueron criminalizadas. El informe de Aula Abierta expone que, al menos, dos profesores y 41 estudiantes que participaron en manifestaciones pacíficas convocadas por la Asamblea Nacional fueron arrestados –entre el 23 de enero y el el 01 de-; nueve de estos eran líderes o miembros de asociaciones estudiantiles. Los académicos fueron presentados ante tribunales y uno de ellos fue privado de libertad.
Tratos crueles, inhumanos y degradantes
El Observatorio de Derechos Universitarios de Aula Abierta recibió unas 5 denuncias de universitarios en 2017 privados de libertad por protestar, sometidos a fuertes agresiones físicas y psicológicas durante distintos momentos; entre estos el de la aprehensión, el traslado a centros de detención y la permanencia en centros de detención provisionales en espera a ser presentados a los tribunales y en momentos posteriores.
Se detectó la práctica generalizada de golpizas, algunas realizadas con superficies de hule u otros materiales sobre la piel, con la finalidad de ocultar posibles hematomas.
Irrupción en los recintos universitarios
Durante los meses de las protestas en 2017, también se registraron 21 irrupciones a diversos recintos de enseñanza superior, comandadas por órganos oficiales o civiles armados, según detalla el informe. Siete ataques ocurrieron en las inmediaciones de los mismos. Esto refleja un patrón de represión agravada, debido a la percepción que tienen los organismos de seguridad del Estado de que los académicos son enemigos de la nación.
En años posteriores se documentaron incursiones de los cuerpos de seguridad del Estado en recintos universitarios. Una de ellas la efectuada en el 2018 durante la celebración del día del estudiante universitario, el 21 de noviembre, una asamblea estudiantil dentro de la UCV fue interrumpida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes ingresaron a la universidad, disparando bombas lacrimógenas. Siete estudiantes terminaron lesionados: tres por asfixia y otro por el impacto de un objeto contundente.
Otro incidente fue la manifestación realizada en la Plaza Juan Pablo II de la ciudad de Maturín, estado Monagas, donde más de 900 personas fueron reprimidas por la GNB, en conjunto con un grupo de civiles armados, llegando a expresar que su preferencia era detener estudiantes, según declaraciones registradas por Aula Abierta.
