Mantener la autonomía para “salvar la Universidad”: crónica sentencia 0324
El pasado 14 de octubre, la Universidad Central de Venezuela convocó a todos los sectores del país a salvar los espacios universitarios. Un recuento de hechos, después del martes 27 de agosto de 2019, fecha de emisión de la sentencia, permite visibilizar que la defensa de la Autonomía Universitaria, la libertad Académica, de Expresión e Información, entre otras; apenas comienza. La Asamblea Nacional pronunció cuatro acuerdos que logran avanzar en el rescate de la autonomía universitaria
Dexy Linares Simancas
La comunidad universitaria inició una campaña denominada “Salvemos la Universidad” que busca rescatar la autonomía y, de esta manera, evitar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) establezca la elección de sus autoridades.Con esta campaña -iniciada el pasado 14 de octubre de 2019- se logra un avance y éste se evidencia cuando la presidente de Federación de Asociación de Profesores Universitarios (FAPUV), profesora Lourdes Ramírez de Viloria, tuvo la oportunidad de intervenir en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), en el punto de agenda referido a la crisis universitaria y las amenazas contra sus instituciones y su autonomía.
En esa plenaria, la Asamblea Nacional anunció cuatro acuerdos: desconocimiento a la sentencia 0324 por usurpar funciones legislativas a la AN y por inconstitucional, al violar el Art. 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reconoce la competencia exclusiva de las Universidades para elaborar los Reglamentos que regulen la elección de sus autoridades. Designar una comisión de Parlamentarios y universitarios para elaborar una propuesta de ayuda humanitaria para las Universidades y sus comunidades. Que una comisión de parlamentarios y universitarios revise el marco jurídico de la educación en Venezuela para su adecuación a las necesidades actuales.
Un recuento de una sentencia anunciada
Desde el martes 27 de agosto de 2019, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia nº 0324 decidió parcialmente con lugar la medida cautelar solicitada por la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha y otras nueve autoridades rectorales y decanales de las universidades públicas del país; se evidenció ante la opinión pública que el Gobierno de facto ha demostrado que no le interesa la vida académica, sino que pretende controlar toda aquella institución donde la democracia y el pensamiento crítico existan.
La cadena de ataques contra los conocimientos y profesionalismo académicos continuaron, sin embargo, doce días después de la sentencia del TSJ aparece como defensa internacional el pronunciamiento de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sin obviar la diversidad de opiniones de ex consultores jurídicos, constitucionalistas y profesores universitarios, quienes denunciaron en varios medios de comunicación, incluyendo el programa de radio de Aula Abierta, las decisiones inescrupulosas y sin legalidad de juicio del Gobierno de facto en contra de la autonomía universitaria.
A un mes de haberse pronunciado la sentencia 0324, asociaciones civiles como Súmate expresaron su rechazo a través de un comunicado “(…) con esta decisión, el TSJ vulnera el estado de derecho, porque desconoce la forma autónoma que tienen las universidades de elegir a su gobierno, y se excede en sus funciones al usurpar la de legislar, competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (AN)”.
Mientras que los estudiantes de las distintas universidades y sus dirigentes estudiantiles (UCV, ULA UDO, UCLA, LUZ) también respondieron ante la pretensión de los usurpadores de adueñarse de los espacios de las universidades:
“Este ilegitimo Tribunal no tiene la competencia para modificar las leyes o sus artículos solo siendo exclusivamente responsabilidad de la Asamblea Nacional cada universidad tiene autonomía y comisión electoral propia para decidir cuál es el método y el cronograma más idóneo para realizar elecciones interna de cualquier índole”, sentenció el secretario estudiantil de Estudio Internacionales de la Facultad de Fases de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carlos Martínez, quien, además, reafirmó que solamente se harán elecciones bajo el amparo de la Ley de Universidades.
A partir del 29 de agosto, una oleada de opiniones argumentaron las graves acciones violatorias que trae consigo la sentencia Nº0324.
