Universitarios y ONG de la sociedad civil exigen una salida a la crisis educativa
Ante la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país y que afecta a las universidades públicas del país, universitarios y organizaciones de la sociedad civil exigen al Estado venezolano que presente un plan para atender la crisis del sector educativo superior, acordado con los actores de la vida universitaria, que garantice el reinicio total de las actividades académicas bajo condiciones dignas.
La exigencia se formula mediante un comunicado, donde se demanda respeto a la autonomía universitaria, considerando las agresiones que han sufrido las instituciones como la migración de la nómina universitaria a la plataforma Patria.
“Exigimos que el Estado venezolano: cese la intervención judicial contra las universidades; presupuestos acordes para su funcionamiento; revertir la medida de confiscación de la nóminas del personal universitario a través del sistema Patria; becas justas, servicios de comedor y transporte para los estudiantes, y remuneraciones suficientes para los docentes, empleados y obreros”.
“Exigimos al Estado Venezolano que respete la autonomía universitaria, cese las persecuciones, injerencias, asfixia presupuestaria, becas estudiantiles y salarios con montos irrisorios como práctica de represión a libertad académica en las universidades”, expone el documento entre los ocho términos manifestados.
También, quienes suscriben el comunicado demandaron un pronunciamiento por parte de los organismos internacionales y denunciaron que los profesores no tienen atención médica, ni servicios y programas que componen su seguridad social.
Se resalta que la asfixia presupuestaria originada por el Estado, que aprueba presupuestos irrisorios, es la causa de una crisis agravada que pone a los trabajadores en condiciones de pobreza extrema –según estándares internacionales como las Naciones Unidas– y a una comunidad estudiantil sin providencias esenciales como rutas de transporte, comedores, residencias, bibliotecas y becas.
“La crisis universitaria no es parcial, es sistémica, es inédita en América Latina dada sus dimensiones y profundidad. Su solución se inscribe en la perspectiva de los derechos humanos, es por eso que aunque los esfuerzos de los universitarios y la sociedad en general, dentro y fuera del país, son muy importantes para generar soluciones, estos no son suficientes”.
A continuación el comunicado:
Los universitarios venezolanos exigimos soluciones a la crisis de las universidades
En la última década los problemas de las instituciones de educación superior se han agravado exponencialmente. El Estado venezolano ha violentado la autonomía y reducido el presupuesto universitario; desconoce los compromisos laborales que contrajo con sus trabajadores y abandonó la obligación de proteger y promover el bienestar de sus estudiantes.
La irrupción provocada por la actual pandemia ha agudizado la crisis de la universidad venezolana. Entre marzo del año 2020 y abril del 2021, develó los obstáculos que genera para la educación superior contar con la conectividad más deficiente de América Latina, el colapso casi total de los servicios públicos y la destrucción sostenida del patrimonio científico nacional, como consecuencia de más de dos centenas de actos vandálicos contra las universidades.
La reiteración por parte del Estado venezolano de las políticas para el sector universitario que provocaron que diversas casas de estudios superiores y la Asamblea Nacional declararan la “Emergencia Humanitaria Compleja en el 2018”, junto a los problemas derivados de la pandemia, han profundizado las limitaciones de funcionamiento de las universidades. El deterioro de las instituciones de educación superior produce daños invaluables a los universitarios y al país, en especial en el contexto actual, en el cual la ciencia es el principal recurso de la humanidad para superar la realidad que vive.
En la actualidad todo el personal docente, administrativo y obrero universitario perciben remuneraciones que les condenan a vivir en pobreza extrema, obligándoseles a buscar otros trabajos que financien su permanencia en la universidad. El presupuesto universitario del 2021 aprobado para las instituciones de educación superior en ninguna universidad supera el 5% de lo solicitado y de ese total, sólo envía una quinta parte, lo que hace aún más inviable el funcionamiento de estas casas de estudio. Esta realidad presupuestaria, incide directamente en los recursos que reciben las asociaciones de profesores y los Institutos de Previsión Social, dejando a los profesores sin atención médica y demás servicios y programas que componen su seguridad social.
La política de Estado de exclusión de las asociaciones de profesores de los espacios públicos de discusión ha incidido en los salarios de extrema pobreza del profesorado. El Estado reiteradamente estimula de paralelismo sindical y excluye a estas organizaciones en los procesos de discusión de normas colectivas que regulan las relaciones laborales.
La crisis universitaria también ha alcanzado a los sistemas de desarrollo estudiantil que protegen a los estudiantes y las estudiantes, y favorecen su prosecución académica, estos prácticamente han desaparecidos, excluyéndose del derecho al estudio a la juventud universitaria socialmente más vulnerables.
