Bachelet denuncia crisis eléctrica del Zulia y exige libertad para Requesens
Este miércoles se publicó una actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela realizado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que mostró su preocupación por el deterioro de los servicios públicos en Venezuela, especialmente en el Zulia donde los ciudadanos hacen largas colas parar surtirse de gasolina y pasan hasta 16 horas diarias sin electricidad.
Bachelet resalta que su oficina “realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados de electricidad”.
“Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país”, agrega.
Aula Abierta ha denunciado en reiteradas ocasiones la crisis eléctrica que afecta a la región y que ha obligado a profesores universitarios y estudiantes a ver clases sin electricidad.
Libertad para Juan Requesens y alto a los ataques contra la oposición
La expresidenta de Chile también exigió la libertad plena para el diputado y líder estudiantil Juan Requesens, detenido en 2018 y acusado por siete delitos, tras ser señalado de presuntamente estar involucrado en un intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro.
En ese sentido, Bachelet también rechazó el reciente levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, con lo que la cifra llegó a un total de 30.
Afirmó que el 2020 será “un año electoral” en Venezuela, por lo que pidió “garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas”.
Salarios de hambre
En el informe también se citan datos que destacan 16,439 protestas en 2019, las cuales en su mayoría han sido lideradas por trabajadores y trabajadoras del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas, por sus pésimas condiciones laborales y bajos sueldos.
Asimismo, destaca que en octubre el Gobierno de facto decretó un incremento del 375% del salario mínimo, que ha perdido su poder adquisitivo: los profesores universitarios ganan un promedio de 7,5 $ al mes, mientras la ONU ubica la pobreza extrema en 1,5 $ al día.
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