CIDH PIDE RESPETO A LA LIBERTAD ACADÉMICA Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Aula Abierta – Ricardo Villalobos.- El día 12 de febrero de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su  informe, tercero en 15 años,  sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, titulado  “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”. Con él, una radiografía general que refleja la grave crisis  institucional que atraviesa la nación  y la sistemática violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano, donde destacan: 1) Institucionalidad democrática 2) Protesta social y libertad de expresión 3) Violencia y seguridad ciudadana 4) Pobreza y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Dentro de esta radiografía, se encuentran preocupaciones de la CIDH en relación al respeto de derechos humanos vinculados al ámbito universitario, como por ejemplo la libertad académica.  Esto, constituye un hito y un paso más para la conquista de estos derechos en favor de la humanidad, el cual ha sido propulsado por el movimiento de derechos humanos venezolano, especialmente por Aula Abierta  y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, cátedras y centros de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria.

En el referido informe, la CIDH expresa su preocupación  y reconocimiento a la necesidad de respetar la libertad académica y la autonomía universitaria, afirmando: “La Comisión expresa su preocupación por las denuncias relativas a las injerencias en la autonomía universitaria. Si bien la misma no es mencionada de manera expresa en la Declaración Americana, la CIDH recuerda que la autonomía universitaria es un requisito imprescindible para la libertad académica, la cual es a su vez necesaria para disfrutar plenamente del derecho a la educación, reconocido en el artículo XII de la Declaración Americana (…)” (Véase pág. 245, párrafo no. 458) .

Las principales preocupaciones señaladas por la CIDH en torno al respeto de la libertad académica y la autonomía universitaria fueron: 1) Existencia de  normas, decretos y sentencias que afectan la autonomía universitaria 2) Existencia de  “universidades paralelas”, creadas y subordinadas al Poder Ejecutivo, donde se han registrado casos de estudiantes expulsados por el simple hecho de ver un canal de televisión diferente al del Estado y 3) la existencia de prácticas de discriminación en la esfera de la educación superior, destacando el caso de los 896 estudiantes fueron desincorporados temporalmente de las becas del programa Jesús Enrique Lossada, provistas por el Estado de Zulia, como represalia a su participación en el proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio del Presidente Maduro.  Aula Abierta y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria venezolana, como por ejemplo el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA), el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia;  denunciaron estas situaciones en  el 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en la República del Uruguay durante el año 2017.

De igual forma, la CIDH reseña patrones de actuación por parte del Estado venezolano que evidencian la criminalización de la protesta contra los universitarios. Entre estos patrones, se indican especialmente: a) la detención arbitraria de al menos 339 estudiantes durante el periodo de las manifestaciones de 2017 b) la detención arbitraria de 17 profesores universitarios, ya sea por sus opiniones críticas al Gobierno o por su participación en las protestas, destacando la  presentación de 8 de ellos ante la jurisdicción militar  y c) el uso desproporcional de la fuerza por parte de los órganos del Estado, donde se registraron, al menos, 92 manifestaciones reprimidas convocadas por la comunidad universitaria. De igual forma, reseña la práctica de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra universitarios (Véase citas nos. 548, 550,552, 555, 556, 563 y 565 del informe de la CIDH), las cuales fueron denunciadas por Aula Abierta y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia en su “Informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en el estado Zulia en el marco de la protesta: Julio-Agosto 2017”.

Dentro de estos casos, la Comisión destaca el del Profesor Santiago Guevara, indicando: “Según la información recibida, la detención y enjuiciamiento del profesor Santiago Guevara se enmarcaría en un contexto de amenazas, ataques intimidatorios o de descrédito, o de actos de criminalización o agresión, a profesores por sus actividades o labor académica o por su condición de miembro de la comunidad académica y a causa de sus opiniones profesionales sobre la situación crítica de servicios como salud, energía eléctrica o infraestructura” (Véase pág. 310).  En este sentido, debe recordarse que el profesor Guevara fue presentado arbitrariamente ante la justicia militar y detenido por más de 10 meses, por publicar artículos de opinión sobre la actualidad de Venezuela  desde una perspectiva de sus conocimientos académicos sobre la economía, constituyéndose su caso en una evidente violación a la libertad académica.

Por estas razones, la Comisión dentro de sus recomendaciones exhorta al Estado abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de las universidades y aceptar la realización de una visita in loco a Venezuela, a fin de monitorear la situación general de los derechos humanos en el país (Véase pág. 257, recomendación general no.4  y  pág. 265, recomendaciones sobre derecho a la educación).

Ante lo dicho, resulta inexorable hacer mención a la importancia de contar con una sociedad civil debidamente articulada, pues gran parte de las denuncias reseñadas por la corte emanaron fundamentalmente de informes especializados sobre la materia y la participación de la coalición de organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria en el 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde por primera vez en la historia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se discutieron aspectos relacionados con la libertad académica, la autonomía universitaria y demás derechos humanos vinculados al ámbito universitario.