Hania Salazar: un nuevo ataque a su lucha por los derechos de los trabajadores de salud en Venezuela
Hania Salazar y su lucha social lleva años ocupando titulares de prensa: desde huelgas de hambre en contra del fallecido presidente Hugo Chávez, pasando por protestas para denunciar la dramática crisis de salud en los hospitales venezolanos, hasta ataques directamente contra sus derechos laborales por parte de diversas autoridades regionales.
Salazar, presidenta del Colegio de Enfermería del estado Zulia, denunció el pasado lunes 29 de junio un nuevo ataque que formará otro capítulo más en su historia como lideresa social. Se trata de una citación arbitraria por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la cual ni siquiera explicaba el motivo por el cual se le citaba.
“Lo último que quisieron fue privarme de libertad y no pudieron”, afirma. “¿Por qué no lo hicieron? Sólo querían asustarme para que me callara”, agregó.
Desde que arrancó la cuarentena social por el coronavirus, Salazar ha sido activa denunciando que ni los hospitales ni el cuerpo de médicos y enfermeros cuentan con las condiciones necesarias para hacer frente a la pandemia, exigiendo el cumplimiento de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al suministro del equipo médico necesario para atender pacientes. A mediados de junio, el Colegio de Médicos del Zulia aseguró que 44 colegas tenían Coronavirus y 2 habían muerto, por lo que emitieron una “alerta roja”.
Estas, y otras graves violaciones a los derechos laborales y ataques contra líderes sindicales, hicieron que la Intergremial de Salud del estado Zulia (Enfermería, Bioanalistas, Médicos, Odontólogos, Nutricionistas, Veterinarios), apoyados por el Secretario Ejecutivo de la CTV, Froilan Barrios, solicitaran el apoyo de Aula Abierta a fin de documentar la violación de derechos humanos, en materia de libertad de expresión, libertad sindical y el derecho constitucional a la salud integral.
Estaciones habilitadas
“Llegó la pandemia, ¿y qué logramos? Que habilitaran dos estaciones de servicios que fueron asignados para el sector salud”, dijo. “Que no todos se beneficiaron, porque se creó la corrupción de que solo podía echar gasolina una cúpula de supervisores, jefes y amiguitos, también es cierto. Pero ya en eso no podíamos hacer nada: cada quien tenía que defender lo suyo”.
Asimismo, también resaltó que lograron que se sacaran buses gratuitos, que cubren algunas rutas de la entidad, para la movilización del personal de salud.
Una lucha incansable
Salazar tiene más de 15 años ganando un salario de jubilada porque, bajo el mandato del ex gobernador Francisco Arias Cárdenas (2012-2017), le hicieron una jubilación forzosa a pesar de que solo tenía 47 años para aquel entonces y no 55, la edad que corresponde para este retiro laboral.
“Me hicieron una jubilación prematura que significó que yo perdería todos mis beneficios contractuales. Tengo más de 15 años ganando como una jubilada cualquiera y aun así me he mantenido en la lucha porque lo que he ganado es la libertad. No pueden conmigo”, indicó.
Asimismo, en 2011 Salazar comandó en el Zulia una huelga de hambre de enfermeros junto a cuatro colegas, que se repitió en varios estados del país, cuando aún gobernaba Hugo Chávez.
Por ello, aseguró que la sociedad civil no puede seguir tomando el rol de víctima al repetir constantemente que nadie que ha luchado contra las injusticias que se han repetido durante los últimos 20 años, bajo el Gobierno de facto chavista. Ella cree que hay que cambiar la narrativa.
“Hice una huelga y ofrecí mi vida por los profesionales de la salud en Venezuela”, recordó Salazar, quien repite con firmeza: “nosotros no podemos esperar que alguien nos resuelva los problemas, como la mamá que tiene que ir a hablar con el maestro por algún tema en específico. Tenemos que ser nosotros mismos”.
Aula Abierta condena la persecución en contra de Hania Salazar, pues representa una clara violación de sus derechos como representante gremial, además de ser uno de los tantos casos visibles que exponen la política del Estado venezolano que lleva años criminalizando la protesta.
