Javier Tarazona: la nueva víctima de la política de persecución contra activistas y académicos
La reciente detención del director de Fundaredes, Javier Tarazona, forma parte de una política de ataques sistemáticos por parte del Gobierno venezolano contra activistas y académicos por sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante los últimos años.
A Tarazona se le imputaron los delitos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio, junto a Rafael Tarazona y Omar de Dios García, también activistas de Fundaredes. A todos se les ordenó la privación preventiva de libertad, sin permitírseles tener acceso a sus abogados de confianza.
Desde que Tarazona fue detenido junto a sus dos compañeros de Fundaredes, el pasado 2 de julio, diversas organizaciones se han unido para denunciar esta detención arbitraria y exigir la libertad inmediata de los activistas.
Raúl López, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), horas después de su detención, exigió en entrevista para Aula Abierta su libertad inmediata y el respeto a sus derechos humanos.
Pero las autoridades, lejos de mostrar la intención de hacerlo, han continuado con más ataques hacia los activistas y la organización: este 14 de julio por la noche la mamá de Tarazona fue detenida durante unas horas por el SEBIN, además la sede de Fundaredes en San Cristóbal fue allanada y destrozada.
Cabe resaltar que en julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Tarazona Sánchez y su familia en Venezuela.
Para David Gómez Gamboa, Director de Aula Abierta, en Venezuela “lamentablemente” se viven diversas prácticas de persecución, en el marco de una política de Estado contra la libertad académica, universidades críticas y universitarios críticos.
“El hecho de que cualquier régimen autoritario pretenda cometer retaliaciones y persecuciones contra académicos, por el hecho de su producción científica, pero también porque participe en el debate crítico, es absolutamente grave”, expresó.
“Lo que ha pasado con Javier Tarazona, que no solo es profesor universitario sino también es un activista defensor de derechos humanos, es preocupante”, añadió.
Años de denuncias
Tarazona es profesor de Educación Integral en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y ha sido docente invitado de pregrado y postgrado en universidades de Chile, Colombia, México y Bolivia. Desde la organización que dirige ha realizado diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos, que han llegado a instancias internacionales. Entre ellas destacan trabajos sobre esclavitud moderna, mafias organizadas que controlan el suministro de gasolina en algunas regiones, la vinculación de funcionarios del Estado con grupos armados irregulares y la crisis educativa, tanto de escuelas y liceos, como de universidades.
En uno de sus trabajos sobre educación, publicado en junio de 2021 en la página de Fundaredes, se puede leer que la sede de la Universidad de los Andes, Núcleo Doctor Pedro Rincón Gutiérrez de Táchira, registra acumulación de desechos sólidos, ha sufrido hurtos y no tiene presupuestos ni suficiente personal para atender todas las necesidades que se presentan. Todos estos factores representan un peligro para la libertad académica y la educación en esta región.
En el trabajo también se recuerda que, hasta esa fecha, el Estado no está presto a suministrar diariamente a la población estudiantil y a todos los trabajadores de la educación los implementos de bioseguridad como tapabocas, alcohol y otros artículos de desinfección que son necesarios cuando haya contacto en las aulas, aunque sea de forma semi presencial.
“Sin estas medidas se estaría atentando contra el derecho a la vida, ya que para el reinicio de las actividades escolares en el mes de septiembre, no estará la mayor parte de la población vacunada, tomando en cuenta el escaso avance de la inmunización en el país”, se lee en el texto.
Debate crítico
Desde Aula Abierta hacemos un llamado a la comunidad internacional a que pongan atención a las distintas situaciones de violación a la libertad académica y derechos de los y las universitarias.
Los universitarios deben sentirse libres, no solo de producir conocimiento, sino también de participar en el debate crítico que la sociedad venezolana requiere. Sin universidad y sin libertad académica, no hay democracia ni desarrollo posible.
