Universidades no cancelarán sueldo a sus trabajadores a través del sistema patria
Una comisión de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se reunió con el ministro de la educación universitaria, César Trómpiz, para discutir el pago de la nómina de los trabajadores universitarios a través del sistema patria, medida que fue rechazada por las universidades autónomas del país y acordaron la cancelación de la próxima quincena con la autonomía ejercida por las universidades.
La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, informó que en la reunión acordaron empezar a discutir con los técnicos de las universidades y los de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) el alcance y ejecución de la Plataforma Patria sin afectación a la autonomía universitaria. Asimismo, exigieron el pago de gastos de funcionamiento antes del mes de abril del presente año.
“La reunión con el ministro fue muy positiva. Logramos que esta quincena se pague con la autonomía ejercida por las universidades. Empezar a discutir con nuestros técnicos y los de la OPSU el alcance y la ejecución de la plataforma patria sin afectación de la autonomía universitaria. Exigimos que se paguen los gastos de funcionamiento antes de abril de este año”, señaló Cecilia García Arocha, Presidenta de AVERU y Rectora de la UCV.
En la reunión con Trompiz estuvieron presentes en representación de la AVERU, además de García Arocha, la rectora de la Universidad de Carabobo (UC), Jessy Divo; el rector de la Universidad Politécnica Experimental Libertador (UPEL), Raúl López y la Rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), Rita Añez.
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El pasado 6 de marzo, Omar Oberto Aparicio, Director del Programa Administrativo Financiero de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) notificó mediante un chat grupal del servicio de mensajería Telegram que “a partir de la primera quincena del mes de marzo, los pagos de sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos se harán efectivos mediante la plataforma Patria”, invitando a las autoridades remitir este requerimiento el día 8 de marzo de 2021, “a fin de garantizar el procesamiento de los mismos”.
Esta actuación por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) representa un nuevo ataque a la autonomía universitaria que corresponde a las Universidades públicas venezolanas y arrebata la competencia en cuanto al manejo financiero y económico de la institución, lo cual incluye los pagos correspondientes a su personal que labora en las universidades.
“Sistema patria” como mecanismo de control
No es la primera vez que el gobierno de Maduro usa el “sistema patria” como un mecanismo para pretender controlar las universidades y vulnerar su autonomía. En junio del 2020, el ministro para la educación universitaria, César Trómpiz, anunció que el pago correspondiente a las becas estudiantiles de las universidades autónomas sería abonado mediante el sistema Patria, por un monto de 320 mil bolívares (actualmente cobran 960 mil bolívares), afectando a aquellos estudiantes que no estaban inscritos en el sistema o no poseen el carnet.
Esta es parte de la política de asfixia presupuestaria del gobierno en contra de las universidades y se evidencia en las precarias condiciones de los servicios estudiantiles como el comedor y el transporte.
Pago a través del “Sistema Patria” transgrede la Constitución y las leyes
La situación relativa al pago de salarios de las Universidades mediante la “Plataforma Patria” representa una vulneración de la autonomía financiera de las universidades prevista en el artículo 109 de la Constitución (1999) que destaca: “Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.
En este sentido, se configura una grave violación a las normas atributivas de competencia contenidas en el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente, donde se prevé la facultad de las universidades de administrar y gestionar su patrimonio sin intervención alguna. Esto vicia la referida orden de nulidad absoluta por cuanto a través de ella un órgano de la administración central como lo es la Oficina de Planificación del sector Universitario (OPSU), se arroja una atribución que por ley les corresponde a las universidades, las cuales en virtud del artículo 109 de la Constitución venezolana, son entes que gozan de autonomía para la gestión de los asuntos que son de su competencia.
Esto constituye una violación a la autonomía financiera y, por tanto, una violación directa y flagrante de la Constitución, la cual es la norma suprema del ordenamiento jurídico venezolano, por lo que el gobierno estaría incurriendo en una extralimitación de atribuciones.
El artículo 26, Nº4 de la Ley de Universidades dispone que el Consejo Universitario tiene como una de sus atribuciones, discutir el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad, y decretarlo.
Se considera, además, que mediante estas acciones se está vaciando de contenido la potestad autonómica de las universidades a las cuales progresivamente se les ha ido cercando y asfixiando presupuestariamente, hasta lograr prácticamente su cierre técnico. Con esta acción se impide que ellas puedan ejercer la administración de su patrimonio, lo que conduce a controlar de manera ilegal los recursos que por Ley debe ejecutar la Universidad.
Rechazo absoluto de los universitarios y la sociedad civil
Centros universitarios de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad universitaria rechazaron la imposición del Gobierno de Maduro al anunciar la posible inclusión del pago de los salarios del personal universitario a través del Sistema Patria.
95 organizaciones, entre ellas Aula Abierta, firmaron un comunicado que manifiesta que de cumplirse esta medida se estaría vulnerando la autonomía universitaria y lo establecido en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual exige el respeto a todas las corrientes de pensamientos, como un pilar fundamental del ejercicio a la libertad académica.
