Poder judicial atenta de nuevo contra la autonomía universitaria.
El pasado 02 de octubre del presente año el Tribunal Superior 10° de lo Contencioso-Administrativo de la Región Capital ordenó al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela suspender los concursos de credenciales académicas y abstenerse de realizar nuevos llamados.
Al respecto, el profesor Tulio Olmos vicepresidente de la Asociación de profesores de la UCV, señala que la sentencia anula algunos artículos del Reglamento del personal Docente e Investigación de la UCV y trae como consecuencia la inexistencia de penalizaciones para aquellos que se presenten a un concurso en una universidad nacional y salgan reprobados. Esta decisión produce que docentes ingresen a la UCV sin presentar pruebas de conocimiento ni credenciales de trayectoria profesional.
La decana de esta facultad, la Profesora Lourdes Wills Rivera, ha dado a conocer que en el ordinal 5 de la sentencia también “se ordena a la UCV que mientras no haya elecciones universitarias en las que se designen a las autoridades legítimas, se abstenga de hacer llamados a concursos de oposición”. En este sentido, es importante destacar que las autoridades de la UCV tienen su periodo vencido desde el año 2012, como consecuencia de un pronunciamiento de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de agosto de 2011, en el cual ordena a la Comisión Electoral de la mencionada casa de estudios suspender cualquier proceso electoral.
Con la paralización de los concursos de oposición, la universidad atraviesa una situación de vulnerabilidad y se abre un precedente que desmejora la calidad académica, si se considera que a través de recursos ante los tribunales algunos aspirantes pretenden exigir su ingreso a la universidad sin cumplir la condición de someterse a concursos de oposición donde demuestren poseer las credenciales necesarias para impartir clases en la universidad, produciendo un impacto nocivo en el disfrute efectivo del derecho a la calidad educativa. Hasta el momento autoridades universitarias esperan la publicación del fallo in extenso para apelar la decisión ante la Corte Contencioso Administrativa.
Desde Aula Abierta Venezuela se condena la existencia de unas 60 decisiones emanadas del Poder Judicial que intervienen en asuntos académicos y electorales de las universidades. En este sentido, se exhorta al Estado venezolano a garantizar el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria y la libertad académica, absteniéndose de realizar actuaciones de corte intervencionista.