En el programa de radio de Aula Abierta, el ex director de asesoría jurídica de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ex consultor jurídico del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Manuel Rachadell, explicó detalladamente que la comunidad universitaria en los términos del artículo 109 de la Constitución Nacional está formada por profesores, estudiantes y egresados, pero en la Ley Orgánica de Educación se agregan a los empleados y obreros en clara contravención del referido artículo. En esa oportunidad, Rachadell fue más explícito sobre los nuevos estamentos electorales creados por la Sala Constitucional: “incluirlo como parte de la comunidad universitaria es algo que se discutió en proceso constituyente de 1999, donde con una mayoría absoluta del gobierno se acordó no incluir esto.”
De acuerdo a las publicaciones realizadas desde Aula Abierta, pasaron diez años para que la Sala Constitucional se pronunciara sobre la solicitud de medida cautelar; vulnerando el artículo 109 de la Constitución, al pretender incluir al personal administrativo y obrero de las universidades en los procesos electorales.
Otra violación legal que resaltan algunos constitucionalistas es que la sentencia fue anunciada en medio de un periodo vacacional. Así lo recordó ese mismo día el ex consultor jurídico del CNU, cuando expresó “que no se puede dictar sentencia en un periodo vacacional, salvo en una situación especial que se trate de amparo, juicios penales o cuando las partes de un juicio civil o administrativo se ponen de acuerdo y van ante el Tribunal y piden la sentencia. O bien, una parte pide que se notifique a la otra para que se pueda dictar la sentencia, pero en este caso no notificaron a nadie”.
El 5 de septiembre, la Universidad de los Andes emite un comunicado de respaldo y subraya ciertas orientaciones:
Es deber de la Universidad de Los Andes y de las demás casas de estudios del país, acompañar a la Universidad Central de Venezuela en las iniciativas que adelante para hacer frente a la situación.
Se estima pertinente llamar la atención de la Asamblea Nacional y de las organizaciones partidistas a las que concierne la protección de la vida del país de acuerdo con las pautas de la Constitución de la República para que se pronuncien sobre un asunto que solo tiene a la vida universitaria como pretexto.
Consideraron una necesidad acometer en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ámbitos geográficos de la Universidad de Los Andes, así como acompañar en las sedes de cada una de las universidades autónomas del país, las iniciativas pertinentes para organizar la defensa de la Autonomía Universitaria, base principista y legal del funcionamiento de las Universidades Nacionales desde hace 62 años. A tales efectos se acordó comisionar a cada uno de los Decanos de Facultades y Núcleos para que, en unión con las organizaciones representativas de la comunidad universitaria, promuevan las iniciativas que el espíritu de este remitido aconsejan.
Aula Abierta publica en su página web, en fecha 9 de septiembre, que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reconoció y lamentó los ataques del Estado venezolano a la autonomía universitaria.
“Me preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria”, expresó Bachelet en la 42º sesión del Consejo de Derechos Humanos (D.D.H.H).
Resulta relevante señalar que la visibilización internacional que obtuvieron las agresiones a los derechos universitarios, especialmente la autonomía universitaria, se deben en parte a las constantes denuncias que evidenció Aula Abierta, junto a otras organizaciones, frente al sistema universal, tanto en sus procedimientos especiales, como ante su Alto Comisionado, a través de denuncias formales e informes en los que han tomado como fuente la organización.
AVERU denuncia ante los organismos internacionales el despojo de la libertad académica
La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), a los 24 días del mes de septiembre emitió un comunicado en el que denuncia ante los organismos internacionales de derechos humanos el grave precedente de despojar a las instituciones de educación superior de la libertad para desarrollar la función rectora en la educación, la cultura y la ciencia, lo que constituye un atentado contra el progreso de la Nación y quebranta derechos fundamentales.
La AVERU en esa ocasión también alertó que las reiteradas actuaciones para desconocer la autonomía universitaria por parte del régimen, tanto por vía judicial como legislativa, han sido expresadas en el proyecto de reforma constitucional sometido a referéndum consultivo en el año 2007 que intentó modificar la composición de la comunidad universitaria incorporando el sector de trabajadores, el cual fue rechazado por la voluntad popular, y por vía legislativa en el proyecto de Ley de Educación Universitaria, aprobado en primera discusión el 22 de Diciembre de 2010; ante la contundente movilización del sector universitario, dicho proyecto en el mes de Enero 2011 es vetado por el fallecido Presidente Hugo Chávez Frías.
