Comunidad universitaria venezolana entre las más afectadas por violaciones de derechos humanos expuestos por la Misión Independiente de la ONU
Desde el 2014 en Venezuela han ocurrido distintas situaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de facto, que incluyen entre sus víctimas a un gran número de miembros de la comunidad universitaria, como quedó evidenciado en el informe realizado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
Algunas de estas violaciones publicadas en el informe del 15 de septiembre podrían incluirse entre los supuestos establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual versa sobre crímenes de lesa humanidad, como la propia Misión destacó. Entre las violaciones más significativas a los derechos humanos contra universitarios venezolanos se encuentran persecución, detenciones arbitrarias, torturas e incluso la muerte de algunas víctimas.
La Misión investigó un total de 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas, que dieron lugar, al menos, a 53 ejecuciones extrajudiciales; también se investigaron 36 casos de asesinatos en protestas, determinando que el Ministerio Público informó un total de 43 muertes, en las protestas de 2014 y 124 entre abril y julio de 2017.
Entre estos casos destacan la muerte de Carlos José Moreno Barón, quien era estudiante de primer semestre en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Moreno Barón fue asesinado, según testimonios recabados por la Misión, por sujetos armados, en el marco de una protesta convocada por la oposición, el 19 de abril de 2017.
También se incluye la muerte de Armando Cañizales, estudiante de medicina de la UCV, el 03 de mayo de 2017, por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el marco de una protesta convocada por la oposición venezolana.
Cabe destacar que en el “Informe: Detenciones arbitrarias, malos tratos y muerte de estudiantes universitarios en protestas de abril de 2017“, Aula Abierta constató que, la mayoría de las muertes y casos de lesiones y heridas, así como las detenciones de manifestantes ocurridas en el año 2017, se produjeron en el contexto de manifestaciones pacíficas que desembocaron en hechos violentos, luego de que las autoridades actuaran en contra de los ciudadanos, además de la presencia de presuntos ataques de terceros contra manifestantes pacíficos.
Detenciones y desapariciones forzadas
El informe de la Misión documenta diversos de casos de desapariciones forzadas de corta duración, como violaciones de los derechos humanos. Allí destaca el caso de Ariana Granadillo, estudiante de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, quien fue desaparecida durante días en 2018, junto a su familia, quienes junto a ella sufrieron diversos métodos de tortura.
Según las normas internacionales de derechos humanos, una desaparición forzada constituye una violación continua y compleja de los derechos humanos, al conllevar violaciones de otros derechos reconocidos en los instrumentos de derechos humanos; entre ellos el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la libertad y la seguridad de la persona y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
En ese sentido, se destaca que Venezuela es parte en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y dispone en el artículo 45 de su Texto Fundamental donde “se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.
Mientras tanto, en cuanto a detenciones arbitrarias, están los casos de encarcelación u otra privación grave de la libertad física de algunos universitarios. Uno de ellos, Juan Carlos Requesens, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y diputado venezolano, detenido por el SEBIN por estar presuntamente involucrado en un intento de asesinato contra Nicolás Maduro.
Asimismo, otros casos de detenciones contra universitarios que se resaltan en el informe son los de Demian Martin, estudiante de comercio internacional de la Universidad Alejandro Humboldt, quien se encontraba protestando pacíficamente en la Plaza Parque Carabobo, frente a la Fiscalía donde se encuentra una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas (CICPC); y Ángel Zerpa, profesor de pregrado y postgrado de la UCV, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y profesor invitado de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de La Universidad del Zulia (LUZ), quien fue detenido por funcionarios del SEBIN y juzgado por tribunales penales militares .
Este patrón de violación a los derechos humanos de los universitarios fue documentado por Aula Abierta durante el año 2017, en el cual se señaló que al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente.
Los motivos de estas detenciones arbitrarias fueron de distinta naturaleza: desde la publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales, hasta la participación en manifestaciones en contra del actual Gobierno de facto de Maduro.
Asimismo, al menos 339 estudiantes universitarios resultaron detenidos arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017; muchos de ellos fueron presentados ante la justicia militar y quedaron afectados por medidas privativas de libertad. Todos estos casos fueron destacados en el “Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del panel de expertos Internacionales Independientes sobre la posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela”, el cual se publicó en mayo de 2018.
Represión e irrupciones a los recintos universitarios
Según el informe realizado por la Misión, en mayo de 2014, se registraron 27 ataques o incursiones en los campus universitarios por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y/o civiles armados.
Entre las instituciones afectadas estaban: la Universidad Católica del Táchira (UCAT), Universidad de Los Andes (ULA, núcleos Mérida y Táchira), Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), la Universidad Metropolitana (UNIMET), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, núcleos Caracas y Guayana) y la Universidad Santa María (USM) .
Entre 2017 y 2019 al menos 450 estudiantes universitarios han sido detenidos arbitrariamente durante protestas sociales, siendo Venezuela el país con más casos registrados (339 en 2017 y 43 en 2019); más de 100 universitarios fueron expulsados, más de 30 estudiantes asesinados y muchos otros fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por ejercer su rol de pensador crítico.
En esta misma linea, en Venezuela se documentaron al 19 profesores detenidos arbitariamente durante las protestas en el mismo periodo (17 en 2017 y 2 en 2019).
Recomendaciones y renovación
Desde Aula Abierta suscribimos algunas de las recomendaciones realizadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Entre ellas, la de recomendar al Estado venezolano realizar las investigaciones pertinentes sobre las violaciones y crímenes descritos en el informe, a los fines de que los responsables respondan por los daños ocasionados y se brinde justicia a las víctimas.
Asimismo, recomienda a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tener en cuenta las necesidades de las víctimas de que se haga justicia oportunamente.
También agradecemos la labor de documentación realizada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y nos unimos al clamor de organizaciones de la sociedad civil y más de 15 naciones de que se renueve el trabajo de esta misión, para seguir visibilizando ante la comunidad internacional las distintas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de facto venezolano.
