La precariedad y retaliaciones contra universitarios aumentaron en 2021 con la IV Convención Colectiva
El 2021 fue otro año más de ensañamiento de parte del Estado contra las universidades y sus trabajadores, especialmente contra aquellos que imparten el conocimiento y buscan una sociedad informada, innovadora y con acceso a la educación.
Además de la asfixia inducida por el Estado al solo asignar el 2% del presupuesto solicitado por las universidades para su funcionamiento, los incidentes de inseguridad que sumaron en 2021 un total de 156; el Gobierno ejecutó un plan de ataque directo contra los profesores universitarios con la Cuarta (IV) Convención Colectiva Única.
El ataque a los universitarios
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y las agrupaciones sindicales de trabajadores universitarios legítimamente constituidas no fueron consideradas por el Estado venezolano en la discusión del mencionado documento.
La Convención Colectiva se manifiesta en un documento en la que se acuerda entre los sindicatos de trabajadores y patronos o sindicato de patronos reglamentos en tema de condiciones de trabajo y demás materias relativas.
El último documento firmado no incluye a todo el sector universitario porque directamente el Ministerio de Educación Universitaria excluyó a la FAPUV, principal federación que compone la agrupación de todas las universidades públicas del país y sus miembros.
La noche del miércoles 28 de julio, las autoridades venezolanas del Ministerio y representantes de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) firmaron la IV Convención Colectiva Única y celebraron una nueva tabla salarial.
Estas “tasas salariales” para los profesores siguen siendo irrisorias. Aproximadamente, 11 dólares es lo que pasó a ganar mensualmente el profesor titular, a dedicación exclusiva, el escalafón más alto de la tabla.
Un profesor gana mucho menos de un dólar por día, lo cual ya es considerado “pobreza extrema” según los estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Se va a ganar 11 dólares en un país donde el pasaporte te lo cobran en 200 dólares y la canasta alimentaria está en 300 dólares”, objetó la secretaria de actas, memorias e información de la FAPUV, Keta Stephany en entrevista concedida a Aula Abierta.
Stephany hizo la salvedad de que nunca existió un diálogo para la inclusión de los máximos organismos responsables de sus trabajadores.
“Las bases de los distintos sectores universitarios no fueron consultadas y, por lo tanto, eso no puede considerarse una convención. Simplemente es una imposición que se está haciendo desde el partido de gobierno y desde la burocracia del gobierno al sector universitario”, señaló Stephany.
“La imposición de esa supuesta Cuarta Convención Colectiva es un hecho que viola, no solo los convenios de la OIT, viola el derecho a la negociación colectiva”, indicó la secretaria, al mismo tiempo que agregó que se violan los convenios internacionales, la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, los acuerdos federativos de las universidades y viola las actas convenio.
“Ese es un documento que viola toda la normativa vigente actualmente en Venezuela”, enfatizó Stephany en agosto posterior al anuncio oficial.
IV CCU: Impuesta como mecanismo de retaliación
Ocho líderes representantes de los docentes se pronunciaron en conjunto en una declaración ofrecida a Aula Abierta para rechazar la Cuarta Convención Colectiva Única del sector universitario, ya que se empleó como mecanismo de retaliación hacia los docentes por sus opiniones críticas sobre las políticas de Estado en contra de la autonomía universitaria, la libertad de asociación, la libertad académica y los derechos humanos en Venezuela.
Precisamente, Aula Abierta constató que en Venezuela, al menos desde el año 2000, el gobierno ha restringido el derecho de libertad de asociación y libertad de expresión en torno a los derechos universitarios.
Adoctrinamiento de ideología socialista
En el proyecto de IV CCU —difundido por medios no oficiales como redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea en conversaciones profesorales— se encuentran cláusulas donde se denota un adoctrinamiento o ideologización dentro de las universidades públicas en Venezuela y sus empleados
Por estas mismas razones no se incluyó a la FAPUV, porque es un organismo que defiende el pensamiento crítico y a sus trabajadores.
Contrario a la FTUV, grupo gremial pro gobierno que es una muestra del paralelismo sindical promovido por el partido de gobierno.
La FTUV apenas agrupa 10.000 trabajadores universitarios (personal docente, administrativo y obrero), mientras que la FAPUV representa a 40.000 profesores agremiados
Agresiones inherentes
A través del Coordinador del Sector Obrero de la FTUV, Orlando Zambrano, el gremio conoció que se había aprobado la creación del Instituto de Previsión Social (IPP) de los Trabajadores Universitarios de Venezuela, el cual presuntamente funcionará “sin desconocer los institutos ya existentes”.
Esta acción es considerada desde Aula Abierta como un atropello más por ser una figura paralela a las instituciones ya existentes, legítimamente constituidas.
En vez de solventar la problemática, falta de recursos y equipos de los institutos de las universidades autónomas, se crea otro a favor de un grupo selecto.
Los Institutos de Previsión Social del Personal Docente, conocidos como IPP, en la actualidad no cuentan con materiales, herramientas, insumos y presupuesto para garantizar el servicio de atención médica como garantía del derecho a la salud y a la seguridad social del sector universitario, esto como resultado de la asfixia presupuestaria inducida a las casas de estudios superiores.
Como consecuencia de lo anterior, los profesores se han visto en la necesidad de acudir a centros de salud pública y solicitar ayuda económica privada para cubrir tratamientos médicos.
En otro contexto, el 18 de junio de 2021, la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ) denunció el anuncio de la decisión tomada en consecuencia de los resultados de una presunta consulta nacional realizada sobre la preservación y pago de las prestaciones sociales en la moneda digital venezolana, Petro.
La APUZ desconoció la referida consulta por tratarse otra de las irregularidades dentro de la discusión de la IV CCU. Sin embargo, por más denuncias que presentaron los agremiados de todo el país —incluso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, el gobierno continúa procesando de manera arbitraria los pagos por la plataforma Patria, no permitiendo que la misma universidad ejerza su autonomía financiera al pagarle a su personal.
Las vulneraciones a los derechos sindicales están reseñados en el informe de Aula Abierta que recoge las acciones del Estado venezolano, titulado “Violaciones a la libertad de asociación y derechos laborales de los profesores universitarios en Venezuela en el marco de la adopción de la IV Convención Colectiva Única del sector universitario”.
