En 2021 el hampa volvió a ser el dolor de cabeza de las universidades
El 2021 representó para las universidades públicas de Venezuela la continuación de los ataques por parte del hampa que, con destrozos y robos, han sumergido a estas casas de estudio en una situación mucho más comprometedora de la que ya estaban, tanto por incidentes de inseguridad recientes como por la asfixia presupuestaria ejecutada por el Gobierno que impide cubrir gastos de seguridad, reponer equipos hurtados o arreglar infraestructuras destruidas.
Entre enero y noviembre hubo un total de 150 incidentes de inseguridad confirmados por el Observatorio de Universidades de Aula Abierta, siendo enero el mes que más registró con un total de 28.
Un patrón reiterado durante 2021 y que fue reseñado en el especial de Aula Abierta del pasado año, denominado #SeDesagranLaU, es la poca o casi nula respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado antes las denuncias de autoridades universitarias cada vez que ocurre un incidente de inseguridad.
Uno de los casos que refleja esta delicada situación lo reportó en marzo Giovanni Castellano, Vicerrector-Decano del Núcleo Universitarios Rafael Rangel (NURR) de la Universidad de los Andes, quien dijo que para ese entonces había más de 10 robos en esta sede que incluían equipos de refrigeración, aires acondicionados, neveras y fotocopiadoras, mientras la Fiscalía General no tomaba cartas en el asunto a pesar de que los cuerpos de seguridad habían investigado.
“Nosotros vemos como denunciamos como universidad ante los cuerpos policiales y judiciales, y los cuerpos de policía de investigación científica y criminológica hacen su trabajo, citan las personas, sustentan los expedientes, pero no hemos visto medidas por parte la fiscalía, no hemos visto acciones concretas de citación, de pasar a tribunales algunos casos, de que la fiscalía impute algunas personas o que haga medidas de seguridad”, declaró Castellano a Aula Abierta.
Tragedias por falta de vigilancia
Asimismo, en la ULA, como en muchas otras universidades, la asfixia presupuestaria incide directamente en la inseguridad de los recintos, pues para octubre se reportaba un 80% de déficit en los cuerpos de vigilancia.
“Tenemos un déficit de más del 80% de los cuerpos de vigilancia y además, unos salarios para nada atractivos que no permiten abrir un concurso para nuevos vigilantes ya que nadie se va a postular”, dijo Angélica Ángel, coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitario por los Derechos Humanos (FEDEHU) en la región andina a Aula Abierta.
“Cada planta física, cada facultad tiene aproximadamente de dos a cinco vigilantes, facultades que en circunstancias normales deberían tener más de 15 vigilantes”, agregó.
Por falta de vigilancia también ocurrió uno de los hecho más lamentables del año en el ámbito universitario, cuando el pasado 16 de noviembre la Casa del Profesor Universitario de la Asociación de Profesores Universitarios del Zulia (APUZ) fue incendiada luego de que sujetos desconocidos lanzaron un artefacto incendiario contra la ventana de la oficina de la Secretaria Ejecutiva de la sede gremial. Todo ocurrió cuando el sustituto de vigilancia nocturno no llegó.
Sin recursos para recuperarse
La actitud de las autoridades del Estado sigue generando preocupación, pues estos hechos afectan de manera estructural a las universidades, así como también el funcionamiento en las actividades de docencia, investigación y extensión, además del proceso educativo en el que participarán miles de estudiantes y profesores si se llegara a reiniciar las clases completamente presenciales.
La situación empeora cuando con el pasar de los meses, e incluso años, facultades de diversas universidades siguen sin poder activar su operatividad de forma óptima tras ser afectados considerablemente por el hampa, por no contar con el presupuesto necesario. Por ejemplo, más de dos años sin electricidad tiene la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia por el hurto del cableado ocurrido desde el 25 de marzo del 2019. Las carreras de Física, Química, Biología, Matemática, Computación y Antropología se han visto afectadas.
“Hay que energizar desde la subestación, los módulos, en Biología y también se energizaría hasta el edificio de Grano de Oro. Para la recuperación de lo que ha sido brequeras internas, brequeras principales, solamente en la parte eléctrica el proyecto está sobrepasando los 120 mil dólares”, manifestó Beatriz González, Decana de la Facultad Experimental de Ciencias en entrevista para Aula Abierta en noviembre de 2021.
Un llamado urgente
Si a los 150 incidentes de inseguridad de 2021 se le agregan todos aquellos que ocurrieron desde que se decretó la cuarentena por la pandemia COVID-19 en marzo de 2020, la cifra se eleva a 330 en 16 de las principales universidades públicas, destacando entre las áreas más afectadas las de docencia, investigación, dependencias universitarias y servicios estudiantiles.
Las universidades más afectadas en este período de cuarentena son la Universidad de Los Andes (90) la Universidad del Zulia (69), la Universidad de Oriente (61), la Universidad Central de Venezuela (56) y la Universidad de Carabobo (14).
Los ataques contra las instituciones de educación superior de Venezuela violan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria publicados el pasado 9 de diciembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo principio V reseña: “los ataques contra instituciones, bibliotecas o laboratorios violan los derechos fundamentales de las personas, coartan la libertad académica y siembran la autocensura en la sociedad. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores”.
Desde Aula Abierta hacemos un llamado de urgencia al Estado venezolano para que tome cartas en el asunto en cuanto a la inseguridad que azota a las universidades, proporcionando el presupuesto necesario para cubrir tanto gastos de vigilancia, como la reposición de equipos robados.
Asimismo, el llamado es también a las fuerzas de seguridad del Estado para que atiendan oportunamente las denuncias que realizan las autoridades universitarias cuando ocurren los incidentes de inseguridad que afectan a sus casas de estudio.
Recordamos que la Universidad necesita estar en óptimas condiciones para formar a los profesionales que pueden garantizar el progreso de la nación en los años que están por venir.
