En audiencia histórica CIDH reconoce importancia de libertad académica en Las Américas
Por Juan Manuel Bracho.
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) conoció por primera vez en su historia las violaciones a la libertad académica y autonomía universitaria en las Américas, este hecho ocurrió en el contexto del 171 Período de Sesiones que se realizan en Sucre, Bolivia.
Ante la recurrencia de situaciones y patrones de violación a la libertad académica, la autonomía universitaria, el derecho a una educación de calidad y prácticas de discriminación, criminalización de la protesta, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como otras formas de violencia contra estudiantes y/o profesores universitarios en distintos Estados de Las Américas, surgió la necesidad de solicitar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) audiencia temática a los fines de discutir en profundidad algunas de las preocupaciones que cada día se presentan con mayor frecuencia en nuestro continente.
En efecto, las organizaciones que participaron en esta audiencia entre ellas Aula Abierta Latinoamérica, el Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, SAR Académicos en riesgo (Scholars at Risk), la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, han constatado distintas vulneraciones a los derechos mencionados en naciones como Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela; representando el contexto venezolano y nicaragüense las situaciones más graves, lo cual atenta no sólo contra los derechos de las personas que tienen estatus de profesores o estudiantes universitarios, sino contra la democracia y la sociedad libre.
Poco a poco los órganos internacionales de protección de derechos humanos han valorado la importancia de la libertad académica y autonomía universitaria para las democracias. En este sentido, se ha hecho indispensable dar a conocer las principales preocupaciones en la materia, entre ellas encontramos la violencia inducida por autoridades del Estado contra universitarios, criminalización de la protesta, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y otros actos de violencia contra universitarios donde tanto en Venezuela como en Nicaragua se han verificado llamados desde el Ejecutivo Nacional a la violencia en entornos universitarios y contra actores universitarios.
En este sentido, el Director de Aula Abierta Latinoamérica y Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de La Universidad del Zulia (Venezuela), profesor David Gómez Gamboa resaltó “Para graficar la importancia de la libertad académica para la democracia hago referencia a un caso en Bolivia. La Universidad Mayor de San Andrés ha producido informes científicos donde se demuestra la inviabilidad de proyectos gubernamentales. Por ello sus autoridades como el Rector Waldo Albarracín, así como la propia universidad, han sido objeto de acciones retaliativas para mermar la investigación científica crítica que resulta incómoda al gobierno de turno”.
Gómez señaló que las universidades, como centros de producción del conocimiento y el pensamiento crítico, son blancos de los gobiernos o inclusive de actores privados con poder dentro de ellas. La criminalización de la protesta contra universitarios se repite lamentablemente a lo largo y ancho de la región. En efecto, el profesor expresa que “Represalias ejercidas por fuerzas policiales, militares y en algunos casos paraestatales contra la protesta universitaria se reiteran. Estudiantes heridos por irrupciones al recinto universitario, la retención por más de 22 horas realizada en la UDO Nueva Esparta en 2017 (Venezuela), los ataques a la UCA de Nicaragua en 2018, a la UNAN el 13 de julio con armas de guerra, a la protesta realizada en la Universidad de San Carlos (Guatemala) en marzo 2018, son claro ejemplos”.
“Este tipo de patrones ha desencadenado incluso en asesinatos de estudiantes universitarios. Venezuela con al menos 21 desde 2017. Nicaragua, con al menos 6 en las protestas de 2018, Bolivia, con el asesinato en 2018 de Jonathan Quispe, o con las prácticas de torturas y tratos crueles a 4 estudiantes universitarios dentro de una Iglesia en La Paz. Lo cual inhibe a los universitarios del ejercicio de su voz crítica y de la libertad académica, a través de la violación de otros derechos: vida, integridad, expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica, entre otros”, resalto el profesor David Gómez.
Sobre la detención arbitraria y judicialización de los universitarios, el Director de Aula Abierta denunció ante la CIDH que “Mas de 350 estudiantes y al menos 17 profesores universitarios han sido arbitrariamente detenidos en Venezuela desde el 2017, siendo sometidos muchos a la jurisdicción militar en contravención de estándares internacionales. En enero de 2019, 9 estudiantes Nicaragüenses fueron condenados por protestar contra Daniel Ortega. Estudiantes de la UNAN-León permanecen luego de varios meses detenidos como presos políticos (Amaya Copens, entre otros). Preocupa el uso de tipos penales como “terrorismo” o “asociación para delinquir”. En mayo de 2018, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fueron reprimidos brutalmente y detenidos en un acto de protesta contra la privatización de universidades”.
De igual forma, el profesor Gómez manifestó su preocupación en relación a la discriminación por motivos políticos y el asedio contra la dirigencia estudiantil universitaria, señalando que en Venezuela, Franklin Camargo fue expulsado hace 2 semanas por rebatir acciones de adoctrinamiento político en su universidad. Marlón Díaz, a quien una decisión judicial (TSJ) le desconoció hace dos meses como presidente de la FCU UC. En Cuba, Karla Pérez fue expulsada de la Universidad de Villa Clara en 2017 por criticar al gobierno. En Bolivia, representantes estudiantiles de la Universidad San Francisco Javier de Sucre sufren retaliación luego de protestar a favor de la gratuidad de la matrícula.
Posteriormente, inició su participación Jessy Levine representante de SAR Académicos en riesgo (Scholars at Risk) quien manifestó su preocupación ante el aumento de violencia contra las protestas en los campus universitarios y hacia los profesores. Levine, llamo a la comunidad de derechos humanos a comenzar a tomar en cuenta estos hechos como ataques contra la libertad académica. De igual forma, ratificó “Es necesario tener un espacio académico saludable. Este espacio es crucial para los desarrollos científicos y el fortalecimiento de la democracia”.
El Observatorio de la Universidad de los Andes (Venezuela), representado por su Directora Mayda Hocevar denunció la existencia en Venezuela de un trato desigual en la administración de recursos, privilegiando a las universidades bolivarianas o paralelas sobre las universidades autónomas. Asimismo, Hocevar condenó la militarización de las universidades en Honduras y la creación en México de 100 universidades que parecen tener características similares al sistema universitario paralelo venezolano.
De igual forma, Hocevar expresó que “En Estados Unidos a los líderes estudiantiles se les censura, y en Venezuela se somete la investigación científica a lo establecido en el Plan de la Patria”. Por último, sobre la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela señaló que debido a la alta inflación es imposible mantener la estructura universitaria. La Emergencia ha empujado a los profesores y estudiantes a la migración forzada; estimándose un déficit de 50% de profesores universitarios.
Salvador Herencia, representante del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa resaltó en su intervención que “La libertad académica es fundamental para la reconstrucción de las democracias y la garantía de no repetición”. Asimismo, denunció que los campus universitarios no son ambientes seguros y libres de violencia. El 25% de 600 mil casos de violencia sexual reportados anualmente en México, son estudiantes universitarios las víctimas. De igual forma, se estima en la región que entre un 20% y 25% de los casos de violencia sexual ocurren entre estudiantes universitarios.
Los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que formaron parte de esta audiencia, manifestaron su preocupación ante las violaciones y amenazas presentadas por la Sociedad Civil. La Comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay señaló que “Los campus universitarios son el centro del pensamiento crítico. Creo que las tendencias autoritarias han fomentado los ataques hacia los pensadores independientes, buscan la creación de robots. Es necesario incentivar sistemas de justicia independientes para que los jueces se pronuncien a favor de los estudiantes y contra gobiernos represivos”.
Por su parte, la Comisionada Flávia Piovesan anunció la creación de una Red Interamericana Universitaria para reforzar la protección de las universidades. A su vez, preguntó si hay información sobre ataques contra investigaciones sobre derechos reproductivos y sexuales. Asimismo, señalo “Es necesario incorporar transversalmente la educación de los derechos humanos en las universidades”.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza manifestó su preocupación ante la falta de jurisprudencia sobre libertad de pensamiento, señalando lo siguiente: “Esta audiencia nos ha resaltado que tenemos mucha jurisprudencia sobre la libertad de expresión, pero muy poco sobre la libertad de pensamiento. Nuestra región tiene una amplia historia de lucha por la autonomía universitaria”.
De igual forma, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz resaltó la importancia de producir una resolución de la CIDH sobre libertad académica, la cual a su criterio daría muchísima fuerza a esta temática, que nos hace recordar tiempos oscuros de nuestra región donde se buscaba controlar la mente e impedir el desarrollo de los derechos humanos. Asimismo, expresó su total repudio a los ataques a los estudiantes de la región, sin importar el nivel educativo.
A su vez, la Vicepresidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Trotti en su intervención expresó la necesidad de identificar estándares de protección en libertad académica y autonomía universitaria, haciendo hincapié en que “Las universidades son el centro del pensamiento crítico y debemos empezar a limitar, no podemos ceder para no perder estos espacios de libertad”. De igual forma, Trotti comentó en relación al caso venezolano “Hay que hacer una evaluación sobre los efectos de la emergencia humanitaria compleja sobre los profesores universitarios”.
El Coordinador de Investigación de Aula Abierta Latinoamérica, profesor Ricardo Villalobos declaró “En conclusión, en esta audiencia se constató una preocupación generalizada por parte de los distintos representantes de la CIDH ante los principales hallazgos en materia de restricciones y represalias contra la libertad académica y los derechos humanos que protegen a los universitarios en la Región”.
Según Villalobos, a lo largo de la historia los regímenes autoritarios históricamente han atacado a las universidades como centro del pensamiento crítico. También se considera un ataque a la democracia las prácticas contra los universitarios o la universidad misma, para neutralizar el libre pensamiento, los actos de retaliación por el trabajo académico, luego de declaraciones en el aula de clase, por publicar en revistas especializadas, por la actividad sindical universitaria o el ejercicio de la protesta, representan violaciones a la libertad académica que no pueden quedar impunes.
Por tal motivo, se hace indispensable este tipo de espacios para dar a conocer estas violaciones que sin lugar a dudas constituyen una gran amenaza al pensamiento, la democracia y una sociedad libre.
