La CIDH expresa preocupación por la situación de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), y sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y para la Libertad de Expresión (RELE), expresaron preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y cómo afecta a la libertad académica.
El organismo detalló que recibió información sobre la decisión del Estado de realizar el pago de nóminas del personal de las universidades públicas y sus entes adscritos a través del Sistema Patria, por lo cual advierten que este mecanismo “podría generar un efecto amedrentador en profesores y personal universitario con posiciones críticas hacia el gobierno”.
Con respecto a este tema, a tres meses de que el pago de los universitarios se centralizara mediante el sistema Patria, las asociaciones de profesores denunciaron vulneraciones a sus derechos laborales, la inexistencia de una instancia a la cual acudir ante problemas de pago salariales y que dejaron de recibir los pagos de los afiliados.
En entrevista con Aula Abierta, la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (APUCLA), Deborah Velázquez, señaló que la universidad ya no puede responder a los reclamos de los profesores porque perdieron el manejo de los recursos.
“La universidad ya no puede responder al no manejar esos recursos, por lo que el reclamo no puede ser procesado ante esa instancia. Al no saberse ante quien tramitar el reclamo, la respuesta se dilata aún más, perdiéndose así también el derecho a la respuesta oportuna”, dijo Velázquez.
La CIDH y sus Relatorías Especiales también consideran que los cortes presupuestarios de recursos monetarios asignados a las universidades “podrían agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector educativo venezolano al exponerlo a mayores déficits financieros y endeudamientos de sus instituciones”.
Afectaciones a la libertad de asociación
Por otra parte, la CIDH también habla sobre la exclusión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y otras agrupaciones universitarias de las negociaciones colectivas con el gobierno, “afectando la libertad de asociación del cuerpo docente”.
“Tal es el caso de la I, II y III Convención Única del Sector Universitario (CCU), y recientemente de la instalación de las mesas de negociación de la IV Convención Colectiva. Según indican organizaciones de la sociedad civil, esto habría ocurrido como retaliación por sus opiniones críticas a las políticas gubernamentales en materia laboral”, explica el organismo.
José Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), habló con Aula Abierta sobre este tema, afirmando que “la discusión de la cuarta Convención Colectiva Única de Trabajo para el sector universitario debe darse convocando todas las organizaciones que representan a los trabajadores del sector docente, el sector obrero y el sector empleado”.
“Con especial énfasis, por supuesto, a las que son mayoritarias, es decir, aquellas que dado el número de afiliados que posee, son más representativas en su sector”, agregó Afonso.
Salarios de hambre
Asimismo, la CIDH destacó la baja remuneración que reciben las y los profesores de las universidades públicas, “la cual oscila entre $5.92 y $10.43 USD”.
Por ello, urgen al Estado a “garantizar y preservar los derechos laborales, incluyendo la libertad de asociación y la provisión de un salario digno”.
En enero de 2021, William Anseume, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), destacó para Aula Abierta aspectos notorios en violaciones a los derechos laborales de los universitarios.
“El primero de ellos son los sueldos míseros de pobreza extrema que padecemos los universitarios, el segundo tiene que ver con los impedimentos de la labor docente, de la labor académica en Venezuela, por límites materiales y físicos, esto para las dos vertientes que están ahora de moda en la educación que son la presencial y la virtual”, expresó Anseume.
Alerta ante nuevo plan educativo
La Comisión también mostró preocupación por el plan educativo presentado en 2020 por el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trómpiz, que se titularía “Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la reactivación del Aparato Productivo Nacional”.
Para la CIDH, el hecho de que este plan proponga un nuevo esquema educativo que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes universitarios principalmente a las carreras que respondan a las “necesidades de formación de la nación”, implicaría “deteriorar el autogobierno de las universidades públicas” y “condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de las y los estudiantes”.
Elecciones estudiantiles
Sobre las elecciones estudiantiles, la CIDH afirma tener conocimiento de que organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el Poder Judicial “ha proferido más de 50 decisiones suspendiendo elecciones estudiantiles o desconociendo sus resultados”.
Con ello, han obligado “a las universidades a acatar designaciones arbitrarias, e incluso legislando sobre procedimientos para la elección del gobierno universitario”.
El pilar fundamental para la democracia
La CIDH y sus Relatorías Especiales destacaron el rol trascendental que tienen las universidades “como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas”, resaltando además “la estrecha relación que existe entre la libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad democrática”.
En ese sentido, citan a la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, cuando afirman que “sin libertad académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas y en las condiciones sociales”.
La CIDH urge al Estado venezolano a adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria y la libertad académica. También hacen un llamado a abstenerse de realizar el pago de nóminas de docentes y personal de las universidades públicas a través del Sistema Patria y a asegurar la asignación del presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones universitarias.
“Las universidades son un pilar fundamental para la democracia y que estas no pueden existir sin la crítica, la pluralidad, la libertad de pensamiento y de expresión”, sentencian.
