Estado venezolano no acepta las recomendaciones del EPU sobre autonomía y derechos universitarios
De las 328 recomendaciones realizadas a Venezuela por 116 países durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado se niega a aceptar 59 de ellas, de las cuales dos están vinculadas con la autonomía y los derechos universitarios.
El Estado venezolano solo adquirió 12 compromisos voluntarios pero ninguno de ellos menciona expresamente el derecho a la educación, en cualquiera de sus niveles.
Las recomendaciones sobre la educación en Venezuela fueron producidas por Bangladesh, Brunéi, Corea, Eswatini, Filipinas, Omán, Rumanía, Santa Sede, Singapur, Países Bajos, Tanzania y Uruguay.
Uruguay manifestó su preocupación por la autonomía universitaria y solicitó “poner fin a la intervención en las universidades y otros institutos de enseñanza superior, y transformar sin demora el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen la plena independencia y la libertad académica”.
Por su parte, Países Bajos sugirió al Estado Venezolano “poner en práctica las acciones y medidas apropiadas para garantizar un entorno de trabajo seguro para la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los docentes y los trabajadores del ámbito de la salud y de la ayuda humanitaria, sin temor a amenazas, represalias, persecución y encarcelamiento arbitrario ni restricciones injustificadas a la libertad de asociación”.
Respecto a lo anterior, Aula abierta en su contribución al Tercer Ciclo del EPU sobre Venezuela, alertó sobre la política de Estado contra la autonomía universitaria implementada por un sistema de educación superior paralelo y sometido al mismo. Las prácticas del CNU que vulneran la autonomía de gobierno de las universidades como mecanismo de control e instauración de un pensamiento único.
El plan de redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, que buscaba vincular las carreras con planes de desarrollo económico y social del país, priorizando unas carreras sobre otras y omitiendo algunas de carácter humanístico, todo para consolidar un régimen socialista en el sistema de educación superior.
Las violaciones del derecho a la libertad de expresión y asociación, al igual que las conexas a los derechos laborales de educadores, estudiantes y autoridades universitarias en Venezuela, destacando la práctica continuada de imposición unilateral de tablas salariales al sector universitario y las graves transgresiones a la seguridad social y la atención médica de los docentes.
Autonomía, presupuesto justo y respeto a los derechos laborales
Aula Abierta reitera que el Estado venezolano debe cesar toda política y práctica que amenace o viole la autonomía de las universidades, sin distinción alguna, y la igualdad de trato a todas las instituciones existentes de educación superior, públicas y privadas, a fin de preservar la libertad académica y el desempeño de las funciones encomendadas a estas instituciones.
Detener la práctica de asfixia presupuestaria y ofrecer a todas las universidades públicas, sin discriminación alguna, acceso a un presupuesto estable, suficiente y autónomo, que garantice el derecho a estudiar en instituciones con infraestructuras físicas, docentes, técnicas y científicas adecuadas y de calidad.
Certificar el derecho de los profesores universitarios a un salario y a condiciones de trabajo dignas, a la contratación colectiva y a la libertad de colegiatura; absteniéndose de restringir el ejercicio de la libertad académica, de pensamiento, de expresión, de reunión y asociación, de profesores, estudiantes y personal universitario, para que toda opinión pueda ser expresada sin temor a discriminación o represión por parte del Estado.
De modo idéntico, asegurar el pleno ejercicio de los derechos laborales de los profesores universitarios y la progresividad de estos, tal y como lo profesan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.
