APUCV: el Gobierno intenta desarticular las universidades en perjuicio de los trabajadores

El secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, denunció que el Gobierno lleva a cabo una política orientada a desarticular las universidades que busca perjudicar a los trabajadores.

Desde hace más de cinco años, el gobierno de Nicolás Maduro ejerce un “patrón” de “maltrato” hacia los docentes y trabajadores universitarios con prácticas de “desconocimiento del instrumento jurídico que regulan las relaciones laborales” y de los acuerdos en las actas de convenios.

“Ese maltrato al sector universitario, y especialmente hacia los docentes, se presentó a partir del 2018 con la imposición del memorándum 2792, en tiempos de la reconversión monetaria cuando se cambió todo el tabulador salarial”, dijo Afonso en entrevista para Aula Abierta.

“Esa misma historia se está repitiendo de nuevo ahorita en marzo a través de lo que hemos conocido como el instructivo ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto), que desconoce toda la Cuarta Convención Colectiva Única del sector universitario firmada con la ilegítima Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), el ministro de Educación, Eduardo Piñate y el ministro de Educación Universitaria de ese tiempo, César Trómpiz”, afirmó el representantes de los docentes de la UCV.

Pagos incompletos

El secretario de la APUCV denunció también que desde la implementación del pago de nómina a través de la plataforma Patria, “las consecuencias sobre el sistema de remuneraciones del sector universitario han sido verdaderamente negativas”.

Subrayó que este hecho es una violación a la autonomía financiera porque le arrebata la posibilidad a las instituciones de disponer sus recursos.

“(Nos) niegan la posibilidad de que pueda la universidad disponer de esos recursos para algunos movimientos en tránsito, tal como trabajo, ascenso de los profesores, o reclasificación del personal administrativo”, acotó.

Asimismo, Afonso reclamó que los pagos mediante el sistema patria han sido “irregulares e inconsistentes”.

“Irregulares porque son múltiples las quejas de pagos incompletos e inconstantes porque se cambió la fecha de pago. Antes eran 15 y 20 y ahora son los (días) 10 y 25”, dijo. Añadió que siempre hay demora; además, los pagos son incompletos, lo cual genera daños al trabajador. 

“El sistema no ha fortalecido la dependencia administrativa de las universidades. No hay ningún éxito del sistema Patria que prometieron; simplemente es una intervención administrativa a la universidad”, sentenció.

Decisiones arbitrarias son las nuevas agresiones

En cuanto a la Cuarta Convención Colectiva Universitaria, el profesor aseveró que su aprobación, sin la consulta de los FAPUV, es un “episodio” más “de una serie de agresiones contra las universidades” y sus trabajadores. 

“Cuando las relaciones laborales no se regulan, siempre el más perjudicado es el más débil, que es el trabajador”, exclamó.

Por otra parte, rechazó que con la IV CCU se ratifica la creación de un Instituto de Previsión Social nacional. 

Para Afonso un IPP nacional desconoce todo el trabajo descentralizado que durante décadas han hecho las universidades de manera exitosa; pues cada instituto como parte de su universidad cubre las necesidades de sus trabajadores con un buen servicio. Entonces, ¿por qué habría de cambiar eso?

De acuerdo a su análisis, el gobierno plantea un Instituto de previsión centralizado “que es una especie de Ipasme en la versión bolivariana”.

A su juicio, esta idea ha sido “absolutamente un fraude”, porque los trabajadores universitarios perdieron todo tipo de seguridad social.

“Quitó todos los recursos a los HCM básico que administraban los IPP para concentrarlo en lo que hemos denominado el Sismeu, un sistema en el que nadie sabe de cuanto es la cobertura”. A su vez dijo que se trata de un planteamiento “discrecional”.

Declaró que las clínicas que cubre este IPP nacional son “de muy baja categoría en términos de calidad”; lo cual no le genera confianza a los trabajadores. Es por ello que consideran más viable seguir manteniendo a los Institutos individuales por universidad.

Desmejora salarial

Afonso condenó que el salario de los profesores universitarios haya desmejorado en términos de elementos conceptuales.

Aunque hubo un aumento a todo el sector trabajador (por anuncio de Nicolás Maduro), se desconocieron los acuerdos laborales en la nueva tabla salarial.

“En la IVCC un profesor universitario titular de dedicación exclusiva ganaba cerca de 9 salarios mínimos, 49 bolívares. En marzo pasa a ganar 4.2, en términos nominales es más pero en términos de los elementos conceptuales que definen el tabulador, es menos”, aclaró.

Esto quiere decir que los docentes perdieron sus primas y otros beneficios como la beca escolar o la asignación de un presupuesto para los hijos que tengan alguna discapacidad. 

“El aumento se aplicaba de forma lineal a todos los trabajadores de la administración pública”, argumentó.

“La prima de actividad universitaria se establece en el 25% del salario tabla del profesor. (Sin embargo), a través del instructivo ONAPRE impusieron que la cancelación debe ser 12,50. Es decir que se redujo a la mitad”.

También, “se cambió arbitrariamente el cálculo de la prima de antigüedad, que era 2% por año”.

“Si usted tenía 5 años trabajando, el 10% de su salario le correspondía a la prima. Ahora, se aplicó un tabulador de la administración pública que establece entre 0.8 y 1.2 por año con un tope de 30 años”, añadió Afonso.

Esto quiere decir que con el aumento de Maduro del 1.800%, un profesor titular de dedicación exclusiva debía pasar a ganar 855 bolívares. Sin embargo, pasó a ganar 522 bolívares. Esto es 39% menos de lo que le correspondía.

“Entonces, hay una desmejora salarial continuada, producto de la arbitrariedad que irrespeta todos los acuerdos laborales” porque “se favorece en términos nominales, pero se desmejora porque se pierden todos los beneficios”.

Evidentemente, todo lo mencionado “es una política, no son medidas aisladas ni errores administrativos”, afirmó el secretario de la APUCV, José Gregorio Afonso.