COMUNICADO. CENTROS UNIVERSITARIOS DE DERECHOS HUMANOS RECHAZAN ‘ADVERTENCIAS’ DE CENSURA DE CONATEL HACIA EMISORA RADIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ULA 107.7 FM

Organizaciones y centros de derechos humanos universitarios expresan su profunda preocupación ante el hostigamiento, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a la emisora radial 107.7 ULA FM de la Universidad de Los Andes, un espacio educativo y cultural abierto y accesible a todos.

El 5 de junio de 2018 la emisora 107.7 ULA FM recibió una comunicación de CONATEL ordenándole “abstenerse de difundir mensajes cuyos contenidos inciten o promuevan zozobra en la ciudadanía, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Se insta a tomar las medidas necesarias e inmediatas para ofrecer información oportuna y veraz a la colectividad”. Todo ello en referencia a la intervención ¾en el programa “La ciudad en La Radio”¾ de la Secretaria de Asuntos Académicos de la seccional de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes en los siguientes términos:

Les habla la profesora Ilka Paola Domínguez, secretaria de Asuntos Académicos de la seccional APULA Forestal, el alto costo de la vida y las pobres condiciones de trabajo, falta de insumos para investigación y docencia y los salarios pírricos impulsa a los profesores universitarios de Venezuela a dedicarse a otros oficios o emigrar ante las pésimas condiciones. Hay renuncias masivas del personal docente altamente calificado, formado y capacitado. “Me quiero ir”, es la frase de moda en los pasillos universitarios, con todo el dolor la diáspora no debe ser el atajo para resolver nuestros problemas de sobrevivencia y del país en general, hay que resistir.

Como se puede observar la profesora Domínguez no dice nada que no sea cierto, así lo respaldan las investigaciones de organizaciones no gubernamentales y centro de derechos humanos universitarios que han documentado detalladamente la crisis por la que atraviesan las universidades venezolanas.

No es la primera vez que CONATEL ejerce presión, amenaza e incluso silencia medios de comunicación de la ULA. Es preciso recordar que hace un año, el día 15 de junio de 2017, la CONATEL ordenó la apertura de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra la planta televisiva universitaria ULA TV que concluyó en el cierre ilegítimo de la emisora y la confiscación de sus equipos.

En este sentido, vale destacar que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos han sido empleadas reiterativamente para criminalizar el legítimo ejercicio de la libertad de expresión de los universitarios limitando el acceso a la información veraz y oportuna, tal como lo consagra la Constitución Nacional. La decisión de CONATEL en contra de ULA TV el año pasado y las ‘advertencias’ y amedrentamiento a la emisora radial 107.7 ULA FM, constituyen limitaciones ilegales del derecho a la libertad de expresión, en gran medida debido a la discrecionalidad de la que hace uso el Estado para la administración del espectro radioeléctrico, lo cual le permite implementar procedimientos administrativos aparentemente lícitos pero que lesionan derechos esenciales a la dignidad y humana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985 que: “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública.” Del contenido de esta normativa de rango constitucional y supraconstitucional se desprende la relevancia de la prohibición de la censura previa, y por el contrario, el Pacto de San José señala que el ejercicio de estos derechos no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores.

Exigimos a las autoridades venezolanas: velar por el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, garantizados por la Constitución nacional y los tratados internacionales suscritos por la República, así como también el cese inmediato de amenazas contra los medios de comunicación ulandinos que se han dedicado de manera responsable a informar y educar de manera responsable.  Manifestamos nuestro apoyo a la emisora 107.7 ULA FM, en su defensa de los valores y principios de una sociedad verdaderamente justa y democrática. Recordamos al gobierno que las normas injustas son nulas, no imponen un deber de obediencia, y acarrean responsabilidades.

Suscriben,

Aula Abierta

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

Comisión para los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes