Se agudiza y se extiende indefinidamente la crisis eléctrica en el estado Zulia.

La situación que se vive en el estado Zulia desde el día viernes 10 de agosto se ha agudizado. El servicio eléctrico alcanzó nuevos niveles de restricción y múltiples sectores de todo el estado Zulia se encuentran afectados por las ineficaces políticas públicas del Estado. El gobierno nacional ha sido incapaz de evitar el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, el cual va perdiendo vertiginosamente su capacidad de abastecer a la región y otros estados del país.

Algunos sectores llevan más de tres días sin poder disfrutar del servicio eléctrico mientras que otros sufren apagones de 13 a 30 horas con recesos de 1 a 5 horas que apenas alcanzan para cargar artefactos como el celular o para llenar tanques de agua en las casas y edificios que utilizan sistemas hidroeléctricos.

Al desesperante escenario se le añade la pérdida de alimentos perecederos que debido a las altas temperaturas del Zulia se pierden por descomposición. Esta es una realidad poco aceptable para la mayoría de las familias venezolanas que sufren irrazonables dificultades para poder conseguir alimentos en medio de la coyuntura económica que vive el país.

Ante la imposibilidad del gobierno venezolano de atender estas circunstancias en los últimos diez años, se expone a los habitantes del Zulia a un sufrimiento innecesario con estos cortes eléctricos prolongados, los cuales son una violación tangible a los derechos humanos y una degradación violenta de la calidad de vida de las personas.

La situación eléctrica compleja viene acompañada de interrupciones esporádicas del servicio de telefonía fija, móvil e internet, la devastación ambiental y el desamparo en casi todos los servicios públicos incluyendo el de la gasolina. La adquisición del combustible, que aún es subsidiado en Venezuela, es casi imposible pues las largas colas de automóviles en las estaciones de servicio ameritan una pérdida de tiempo considerable para las personas.

Otros servicios públicos como el transporte o la recolección de basura son casi inexistentes, lo que demuestra la incapacidad de las instancias municipales, regionales y nacionales de satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del municipio Maracaibo y el resto del estado Zulia, el cual cabe destacar es uno de los bastiones petroleros y energéticos de Venezuela.

Consecuentemente, la inexistencia de los servicios de calidad en el Zulia, y en los demás estados del país, ha creado desconcierto, inmovilidad y un caos en el orden público.

Aula Abierta desde el año 2014 ha venido documentando una serie de restricciones al acceso de productos, servicios y bienes de primera necesidad en toda Venezuela. En el caso del estado Zulia, en relación al racionamiento eléctrico que se implementó en el año 2009, la interrupción del servicio eléctrico se aplicaba en múltiples zonas y municipios en distintos horarios por un lapso de dos horas semanales. Durante el año 2016 hasta diciembre del año 2017 estos lapsos de tiempo aumentaron a más de cuatro horas semanales para luego convertirse en interrupciones de doce, treinta horas y hasta días enteros en el transcurso del actual año 2018.

Entre 2014 y 2016, Aula Abierta junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y Acción Zuliana por la Vida (AZUL POSITIVO), preparó un informe para el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela, en el Periodo de Sesiones N° 26 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se abordaron temas como las restricciones al acceso de productos de primera necesidad, bienes o servicios de calidad; salud, libertad, seguridad e integridad personales y al debido proceso en el estado Zulia.

Aula Abierta condena la ineficiencia de las autoridades gubernamentales en la resolución de estos problemas que se traducen en una violación a los derechos humanos, pues estas interrupciones prolongadas del servicio eléctrico atentan contra el bienestar y la prosperidad de los venezolanos, además del derecho que tienen de acceder a bienes y servicios de calidad de forma oportuna. Por lo tanto, se exige al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar dichos servicios.