SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA MANIFIESTA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN ANTE INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE INCONSTITUCIONAL DECISIÓN N° 0324 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Organizaciones de la sociedad civil junto a la comunidad universitaria venezolana manifiestan su profunda preocupación y rechazo a la sentencia N°0324 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ), que exhorta a las universidades a renovar sus autoridades en términos violatorios de la autonomía universitaria, y contra la recién instaurada “Alta Comisión para la defensa de la autonomía democrática de las Universidades Venezolanas”, con la finalidad de ejecutar la referida sentencia.

Al menos desde el año 2010 se han producido distintas decisiones desde los órganos del Poder Judicial venezolano que han ordenado la suspensión de los procesos electorales de autoridades universitarias, gobierno y co-gobierno estudiantil de las distintas universidades autónomas de Venezuela, la gran mayoría de ellas justificadas en una exigencia de reformar sus normas y procesos electorales internos para poder llevar a cabo nuevamente procesos electorales; violentando así la autonomía universitaria en la arista de autonomía administrativa de la cual gozan.

Denunciamos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la sentencia Nº 0324, de fecha 27 de agosto de 2019, pretender incluir al personal administrativo y obrero de las universidades en los procesos electorales, en contravención al artículo 109 de la Constitución, violentando así la autonomía de las universidades. Al mismo tiempo, suspende temporalmente los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades, utiliza nuevamente la jurisdicción normativa como una herramienta para arrebatar las competencias del poder legislativo y atenta contra la universalidad del voto y el principio de reserva legal, al crear un procedimiento electoral distinto al previsto en la Ley.

Llama la atención especialmente que, después de haber transcurrido 10 años, la Sala Constitucional se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar para suspender el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación por parte de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha y otras 9 autoridades rectorales y decanales de las universidades autónomas que conforman la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU). Más gravemente, la referida decisión recae sobre un objeto distinto al pretendido en la solicitud, exhortando a la realización de elecciones para renovar autoridades universitarias vencidas y ordenando la reforma de los reglamentos electorales internos en un plazo de 6 meses, de tal forma que se vulnera la autonomía universitaria exigiendo el cambio de autoridades y la reforma de procesos electorales internos, violentando así su autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas; y la autonomía administrativa, que comprende la facultad de elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo.

Ahora bien, resulta aún más preocupante la reciente creación de una comisión por el Consejo Nacional de Universidades denominada “Alta Comisión para la defensa de la autonomía democrática de las Universidades Venezolanas” anunciada por el Ministro de Educación Universitaria, Cesar Trompiz, en su perfil oficial de Twitter, instalada el 4 de octubre de 2019, teniendo como principal finalidad realizar las convocatorias para la elección de las autoridades de las universidades autónomas de Venezuela, de forma que se ejecute ilegalmente la mencionada sentencia No. 0324, menoscabando la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento condenamos y rechazamos la existencia de estas situaciones, las cuales evidencian una serie de políticas intervencionistas en el gobierno universitario por parte de agentes del Estado, dirigido a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica con el fin de silenciar a las universidades como principal espacio de generación del pensamiento crítico en Estados democráticos. En este sentido, exigimos el cese de la vulneración de la autonomía universitaria, y el respeto y promoción de los derechos humanos y la democracia como pilares fundamentales.

Suscriben:

Aula Abierta
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Comisión de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Fuente véase

Sentencia No. 0324 de 27 de agosto de 2019, Sala Constitucional del TSJ. Véase:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/307191-0324-27819-2019-09-1170.HTML

Véase: Informe realizado por Aula Abierta Venezuela “DECISIONES DEL PODER JUDICIAL QUE ATENTAN CONTRA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA LIBERTAD ACADÉMICA EN VENEZUELA.”
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/informe-preliminar-sobre-decisiones-del-poder-judicial-1.pdf

TSJ socava artículo 109 constitucional al crear procedimiento electoral de autoridades universitarias.
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2019/08/29/tsj-socava-articulo-109-constitucional-al-crear-procedimiento-electoral-de-autoridades-universitarias/

Consagrada en el artículo 9 numeral 1 de la Ley de Universidades.

Prevista en el numeral 3 del artículo 9 de la Ley de Universidades.

Perfil oficial de la red social twitter de Cesar Trompiz, Ministro de Educación Universitaria.
https://twitter.com/CesarTrompizVE/status/1179972800360128512