SOCIEDAD CIVIL RECHAZA LA ASIGNACIÓN ARBITRARIA DE CUPOS, PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN POLÍTICA Y OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD ACADÉMICA, LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA EDUCACIÓN DE CALIDAD POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Organizaciones de la sociedad civil y actores universitarios manifiestan su profundo rechazo ante la politización, las prácticas de discriminación política y la asignación unilateral del 100% de los cupos para nuevos ingresos al sistema de educación superior venezolano, por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como una acción reiterada del Gobierno de facto que violenta la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho al acceso a una educación de calidad en Venezuela.

El 17 de agosto de 2020, el Ministro de Educación Universitaria de Venezuela, Cesar Trompiz, manifestó a través del canal oficial Venezolana de Televisión (VTV), la asignación del 100% de los cupos para nuevos ingresos solicitados por los aspirantes para acceder a la educación universitaria^[1]. En el mismo acto, Trompiz señaló que, en el proceso de asignación de cupos, promovió la integración de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, en conjunto con directores de diversas zonas educativas del país y rectores pertenecientes a la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL) ⎯organización paralela y contrapuesta a la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) que agrupa a los rectores electos de las universidades autónomas⎯, sin embargo, se desconoce el nivel de participación o injerencia de estos actores en el proceso, los cuales, además, han demostrado públicamente su alineación con el pensamiento político del Gobierno de facto.

La asignación del 100% de los cupos de los nuevos ingresos al sistema de educación superior comporta la continuidad de una política de Estado de violación a la autonomía universitaria, la libertad académica y la educación de calidad, la cual encontró uno de sus puntos álgidos en la inconstitucional sentencia N° 831, de fecha 07 de julio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual se ordenó a las universidades públicas del país, acatar las asignaciones efectuadas por el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la OPSU^[2]. Al respecto, se enfatiza que la autonomía universitaria, según el artículo 109 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente, comporta diversas aristas, entre las que se destaca la facultad exclusiva que tienen las universidades de aplicar los métodos que consideren suficientes y necesarios para adecuar la admisión de nuevos estudiantes, según capacidad y la autonomía organizativa, en virtud de la cual crean sus normas internas para regular los procesos de ingreso.

De igual forma, se evidencia la exclusión, por motivos políticos, del proceso de articulación de la educación superior, a  actores abiertamente críticos a los métodos utilizados en la asignación de cupos y otras políticas implementadas por el Gobierno de facto, como la AVERU, las Federaciones de Centros Universitarios de las principales universidades del país y otros actores universitarios. Esta situación de corte proselitista, se suma a otras represalias en contra de los universitarios, con ocasión a su rechazo a las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad del gobierno de facto, tales como la asfixia presupuestaria a la que han sido sometidas las principales universidades públicas del país, la asignación excluyente de recursos a las universidades pertenecientes a la ARBOL y la más reciente imposición del carnet de la patria (utilizado como un instrumento de evidente discriminación política) como vía para acceder a las becas estudiantiles gubernamentales. 

La asignación de nuevos ingresos unilateral representa un obstáculo para el ejercicio de la educación de calidad, toda vez que organizaciones de la sociedad civil, actores de la prensa libre y autoridades universitarias han denunciado de manera reiterada,  las deficiencias del proceso de asignación de cupos desarrollado por la OPSU, en el cual se sobreponen factores no académicos por encima de los méritos académicos y aptitudes de los bachilleres, lo cual ha acentuado la deserción estudiantil^[3].

Ante lo expuesto, Aula Abierta, en conjunto con las organizaciones y actores que suscribimos el presente pronunciamiento, condenamos las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y el acceso a la educación de calidad, producto de una política de Estado desarrollada desde hace más de una década. En este sentido, exigimos al Ministerio de Educación Universitaria y a la OPSU, el cese de la asignación arbitraria de nuevos ingresos, la discriminación política y demás prácticas en contravención de los estándares internacionales previstos la Observación General Nº 13 al PIDESC, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) y otros instrumentos de protección de derechos humanos aplicables a la materia.

Quienes suscriben:

• Aula Abierta
• Acceso a la Justicia
• Asamblea de Educación
• Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela
• Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
• Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA)
• Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Libertador, seccional Barquisimeto (APROUPEL-IPB)
• Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana
• Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (APUNET)
• Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia
• Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
• Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
• Federación de Centros Universitarios de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
• Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

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^[1] Video del canal oficial en Youtube de Venezolana de Televisión sobre “Clases universitarias iniciarán en septiembre bajo el esquema de formación desde casa” del 17 de agosto de 2020. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=nCTjGp8L0NE [Consultado el 19 de agosto de 2020] [Canal censurado en fecha 20 de agosto de 2020. Véase: https://twitter.com/VTVcanal8/status/1296493649795186688]

^[2] Aula Abierta. Informe: Decisiones del Poder Judicial que atentan contra el principio de autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela. Véase: http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/informe-preliminar-sobre-decisiones-del-poder-judicial-1.pdf

^[3] Ver las denuncias de autoridades universitarias, compiladas en el trabajo de Aula Abierta titulado “Informe preliminar: Deserción universitaria en Venezuela”. Disponible en: http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/12/AULA-ABIERTA-VENEZUELA-INFORME-PRELIMINAR-DESERCI%C3%93N-UNIVERSITARIA-EN-VENEZUELA.pdf