Prosigue el comunicado de AVERU, la comunidad universitaria caracterizada por su profundo sentido democrático y plural, demanda la realización de elecciones libres con apego a la normativa Constitucional y legal vigente, por ello denunciamos públicamente la grotesca intervención de las Universidades Públicas por vía judicial, y hacemos un llamado a la sociedad venezolana a defender pacífica y democráticamente las instituciones forjadora de nuestra juventud, lo cual solo puede lograse en libertad y en respeto de los derechos y valores fundamentales del hombre.
Consejo Universitario: 0324 incurre en irreparables vicios
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela se dirigió a través de un comunicado de fecha 25 de septiembre, a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general, detallando que “la decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incurre en graves e irreparables vicios de nulidad absoluta constitutivos de violaciones constitucionales y de derechos fundamentales”.
En el mismo texto acuerdan, exigir a los organismos del Estado el respeto a la institucionalidad y al normal desenvolvimiento de la vida académica, derecho a la educación y a la formación del ser humano inspirado en los principios de democracia, justicia social, solidaridad y abierta a todas las comentes del pensamiento universal. Asimismo, elevar el presente documento ante las instancias nacionales e internacionales Correspondientes vinculadas a la educación universitaria y a los derechos humanos.
De acuerdo a investigaciones y publicaciones de Aula Abierta se visibiliza los posibles escenarios si las autoridades universitarias desacatan la decisión del TSJ
Aula Abierta repudia toda decisión que -sin duda- implica uno de los criterios más gravosos en contra de la autonomía universitaria, no solo de la Universidad Central de Venezuela sino del resto de casas de estudio superior autónomas del país, porque “provisionalmente y con carácter cautelar un régimen transitorio para la elección de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, en un período académico vencido en un plazo de seis (6) meses” y al mismo tiempo ordena al Consejo Nacional de Universidades establecer “el cronograma para la realización de las elecciones de las autoridades universitarias de las demás Universidades Nacionales, distintas a la Universidad Central de Venezuela, cuyos periodos se encuentren vencidos”.
Deja un temor latente que al ser esta sentencia inconstitucional, nula de pleno derecho, si las autoridades deciden desacatarla por las razones antes expuestas corren el riesgo de ser despojados de sus sillas, porque la sentencia tiene la siguiente previsión “En las Universidades cuyas autoridades tengan el período vencido, sus comisiones electorales deberán convocar a elecciones, elaborar el Registro Electoral Universitario, celebrar las elecciones, totalizar votos, adjudicar y proclamar a los ganadores con base en las presentes reglas en un plazo que no podrá exceder de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente decisión. Transcurrido dicho lapso, cesa la permanencia legal de las autoridades universitarias con período vencido, quedando la vacante absoluta de dichos cargos”
De este modo, Aula Abierta rechaza las acciones por parte del Estado venezolano en contra de las universidades, su autonomía, sus autoridades y la libertad académica.
Nuevo ataque a la libertad académica y al pensamiento crítico por parte del gobierno de facto
Nicolás Maduro reafirmó lo del pasado mes de julio con respecto a las carreras universitarias, que las mismas deben alinearse al Plan de la Patria 2019-2025. La Organización Aula Abierta rechaza este nuevo episodio de una política de Estado dirigida a acabar con el pensamiento crítico y las Universidades. Exigen el respeto del derecho a una educación libre y plural.
Este recuento de acontecimientos permite reflexionar que, apenas las universidades inician el recorrido en defensa de la libertad académica, la autonomía universitaria, los espacios donde afloran el pensamiento crítico, constructivo y reflexivo. Una campaña sin tregua, sin descanso. Una campaña en que todos juntos defiendan y salven la Universidad.
Léase también:
Poder Judicial venezolano ordena suspender elecciones estudiantiles de la UCLA
Véase algunos informes hechos por Aula Abierta citados por organismos internacionales:
