¿Educación en peligro?

Autoridades, profesores y estudiantes del sector universitario han denunciado la grave crisis que asedia a las universidades venezolanas; crisis que cada día aumenta desproporcionalmente, gracias a las actuaciones de un Estado intervencionista que toma decisiones arbitrarias e inconsultas, las cuales atentan a los derechos humanos que protegen a los universitarios.

El Ministerio de Educación Superior, envió a las casas de estudio superior un instructivo de salarios del personal universitario, el cual pone en riesgo la calidad y la sostenibilidad de la educación universitaria en Venezuela.

Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociasión de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV),  en el programa radial de Aula Abierta del día 20 de septiembre de 2018, afirmó que “hay que prender las alarmas con lo que tiene que ver con la violación a la contratación colectiva”, refiriéndose al irrespeto por parte del Ministro de Educación de imponer unilateralmente las nuevas tablas de ajustes salariales cuando anteriormente ya había se había comprometido y firmado otras.

“Se nos igualó prácticamente al salario minimo; de 4,75 de la primera tabla se redujo a 1,39 salarios minimos el primer escalafón, que es el instructor, y con una interescala de 6% cuanto la interesacala anterior era de 13%” Afirma Olmos, ratificando lo que La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) afirmó sobre la  reducción porcentual entre las diferencias de cada escalafón, definiéndolas como “un golpe a la investigación y a la calidad de la docencia tarea central de la universidad venezolana”.

Condenamos desde el #ConsejoUniversitario de la #UCV las constantes actuaciones del Ejecutivo Nacional a la cual se unen las medidas que atentan contra la academia venezolana, y lesionan los derechos fundamentales a la educación y al trabajo. pic.twitter.com/IEmQlcCsKI

— Cecilia Garcia-Arocha (@GarciaArochaC) September 21, 2018

Tulio Olmos, se refirió también al desconocimiento de los acuerdos nacionales e internacionales por parte del régimen venezolano, “somos parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está claramente establecido que los derechos son proporcionales, irrenunciables y progresivos; una vez que usted adquiere un compormiso laboral a nivel de contratación colectiva, la siguiente no puede ir en contra de la anterior, al contrario, debe mejorarse.”

El Consejo Universitario de la #UCV exige al Ejecutivo Nacional respeto y cumplimiento de convenios Colectivos, Acuerdos Federativos y Actas Convenios, principios y derechos constitucionales, laborales y humanos del sector universitario, válidos y acordados. pic.twitter.com/aLuY5J76zc

— Cecilia Garcia-Arocha (@GarciaArochaC) September 21, 2018

El Rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, en el mismo programa de radio de Aula Abierta que participó el profesor Tulio Olmos, aseguró que las nuevas medidas económicas no plantearon ninguna solución a la hiperinflación y que  los salarios de los profesores son “sueldos de miseria” y los más bajos del mundo, inclusive antes de la tabla salarial impuesta por el gobierno, y que este ha dado “una muestra de desconocimiento de la Constitución Nacional al no reconocer la progesividad de los derechos de los trabajadores y profesores universitarios”

El Rector Bonucci acota también, que el gobierno está aplanando la tabla salarial “nos están cubanizando”, refiriéndose a la poca diferencia que hay entre un profesor titular y un obrero.  Afirma que un profesor universitario en Venezuela no buscaría tener un doctorado o maestría y el obrero no seguiría una carrera profesional ni se esforzaría, si de su puesto a profesor titular no hay diferencia salarial determinante.

Por otro lado, se refirió a la situación por la que atraviesa la Universidad de Los Andres por la falta de presupuesto: “No tenemos presupuesto para pagar reactivos ni actividades de campo. Además, si usted le suma los problemas estudiantiles, el servicio de transporte deficiente y un comedor epiléptico.”  Al mismo tiempo que relató cómo el Sistema Intregral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (SISMEU) es insuficiente y que se debe remitir a las personas a centros públicos que tampoco tienen capacidad para atender plenamente a las personas: “El sistema de protección social es inexistente, no hay manera de atender un problema de salud.”

En Consejo Extraordinario el 12 de septiembre de 2018,  el vicerrector administrativo de la ULA, Manuel Aranguren, aseguró que la universidad no cuenta con el presupuesto para abrir en el mes de septiembre y expuso que la situación está más difícil de lo que el mismo rector plantea. “Tenemos una ruta para trasladar a los estudiantes de diferentes municipios, pero si llegara a romperse un caucho, no tendríamos cómo reponerlo. No tenemos cómo pagar nada. Quiero que entiendan que la situación es extremadamente grave, pero no vamos a cerrar, eso significaría entregarle la institución al Gobierno”, afirmó.

"Con la implantación del nuevo como monetario y la inflación venezolana, el supuesto de la Universidad de los Andes es inexistente."

"Todo el presupuesto universitario alcanza para dos neumáticos." @bonuccimario

— Aula Abierta (@AulaAbiertaLA) September 20, 2018

El Rector de la ULA, Mario Bonucci afirmó que el problema salarial causa una deserción estudiantil y profesoral muy grave, como también lo acotó el profesor Tulio Olmos en el programa radial de Aula Abierta:  “La deserción ya venia siendo un problema para la universidad, pero se esta intensificando a nivel exponencial, reiniciamos actividades con notificaciones de renuncia de aproximadamente 2 o 3 semanales”, al mismo tiempo que la Secretaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV),  publicó que el éxodo estudiantil ha sido del entre el 40% y el 50%”

"Los estudiantes se van a encontrar con una universidad llena de problemas pero con las puertas abiertas para construir futuro"@bonuccimario Rector de @ULA_Venezuela #DerechosUniversitarios

— Aula Abierta (@AulaAbiertaLA) September 20, 2018

Aula Abierta condena cualquier acción del gobierno que busque deteriorar la calidad de vida de los profesores universitarios y la calidad educativa de las casas de estudio superior del país.