A los estudiantes universitarios en Venezuela no se les garantiza providencias estudiantiles esenciales como: rutas de transporte, comedores, residencias, bibliotecas y becas estudiantiles; por concepto de beca estudiantil se paga un monto de Bs.S. 1.440.000,00 monto cuya equivalencia no alcanza USD$1 según el cambio oficial y que se paga a través del Sistema PATRIA, sin pasar por las arcas de las Universidades violentando la Autonomía financiera de las mismas. Además no cuentan con financiación para desarrollar programas y proyectos para desarrollar actividades de investigación y extensión, deteriorándose progresivamente la academia y la producción de conocimiento científico.
La continuidad de las políticas del Estado venezolano que provocan la crisis en las universidades, evita que estas reinicien sus actividades académicas, lo que genera una crisis social de gran magnitud, cuya expresión más preocupante es el abandono forzado de los jóvenes de sus estudios universitarios, un hecho que ocurre en contra de su voluntad, en contra de su proyecto de vid y en contra, generalmente, de la única posibilidad que tenían de formarse profesionalmente.
La crisis universitaria no es parcial, es sistémica, es inédita en América Latina dada sus dimensiones y profundidad. Su solución se inscribe en la perspectiva de los derechos humanos, es por eso que aunque los esfuerzos de los universitarios y la sociedad en general dentro y fuera del país son muy importantes para generar soluciones estos no son suficientes.
La acción de corresponsabilidad social de quienes están comprometidos con las universidades siempre ayuda y ha permitido, aunque en forma parcial el funcionamiento de las universidades. Su valor es ético y edificante en términos de compromiso ciudadano. Sin embargo, la variedad y magnitud de los problemas actuales, demanda soluciones cuyas dimensiones y sostenibilidad son imposibles de alcanzar sin la intervención del (los) Estado (s).
La educación de calidad en todos sus niveles y modalidades, en este caso la universitaria, es una puerta a otros derechos y una vía para alcanzar una vida digna. Es un activo que le pertenece a las sociedades en las que el desarrollo es una apuesta permanente y, en consecuencia, se debe convertir en el sustrato de sus políticas públicas. Por tal motivo, quienes suscribimos este comunicado:
- Demandamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exijan medidas concretas al Estado venezolano para enfrentar la Emergencia Humanitaria que vive el sector universitario.
- Denunciamos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la situación de desatención en salud por la que atraviesan los docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, lo que incrementa su condición de población vulnerable.
- Exigimos que el Estado venezolano: cese la intervención judicial contra las universidades; presupuestos acordes para su funcionamiento; revertir la medida de confiscación de la nóminas del personal universitario a través del sistema patria; Becas justas, servicios de comedor y transporte para los estudiantes, y remuneraciones suficientes para los docentes, empleados y obreros.
- Reclamamos que el Estado venezolano cumpla sus compromisos con el sistema de salud y seguridad social de los universitarios.
- Solicitamos al Estado venezolano que presente un plan de emergencia para atender la crisis de las universidades, acordado con los actores de la vida universitaria, que garantice el reinicio total de las actividades académicas de las instituciones de educación superior en condiciones dignas.
- Exigimos al Estado Venezolano que respete la autonomía universitaria, cese las persecuciones, injerencias, asfixia presupuestaria, becas estudiantiles y salarios con montos irrisorios como práctica de represión a libertad académica en las universidades.
- Reiteramos nuestro compromiso con la universidad y la democracia venezolana, por lo que colocaremos nuestros mejores esfuerzos en la defensa de los derechos humanos que solo ellas garantizan.
- Convocamos a la sociedad en general a movilizarnos en favor del restablecimiento inmediato y a cabalidad de las actividades de la universidad venezolana. Sin universidades no hay democracia, sin democracia no hay desarrollo.
ADHESIONES:
AULA ABIERTA
ACCESO A LA JUSTICIA
ADELANTE UDO
ALIANZA NACIONAL TODOS POR LA EDUCACIÓN
APUC
APUCLA
APUFAT-UCV
APULA
APUNEG
APUNELLEZ
APUNET
APUZ
ASDELUZ
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CODHEZ
COMPROMISO ESTUFDIANTIL 1
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CONFEV
DCU2
EQUIPO 10
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FCU-UCLA
FCU-UCNA
FCU-UCV
FCU-ULA
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FENAD
FENEDE
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FEVECIPOL
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FRACCIÓN ACCIÓN UNIVERSITARIA
GENERACIÓN UFT
GENTE UC
GRITEMOS CON BRIO
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IRREVERENCIA ESTUDIANTIL UDO ANZOÁTEGUI
MÁS UDISTAS
MOVIMENTOS MILES
MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA 31
MOVIMIENTO FUTURO
MOVIUDO
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PLATAFORMA ESTUDIANTIL PROULA
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PROYECTO UDO
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